Escrivá activa el superfondo de pensiones con fuertes críticas del sector asegurador

Escrivá deberá ahora enfrentarse en solitario al Parlamento con el proyecto comprometido con Bruselas , con el que busca «facilitar» la creación de planes colectivos en la negociación colectiva y habilitar la creación de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. El activo que se pone encima de la mesa son las «bajas comisiones» para facilitar el ahorro para la jubilación de trabajadores con rentas medias y bajas de pymes y para trabajadores autónomos, jóvenes y empleados públicos.

Lo que ahora se busca es potenciar los planes de empresa y permitir aportar hasta 10.500 euros, mientras se castiga al ahorro privado y a su fiscalidad, que el Gobierno considera «regresiva». Ya llueve sobre mojado. En 2021 se incluyó el primer gran hachazo al ahorro privado, cuando se redujo de 8.000 a 2.000 euros la deducción fiscal por aportaciones a planes individuales . Y en las cuentas de 2022 se ha recortado esa cuantía hasta los 1.500 euros, con el argumento de que estos fondos de pensiones tienen unas comisiones muy altas y que las deducciones solo benefician a las clases altas.

Este año ese límite de aportación y deducción de 1.500 euros podrá incrementarse en hasta otros 8.500 euros adicionales , siempre que tal aumento provenga de contribuciones empresariales o de aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social que sea de importe igual o inferior a la respectiva contribución del empleador. A estos efectos, las cantidades aportadas por la empresa que deriven de una decisión del trabajador tendrán la consideración de contribución del empleado. Los autónomos tendrán derecho a una deducción de 5.750 euros al año, el triple de la vigente actualmente.

El anteproyecto ha recibido este martes luz verde eleva a 115 euros mensuales la cantidad de aportaciones de las empresas a los fondos de pensiones colectivos que se podrán sacar de la base de cotización del trabajador. Esto supondrá poder excluir de dichas bases de cotización hasta 1.380 euros anuales, lo que según los cálculos del ministerio de Seguridad Social supondrá un ahorro de casi 400 euros por trabajador al año. También incluye incentivos para que el trabajador pueda aportar más dinero que su empresa con unos límites que se establecen en función de la contribución empresarial.

Así, si la empresa aporta hasta 500 euros al año, el empleado podrá contribuir con hasta 1.250, con lo que la aportación máxima será del 3.250 en su conjunto; si la aportación empresarial está entre 501 y 1.00 euros, el trabajador podrá aportar hasta 2.000 al año (4.500 euros de aportación máxima); si el empresario pone de 1.001 a 1.500 euros, el empleado podrá elevar su contribución hasta los 2.250 euros anuales (5.250 euros al año); y si la empresa mete en uno de estos planes más de 1.501 euros al año, el trabajador podrá igualar esta cantidad hasta 10.000 euros anuales como máximo. En todos los casos de aportaciones máximas, los trabajadores pueden deducirse 1.500 euros de su plan individual o colectivo, tal y como se recoge en la Ley de Presupuestos.

El sector asegurador dijo que « es una ocasión perdida para la revisión estructural del sistema de pensiones », lamenta que los incentivos que recoge el plan «distan de ser relevantes». Explica que los importes que resultan de la fórmula propuesta en el superfondo son deducciones de la base de cotización , «por lo que su efecto en los costes salariales es mucho menor», por lo que estima que «estas deducciones resultarán insuficientes para generalizar el ahorro en el ámbito de las relaciones laborales».

Añade también que estos incentivos para las empresas «son significativamente inferiores a los que existieron en el pasado» y que «si con aquellos incentivos la previsión social empresarial no se desarrolló más allá de algunas grandes empresas, lo previsible ahora es que la situación siga sin cambiar.