Escrivá abre otro frente por el cese de actividad de los autónomos

El 18 de marzo entró en vigor la prestación aprobada por el Gobierno, en la que se decía que es una medida extraordinaria y con vigencia de un mes, a partir del 14 de marzo, o hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma. Más tarde, ya a principios de abril, se modifican los criterios y se elimina la referencia de la fecha del día 14, sin sustituirse por ninguna otra . En este sentido, tal como se señala en un informe jurídico elaborado por ATA, se entiende que el derecho continúa surgiendo a partir de dicha fecha.

A finales del mes de abril, a petición de los autónomos, el Ministerio de Seguridad Social, con José Luis Escrivá al frente, estableció un criterio interpretativo según el cual debía acreditarse la caída de facturación de todo el mes completo de marzo. Y es aquí donde entran las mutuas. Están solicitando a quienes pidieron la prestación que prueben ya esa pérdida de ingresos. Así, según ha podido saber ABC, se están dando tres opciones a los autónomos, con criterio rígido: 1. Que acrediten con documentos (la contabilidad por ejemplo) la circunstancia; 2. Que renuncien a la prestación de marzo; 3. Que renuncien a toda la prestación.

Esto plantea, tal como confirman fuentes de ATA, una gran inseguridad jurídica entre los autónomos, teniendo en cuenta que las ayudas ya estaban concedidas e incluso abonadas. El pago en el caso de los ceses de actividad se están realizando en tiempo y forma, según ha sabido ABC, así como las devoluciones de cuotas, que están siguiendo relativamente bien los plazos marcos. En todos estos casos, así, las mutuas están reclamando la devolución de las prestaciones que no puedan acreditarse, pese a que ya estén concedidas y abonadas. Además, tal como consta en el informe jurídico de ATA, «jamás se supedita al cumplimiento por meses, ni se periodifica, solo se establecen unos criterios para acceder a la misma». E ntre los colectivos más afectados y que podrían verse en una situación de mayor indefensión se encuentran los taxistas . Estos cotizan por módulos y no tienen la posibilidad de acreditar el cese de actividad.

«Desde el 14 de marzo los autónomos se apagaron, se quedaron inactivos, salvo unas pequeñas actividades esenciales que han hecho un trabajo excepcional. Venir a reclamar esta justificación en estos momentos no procede y genera inseguridad jurídica», dice Lorenzo Amor, presidente de ATA. Y añade, teniendo en cuenta que estaba recogido para los autónomos no obligados a llevar libros de contabilidad que puedan acreditarlo por cualquier medio de prueba «admitido en Derecho»: «¿Aceptarán como medio de prueba las cuarentenas voluntarias?» . Inseguridad jurídica en el momento en que los autónomos reclaman certidumbre y apoyo. «Si no se apoya de verdad a los autónomos y empresas no habrá hibernación, habrá glaciación de la economía», aseguró ayer Amor en un encuentro virtual de la Fundación Cámara de Sevilla.

Así las cosas, desde ATA apuntan a que la asociación reclamará ante esta situación tanto como colectivo como a nivel individual ayudando a los autónomos que se vean en esta tesitura de cambio de criterios.

Sin embargo, los autónomos no son los únicos que tienen cuentas pendientes con el Gobierno. Ayer compareció en la Comisión de Trabajo del Senado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , tanto para atacar a la Prensa como para defender su gestión, en relación a los ERTE. Esta aseguró que ya solo quedarían por cobrar la prestación el 2% de los trabajadores que están inmersos en un expediente de regulación temporal de empleo.

La cifra llama la atención por sí sola. A cierre de abril había ya 3,4 millones de personas en ERTE -que por otra parte no ingresan las cifras de paro registrado, sino que se mantienen dentro de los afiliados porque se sigue cotizando por ellos-; un 2% son 68.000. La ministra sacó pecho ayer de esta cifra y acusó a los medios de mentir estas últimas semanas. Lo cierto es que hace menos de una semana el Consejo General de Gestores Administrativos venía a confirmar lo que era un secreto a voces: al menos hasta el 14 de mayo, había en España 900.000 personas que todavía no habían cobrado ni siquiera el dinero correspondiente al mes de mayo. Todo ello teniendo en cuenta también que hace menos de una semana, solo con cifras de Cataluña por ejemplo, ya son 80.000 los afectados sin cobrar , según la Consejería de Trabajo.

Además, Díaz aprovechó su comparecencia para incidir en que la reforma laboral será derogada, aunque con diálogo social. Unas declaraciones que llegan tras el caos en el Gobierno por el acuerdo con Bildu sobre la reforma y que derivó en un nuevo encontronazo entre el PSOE y Unidas Podemos. Las mil y una versiones del Gobierno de Sánchez.