Los ERTE permanentes los pagarán empresas, trabajadores y la Administración

La idea del Gobierno es que estos nuevos ERTE se pacten en el diálogo social antes de que finalice el año, dado que su intención es que la fórmula de ajuste actual venza a final de mes. En ese momento se comenzaría a aplicar el nuevo mecanismo de flexibilidad que tendría «carácter permanente» en la legislación laboral.

Es una de las medida que Trabajo pondría en marcha tras la crisis dentro de una reforma laboral que se envía a Bruselas , mucho más descafeinada de lo que pretendría el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos para formar Gobierno y muy alejada de las que está defendiendo la ministra de Trabajo en las mesas de negociación: una derogación en toda regla. En el diálogo social Díaz está proponiendo suprimir la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, recuperar la ultraactividad o limitar el poder de las empresas para bajar los sueldos. Lo enviado a Bruselas solo se refiere a la «modernización» de la negociación, modificando aspectos como la ultraactividad o prórroga automática de los convenios que caducan, la relación entre los convenios sectoriales y de empresa o los cambios de condiciones laborales. Sin más detalles.

El Ejecutivo pretende que el grueso de los cambios laborales estén en marcha este mismo año. Todas las medidas relacionadas con la negociación colectiva, el endurecimiento de las subcontrataciones , la reducción a tres tipos de contratos y la regulación de los ERTE estructurales . Para el año que viene quedaría la fusión de todos los subsidios asistenciales (subsidio, renta activa de inserción…). «Se trata de una reforma muy urgente porque queremos que el proceso de creación de empleo se haga ya dentro del nuevo marco, con el objetivo de crear un empleo de calidad, con mayores salarios y que deje atrás las patologías que arrastra desde hace décadas nuestro mercado de trabajo», ha explicado hoy la ministra de Economía, Nadia Calviño, en una rueda de prensa para explicar el Plan de Recuperación y Resiliencia remitido a Bruselas.

En la hoja de ruta está la lucha contra la temporalidad con más controles de la Inspección y también es objetivo recortar la precariedad en la Administración , disparada en los últimos años, y «establecer un mecanismo para eliminar el abuso de los contratos temporales, aislados o concatenados, sobre una misma persona trabajadora o un mismo puesto de trabajo». También, se prevé revisar las bonificaciones o ayudas a la contratación y volcarlas en los colectivos en paro para facilitar su inserción en el mercado laboral. «Esta partida supone un 25% del gasto en políticas activas de empleo y no ha logrado resolver los problemas estructurales del mercado laboral, demostrándose poco eficaces para lograr un impacto que perdure en el tiempo», dice el documento, en el que se anuncia un plan de choque para recortar el paro juvenil, hoy con una tasa superior al 40% .