Dos escenarios extremos para el Banco Popular

La posibilidad de la venta de Banco Popular sigue siendo, a día de hoy, la que suena con más fuerza tanto en el mercado como en el interior de la entidad financiera. Son muchos los analistas consultados que consideran que si fracasa el proceso actualmente abierto por la dirección del grupo, y cuyo plazo termina a final de este mismo mes, la única salida sería la resolución, lo que implicaría la pérdida total del valor de las acciones para los actuales socios.

Por ello, son crecientes también las voces que apuntan a la posibilidad de que los accionistas se vean obligados a aceptar finalmente una oferta muy a la baja –incluso sin prima– respecto de sus expectativas iniciales va cobrando fuerza.

Actualmente, BBVA, Santander y Bankia siguen siendo los tres candidatos oficiales a hacerse con la entidad.

Cabe recordar que BBVA ya ofreció a Ángel Ron el pasado mes de noviembre 1,35 euros por acción pero, a la vista de las incertidumbres sobre las cuentas del Banco Popular y la falta de garantías públicas finalmente rebajó su interés. Ahora, no obstante, fuentes financieras vuelven a colocarle en primera línea de la puja, especialmente debido al precio de saldo al que la entidad cotiza actualmente.

Bankia, por su parte, también mostró interés en hacerse con el sexto banco español, aunque José Ignacio Goirigolzarri dejó claro que su oferta nunca sería una ayuda del Estado encubierta y que sólo compraría al precio que le salieran los números.

La intervención de la entidad por parte de la Junta de Resolución Bancaria (SRB) es una opción que ha ido ganando intensidad a lo largo de la semana y, de confirmarse, sería el estreno del mecanismo de intervención europeo. Lo cierto es que en la institución conocen bien la situación del banco español, pues Antonio Carrascosa, antiguo director general del Banco de España, es ahora el director de Planificación y Decisiones de Resolución del SRB.

De este modo, la activación del mecanismo de resolución supondría el debut del «modus operandi» que aprobó Bruselas tras los rescates bancarios desatados por la crisis financiera y económica. Su objetivo es evitar que se repita lo que ocurrió entonces, es decir, que los contribuyentes tengan que hacerse cargo de la factura.

Así, se trata de un «bail in», es decir, un autorrescate de la e ntidad , en el que los accionistas y deudores asumen las pérdidas de la misma. El primer paso es valorar a cero las acciones del banco , con lo que los actuales socios perderían la totalidad de su inversión. Los siguientes en asumir pérdidas serían los tenedores de los llamados «cocos», de los que el banco tiene unos 1.250 millones.

Después se aplicarían quitas a la deuda subordinada, la preferente y la sénior, y por último a los depósitos no cubiertos por el Fondo de Garantía, aquellos de más de 100.000 euros. En el mercado dan por sentado que el impacto llegaría solo a la deuda subordinada.