España busca dar primero y más fuerte para recaudar más con la tasa Google

Todo ello, claro está, si el Gobierno consigue que el Congreso de los Diputados apruebe el proyecto de ley que ahora está en un segundo plano ante la tramitación de los Presupuestos . El borrador que ha mandado el Gobierno a las Cortes fija un tipo del 3% sobre los servicios digitales de publicidad online, los de intermediación que permitan localizar a otros usuarios e interactuar con ellos y los de transmisión de los datos recopilados de usuarios. Para no vulnerar los convenios de doble imposición, se tratará de un impuesto indirecto, como el IVA, que grave las operaciones pero paguen las empresas.

La idea de la tasa Google proviene de la Comisión Europea , que pretendía aprobar antes de que acabe el mandato de Jean-Claude Juncker un impuesto comunitario, pero ante su fracaso ha derivado en proyectos nacionales como el de España, pero también en Francia o Austria. Eso sí, con una diferencia: el impuesto español será el más duro de todos, con lo que Hacienda pretende engordar la recaudación hasta los 1.200 millones , pero ello multiplicará la repercusión que puede tener sobre las empresas.

La Comisión Europea, en su proyecto inicial de tasa Google, también gravaba los tres epígrafes que recoge el proyecto de Hacienda para ingresar 4.800 millones de euros en toda la UE. De esta cantidad, España representa en torno al 10% de la población de la UE sin Reino Unido, por lo que ingresaría algo menos de 500 millones de euros .

Aún así, Hacienda calcula en la memoria de la tasa Google que corresponderían 600 millones por el peso de España en el PIB europeo ( un 7,5% ). La recaudación escalaría hasta los 728 millones por la mayor cantidad de operaciones digitales en España frente a la UE según los cálculos de la Agencia Tributaria. Unos 240 millones más, hasta los 968, se explicarían porque, en el caso del impuesto europeo, el umbral de facturación nacional a partir del que se pasa a pagar el impuesto son 5 millones, que Hacienda ha bajado a tres, lo que provoca que sea más estricto que el proyecto continental. El aumento proyectado de la publicidad online y el tráfico de datos resuelve el resto de la ecuación: el Ministerio estima que los ingresos crecerán entre los 1.065 y 1.258 millones .

En definitiva, el tributo español es más duro que el europeo, que parece que se dilatará hasta 2021 y se ha ido descafeinando ante la oposición de Irlanda -que concentra buena parte de las sedes europeas de las tecnológicas- o el cada vez más tibio apoyo de Alemania, que en su momento junto a Francia, Reino Unido, Italia y España encabezó los esfuerzos para imponer una tasa común o, al menos, varias nacionales. Los últimos Ecofin han reducido el impacto de la tasa Google europea al hacer tributar solo la publicidad online.

Ante el estancamiento del proyecto de impuesto europeo -que paradójicamente nació ante la lentitud de la OCDE para gravar los establecimientos digitales globales con la oposición de EE.UU. -, España no es el único país que ha decidido actuar por su cuenta. Con la presión de los «chalecos amarillos», el Gobierno galo anunció que quiere aprobar un impuesto a la publicidad online al 3% para ingresar 500 millones de euros. Austria también ha desvelado que va a aprobar un tributo similar a las tecnológicas extranjeras para ingresar 200 millones. Reino Unido aprobará en 2020 un impuesto sobre las empresas intermediarias de las ventas online y redes sociales con un tipo del 2% pero para las multinacionales que facturen 570 millones de euros en todo el mundo -con 28 millones exentos-. El objetivo es ingresar 1.700 millones en cuatro años.

Ningún impuesto de los planteados, eso sí, tiene la ambición recaudatoria del español. Tampoco entre los tributos existentes hay precedentes. Francia ya tiene una «Tasa Youtube» que grava diez segundos de publicidad antes del vídeo; Hungría solo grava la publicidad online en el idioma magiar. De momento, ningún organismo coincide con las estimaciones de ingresos del Gobierno. La Autoridad Fiscal cree que solo se ingresarán 189 millones de euros, seis veces menos que lo que proyecta el Gobierno, por su tardía entrada en vigor, mientras que Banco de España y BBVA Research, sin dar cifras, también han dudado en público de que se vayan a cumplir estas estimaciones. Más vehemente fue el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen , que hace unos días en Madrid señaló que Bruselas «no sabe muy bien» cómo va a recaudar España los 1.200 millones anuales previstos. El director fiscal de Telefónica, Jerónimo Payan, llegó a tildar estas previsiones de ingresos de «ciencia ficción».

A las dudas sobre su eficacia recaudatoria se suman incógnitas del lado jurídico y fiscal. El servicio legal del Consejo de la UE pone en duda que un impuesto de estas características sea «indirecto». «No parece que las propuestas estén suficientemente perfiladas para ser objeto de implementación a nivel nacional o internacional a corto plazo, dada su enorme complejidad técnica y dificultades de aplicación práctica con costes de cumplimiento y supervisión aceptables», responde a las preguntas de ABC el ex secretario de Estado de Hacienda con el Gobierno de Rajoy hasta 2016 y senior advisor de EY, Miguel Ferre, quien cree preferible aplicarlo de forma comunitaria para evitar efectos negativos para España.

Por ejemplo, las patronales digitales y Payan creen que la tasa Google aqueja casos de «doble tributación» a empresas nacionales que por su facturación ya pagan Impuesto de Sociedades por los beneficios por lo que reclama reducciones fiscales, más allá de que el tributo sea deducible (que lo es). Para Amazon, el impuesto coloca «al país en una situación de desventaja competitiva», describió en sus aportaciones en el proceso de trámite de consulta previa. La firma alerta de la «disminución de la inversión en España, puesto que sería recibido como un lugar complicado y caro para los negocios. Una menor inversión en España se traduciría en una pérdida de puestos de trabajo y en un menor crecimiento económico», continúa.

Además, la firma señala que se repercutirá el tributo en el cliente y que la medida «no garantiza unas condiciones de competencia equitativas para las empresas españolas con respecto a la de otros países. El impuesto equivaldría a una subvención a la importación, penalizando las operaciones españolas». «Constituiría efectivamente un arancel a la exportación para las empresas españolas (...), ya que la empresa española tendría que soportar este impuesto, mientras que sus competidores extranjeros no lo tendrían que pagar», sentencia.