España fía la crisis a Europa y recurrirá al fondo de rescate para el desempleo

La vicepresidenta económica sorteó ayer las preguntas referidas a si España acudirá al fondo de rescate europeo, el MEDE, aunque mostró el interés del Gobierno en acudir al SURE, el fondo de desempleo que ha construido la Comisión Europea a base de créditos a los países y que supone una suerte de asistencia a nuestro país sin condicionalidad, en principio, si bien aún deben negociarse los detalles del mismo.

«Estamos impulsando que para el 1 de junio esté aprobado este fondo dotado con 100.000 millones », señaló Calviño, quien apostilló que no excluye «ninguna oportunidad de financiación que pueda resultar más interesante para nuestro país». «Por eso he mencionado el interés en el SURE», abundó señalando que condiciones como «el plazo o la carencia», aún deben detallarse. «No se ha aprobado y no sabemos en qué medida sería interesante acudir a este tipo de mecanismos. Por eso estamos impulsando que se aprueben cuanto antes», explicó la vicepresidenta.

Porque la cabeza de león de las medidas de gasto aprobadas por el Gobierno apunta al coste de los ERTE, que cubriría parcialmente este fondo: lo aprobado hasta ahora suponen 17.984 millones de euros en este capítulo. Todo ello en un contexto en el que las emisiones de deuda se multiplicarán y el pasivo público superará el 115,5% del PIB, veinte puntos más que en 2019, con el déficit en el 10,3%.

El Gobierno, además, prevé que la tasa de paro se dispare este año hasta el 19%, una subida de casi cinco puntos porcentuales de media, pero que en el segundo trimestre será muy superior y rebasará el 20%. Estos datos se miden en términos de la EPA , por lo que excluyen a los afectados por ERTE. Con este incremento, la tasa de paro volvería a niveles del año 2016.

En 2021 empezará a reducirse esa tasa de paro, pero lo hará a un ritmo muy lento, de modo que la media anual será del 17,2%. Es decir, que con crecimientos tan intensos como el que se proyecta para 2021, el desempleo se reduciría en menos de dos puntos, lo que hace muy difícil recuperar el nivel de paro de 2019 antes de 2023. Todo ello implicando que la reducción del empleo en horas trabajadas será similar al PIB ( el Gobierno proyecta una caída del 9,7% este año ), pero no así los puestos de trabajo, que caerán con menos fuerza. Ello se debe al uso masivo de ERTE, lo que provocará, según el propio Ejecutivo, que la mayor parte de empleos que se destruyan sean temporales.

Pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue ayer optimista: « España se va a recuperar de este golpe », dio ayer en la presentación del Plan de Estabilidad, en el que puntualizó que «esta vez no se va a quedar nadie atrás». Nadie se quedará atrás porque el 31% de la población activa pasará en esta crisis sanitaria a recibir algún tipo de prestación, todo un roto para el Erario Público, según las previsiones del Plan enviado a Bruselas. Hoy son más de cuatro millones los afectados por regulaciones temporales de empleo y la mayoría no han cobrado, bien por el colapso de la Administración, bien porque no hay liquidez suficiente para pagar unas ayudas lineales de 1.098 euros sin contar los hijos, en cuyo caso ascenderán a más de 1.400 euros. La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió a que todos los trabajadores cobrarán el lunes, pero Montero ayer no concretó:. «Estamos trabajando a la mayor velocidad».

Además de los cuatro millones de afectados por ERTE , el Plan suma 1.400.000 de autónomos que cobrarán la prestación por cese de actividad, 462.000 trabajadores que finalizan su contrato temporal, a los que el Ejecutivo concede un subsidio, el reconocimiento de la incapacidad temporal para los periodos de aislamiento o contagio por coronavirus, que afectará a otras 400.000 personas y 900.000 más que pasarán al paro percibirán prestación. En total, 7.162.000 personas, el 31% de la población activa en España. Si a ellos se suman los casi diez millones de pensionistas, los más de tres millones de empleados públicos y los cinco millones que espera el Ejecutivo que se beneficien de la nueva renta mínima, de la que no hay ni rastro en el documento enviado a Bruselas, más los beneficiarios de renta agraria, el peso del empleo que soporta el Estado está creciendo a ritmo exponencial.