España acumula un déficit de casi 800.000 millones desde 2008

Tras la larga recesión, la recuperación que arrancó en 2014 le ha reportado grandes ingresos añadidos al sector público. El relanzamiento económico genera más rentas y más recaudación por impuestos y cotizaciones. Sin embargo, la mayor parte de esos ingresos extra no se están aprovechando para reducir el déficit -o para aliviar la presión fiscal-, sino para expandir el gasto público. Y no son pocos los expertos que, como el economista Juan Velarde, alertan de los serios riesgos que esto supone a medio y largo plazo. Más aún, Velarde advierte que hay un riesgo cierto de que llegue otra crisis y pille al sector público, de nuevo, con una estructura de gasto insostenible -y, encima, con una deuda mucho mayor de la que tenía cuando sobrevino la recesión en 2008-. Durante la crisis se disparó el déficit y, por ello, engordó el endeudamiento. El problema es que en estos últimos años de bonanza la deuda sigue aumentando. A menor ritmo, pero aumentando.

Y es que, en lo que a combatir el déficit se refiere, este último quinquenio de crecimiento económico ha sido, en gran parte, una ocasión perdida. Es cierto que los números rojos se han reducido, pero ni se han eliminado ni se han aminorado todo lo que deberían haberse reducido a tenor de cómo han aumentado los recursos de la Administración. Desde 2014, los ingresos públicos anuales han aumentado en 65.000 millones de euros, pero la cifra anual de déficit solo se ha reducido en 30.100 millones, porque el resto del dinero se ha ido en aumentar el gasto estructural. Y -advierte Velarde- eso tendrá unas serias consecuencias si la situación no se corrige antes de que llegue una nueva crisis.

«Uno de los problemas fundamentales que España sigue arrastrando en estos momentos es reducir el gasto público», subraya este experto. Y, para hacerlo, urge a que se instauren mecanismos de control más exhaustivos, que no solo fiscalicen cuánto gastan las administraciones públicas sino en qué y con qué resultados. A su juicio, es una tarea que debería asumir el Tribunal de Cuentas, como máximo órgano de fiscalización externa de las administraciones.

«El gasto público sigue aumentando de una manera tremenda y ya se está viendo que el ciclo económico está cambiando», por lo que se hace todavía más urgente un control mucho más eficaz. «El Tribunal de Cuentas no solo debería limitarse a fiscalizar el gasto en términos de cumplimiento de la legalidad presupuestaria sino abordar esa fiscalización desde el marco macroeconómico general, es decir, analizar los gastos de las administraciones en términos de eficacia, de necesidad y de rendimientos obtenidos, y dar cuenta de ello al poder legislativo» para perseguir las anomalías y corregir las disfunciones, explica Juan Velarde. Y, además de gastar menos y mejor, este experto reclama también una revisión en profundidad del actual sistema de pensiones, para hacerlo sostenible y que no sea -como ya está siendo- un foco de déficit creciente.

«El déficit y la acumulación de deuda pública es uno de los peores problemas que tenemos en este momento en la economía española», afirma Juan Velarde. Un problema que, al final, acaba mordiendo los bolsillos de ciudadanos y empresas, porque el déficit se traduce en deuda creciente, eso genera una tensión alcista en los tipos de interés, el encarecimiento del dinero frena el consumo y la inversión , y además el sector público cada vez tiene que detraer más recursos de la economía productiva para pagar los intereses de su creciente endeudamiento.

Que el abultado déficit público que acumula España se traduce en una deuda cada vez más indigesta es algo que demuestran las cifras: en 2007, justo antes de que estallara la crisis, las administraciones públicas tenían una deuda financiera de 385.000 millones de euros. Al acabar 2018, tras haber acumulado en once años casi 800.000 millones de euros de déficit, la deuda pública española ya roza los 1,2 billones de euros, un 205% más. Así que si ahora llegara de nuevo una crisis, las finanzas públicas de España se encontrarían mucho más expuestas que en 2008, y una escalada de la prima de riesgo tendría un efecto multiplicado.

El nivel de gasto estructural en el que siguen instaladas las administraciones públicas sobrepasa las posibilidades que ofrece la economía española incluso en años de bonanza como los que se han vivido desde 2014.

Ajustar esa estructura de ingresos y gastos en las cuentas públicas sigue siendo una asignatura pendiente, y las cifras demuestran que los ajustes de la crisis tuvieron un resultado insuficiente. Baste un dato: en el año 2005, el sector público español logró un superávit de 11.256 millones de euros tras haber administrado unos ingresos de apenas 368.000 millones. Sin embargo, en 2018, disfrutando de 101.000 millones más que entonces, el sector público se anotó unos números rojos de 31.805 millones de euros. Esas cuentas evidencian que algo falla, y de calado, en el cuadro estructural de ingresos y gastos públicos en España.

Al analizar los datos en detalle se observan dos circunstancias clave: ahora España necesita casi 15.000 millones de euros más que entonces para pagar los intereses de su deuda pública; y la Seguridad Social se ha convertido en una fuente de déficit, algo que no ocurría en aquellos momentos.

El año pasado el grueso del déficit público español lo generaron la Administración central y la Seguridad Social. Las entidades locales, sin embargo, cerraron un año más con superávit (2.810 millones), pero de poco sirvió ante los números rojos del resto del sector público español. Así, la Administración central se anotó un déficit de 18.199 millones; el de la Seguridad Social ascendió a 17.088 millones, y las autonomías acumularon unos números rojos de 2.810 millones de euros.