Escrivá abre la vía para un ajuste de 30.000 millones en pensiones

La parte amable de la reforma incluye la eliminación de los aspectos más polémicos de 2013, como el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en casos de déficit, o el factor de sostenibilidad. Este último deberá ser reemplazado por un mecanismo de equidad intergeneracional que Gobierno y agentes sociales deberán tener listo antes del 15 de noviembre. Entrará en vigor en 2027 y busca atajar la explosión del gasto por la llegada de los ‘baby boomers’.

Esta es precisamente la parte más compleja, y que se abordará en la siguiente etapa de las negociaciones. De partida, esta medida costará 2.400 millones de euros anuales, según cálculos de Fedea, cantidad que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, espera neutralizar con los ingresos que logre en la segunda parte de la reforma y que incluyen la subida de impuestos a los sueldos de más de 49.000 euros, la ampliación de los años que se toman en cuenta para calcular las pensiones, actualmente en 25 años, o los ahorros que consiga con la jubilación demorada.

Además, la garantía a los jubilados de la revalorización de sus nóminas con el IPC impone importantes recortes en las jubilaciones anticipadas voluntarias, que llegarán hasta el 21% si se adelanta el paso al sistema dos años antes de la edad legal de retiro.

Otras de las palancas utilizadas por Escrivá para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, que en 2020 cerraron con un agujero de más de 20.000 millones, son los ajustes contables que permitirán que en tres años el sistema está equilibrado, según los planes de Escrivá. Los ‘gastos impropios’ de la Seguridad Social se trasladan con la reforma a los impuestos a razón de unos 21.000 millones al año, el equivalente al 2% del PIB. A finales de este año se habrán inyectado ya casi 14.000 millones, tal y como estaban recogidos en los Presupuestos, y cada año el dato irá aumentando hasta la cifra acordada con Hacienda.

Estas son las medidas con las que se busca hacer sostenible el sistema:

Poder adquisitivo garantizado

Se garantiza la revalorización con el IPC del año anterior para los jubilados. El Gobierno no exigirá ajuste en su paga cuando los precios bajen. Se deroga así el índice de revalorización de la reforma de 2013 que obligaba a revalorizar las nóminas un 0,25% si las cuentas no estaban equilibradas.

Penalizaciones por anticipar el retiro

Retirarse antes de tiempo tendrá un coste para el trabajador. El diseño de los coeficientes reductores se endurece para los que jubilen 24 ó 23 meses antes del límite legal y alcanzará el 21% (la rebaja de la pensión es ahora del 16%) y a partir de ahí el castigo desciende en algunos casos. Por ejemplo, quien deje el mercado laboral 22 meses antes de su edad legal de jubilación verá que su pensión mengua en un 14,67% y no en el 16%. El esquema se repite entre quienes han cotizado durante más tiempo, aunque con menores penalizaciones. Así, a quienes han cotizado entre 38,6 años y 41,6 años se les aplicaría un coeficiente reductor del 19% en el mes 24 y del 16,5% en el 23, frente al 15% actual en el trimestre correspondiente. El cambio en las penalizaciones, pasando de un cálculo mensual a uno trimestral, también se aplicará al de la jubilación anticipada forzosa. En esta, el trabajador puede retirarse hasta cuatro años antes de la edad legal y debe haber sido despedido en un ERE, de forma objetiva o por la quiebra de la empresa. Se fija un sistema para estos casos que reducirá la pensión entre un 30% para el caso de un adelanto de cuatro años con menos de 38 años y seis meses cotizados, y un 0,5%, para aquellos que lo anticipen un mes con 44 y seis meses o más cotizados.

Premios de hasta 12.000 euros

Habrá nuevos incentivos monetarios para quien siga trabajando más allá de la edad legal de jubilación. Recibirán una prima que se abonará de una sola vez de hasta casi 11.000 euros (en el caso de 37.567 euros de pensión) por cada año de retraso. En el caso de que el trabajador haya cotizado al menos 44,5 años o más, este incentivo alcanzaría los 12.060 euros por cada año de aplazamiento. Así, por ejemplo, en una pensión de 9.569 euros (683 euros al mes) este pago único sería de 4.786 euros y de 5.264 con más de 44,5 años cotizados. Mientras que en una pensión media de 20.000 euros al año, esta prima única sería de 7.482 y 8.230 euros, respectivamente en función de los años cotizados. La norma dará opción al trabajador de elegir esta fórmula o también optar por un aumento del 4% de la base reguladora de su pensión por cada uno de estos años que retrase su retiro (en la actualidad este incentivo está entre el 2% y el 4%). Podrán mezclar las dos posibilidades.

Cotizar con 65 años

Ni las empresas ni los trabajadores con más de 65 años que siguen trabajando pagan cotización por contingencias comunes, salvo incapacidad temporal. A partir de ahora los periodos no cotizados se computarán como cotizados para la futura pensión.

Despedidos de la crisis financiera

Los despedidos antes del 1 de abril de 2013 que no hayan encontrado empleo seguirán accediendo a la jubilación a los 61 años, es decir con las condiciones fijadas antes de la reforma de 2011, que elevó a 67 años la edad de retiro. Se da una solución definitiva a estos damnificados por la crisis financiera.

Derogación del factor de sostenibilidad

El factor diseñado en 2013, que ajustaba las jubilaciones a la esperanza de vida, será derogado este año y sustituido antes de diciembre por un mecanismo de equidad intergeneracional que operará desde 2027. Debe estar definido cuando entre en vigor la ley y se introducirá vía enmiendas en el tramite de la ley en el Congreso.

Retiro forzoso y contratos a mujeres

Se prohíben cláusulas en los convenios para menores de 68 años. Solo será legal en sectores en los que las mujeres representen menos del 15% de los ocupados y siempre que la baja laboral lleve aparejada la contratación indefinida y a tiempo completo de al menos una mujer. La persona jubilada debe tener derecho al 100% de la pensión ordinaria de jubilación.

Autónomos y cotización por ingresos reales

Los autónomos cotizarán por ingresos reales desde enero. El diálogo social negociará una escala de tramos a los que se acogerán en función de sus ingresos y que podrán modificar hasta seis veces.

Becarios y viudedad

En seis meses se regulará el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho para lograr equiparar las condiciones de este colectivo a la que disfrutan los matrimonios. En la mitad de tiempo, tres meses, se deberá desarrollar también un reglamento que garantice que la actividad de los becarios, incluso si no es remunerada, esté incluida en la Seguridad Social. Se establece, eso sí, un descuento del 75% en la cotización de estas prácticas.