Los ERTE no se pagan, el crédito fluye despacio y los subsidios a empleadas de hogar se retrasan un mes

La realidad de la situación actual es que gran parte de los casi 5 millones de trabajadores afectados por un ERTE aún no han cobrado los 1.098 euros con los que el Estado quiere apoyarles, las empleadas de hogar y los trabajadores temporales no percibirán el subsidio prometido hasta pasado más de un mes y la liquidez en forma de crédito no fluye con agilidad a pymes y autónomos pese a la elevada demanda, como tampoco los avales a microcréditos para el alquiler , que fueron anunciados el pasado 31 de marzo pero no se aprobaron hasta ayer. Todo ello agravado con el bloqueo que sufre la página web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) prácticamente a todas las horas del día.

Hasta mayo o junio no cobrarán

La Administración no está siendo capaz de digerir la avalancha de regulaciones temporales de empleo. Son y a más de 4,5 millones los afectados por ERTE. Y no todos podrán cobrar las ayudas el 10 de mayo, cuando paga la Administración. El SEPE está tramitando unas 80.000 prestaciones diarias y, teniendo en cuenta la ralentización producida en Semana Santa, el ritmo no será suficiente para dar salida a todas las prestaciones por desempleo antes de que acabe este mes de abril, cuando se cierran los pagos que los afectados cobrarán en mayo, lo que amenaza con retrasar a junio parte de los desembolsos.

El SEPE dice que en un mes dirá como se piden las ayudas

El respaldo a estos colectivos fueron ayudas anunciadas a bombo y platillo por el vicepresidente segundo del Gobierno con el objetivo de apoyar a las familias y colectivos vulnerables. El pasado 1 de abril el BOE publicaba los requisitos para solicitar estas ayudas, pero casi un mes después no han llegado al bolsillo de los afectados ; en ambos casos habrá que esperar todavía un mes. «El SEPE establecerá el procedimiento para su tramitación en el plazo de un mes», dice este organismo en su página web.

La crisis del Covid-19 está dando la puntilla al colectivo de las empleadas del hogar , casi 400.000 trabajadoras, que ya han sufrido el impacto de la subida del salario mínimo interprofesional hasta 950 euros al mes, por la imposibilidad de muchas familias de afrontar este incremento, de un 30% en dos años. Ante el retraso en el pago , muchas de ellas están optando por darse de baja.

El parón decretado para luchar contra la pandemia ha golpeado a los autónomos con fuerza. Sus negocios, en la mayoría de los casos, están cerrados a cal y canto, pero l as facturas e impuestos se multiplican . Tampoco las ayudas recibidas les sirven como colchón, porque la incorrección y las lagunas de la norma han propiciado que, en la práctica, no alcancen a todos los afectados. De los 3,2 millones de autónomos que hay en España, 800.000 mantienen su actividad y alrededor de un millón tienen reconocido el cese extraordinario de actividad. Pero hay 1,4 millones que no reciben ninguna ayuda, siguen pagando cuotas y tienen muy difícil el acceso al crédito.

Los créditos tardan en llegar a la cuenta de las empresas

Junto con los ERTE por fuerza mayor, la medida estrella del Gobierno para paliar el impacto económico de la pandemia en el tejido empresarial ha sido el lanzamiento de 100.000 millones de euros en avales públicos para que los bancos den crédito asequible a grandes empresas, pymes y autónomos. Las entidades han registrado una avalancha de solicitudes, sobre todo por pymes y autónomos, y ya han tramitado miles de operaciones, que en última instancia deben ser autorizadas por el ICO , que avala entre el 60% y el 80% de la financiación concedida.

Los bancos han suscrito más de 116.000 operaciones por más de 15.100 millones, usando 11.700 millones en avales, ni la tercera parte de los 40.000 ya desplegados. Los empresarios se quejan del retraso en la aprobación de los préstamos, y de que a pesar de tenerlos autorizados, se está produciendo una gran ralentización en el ingreso de ese dinero , que muchos necesitan ya para afrontar sus pagos a final de mes.

El principal problema está en la lenta tramitación de las solicitudes. Pymes y autónomos deben recopilar numerosa documentación para pedir el crédito , luego el banco revisa la operación en su departamento de riesgos y por último, si es aprobada, se sube al sistema del ICO . Aunque el Gobierno aseguró que este aprobaría de forma automática todos los créditos de menos de 50 millones, el ICO comprueba expediente a expediente que las empresas cumplen los requisitos de solvencia. Varias entidades señalan que el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos debería ser más ágil.

La agilidad en la tramitación de esos préstamos también depende del banco , de forma que mientras algunos están a punto de agotar el cupo de avales por cuota de mercado que les corresponde, otros van más lentos. Junto a esto, empresas y autónomos también denuncian que en algunos se están denegando préstamos porque la entidad financiera, en función de sus criterios de riesgo, exige un aval por el 20% del préstamo que no garantiza el ICO.

Incertidumbre de inquilinos y autonomías

Una de las medidas más promocionadas por Pablo Iglesias han sido las ayudas a personas en situación de vulnerabilidad para pagar el alquiler de la vivienda. El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 anunció tras el Consejo de Ministros del pasado 31 de marzo 1.200 millones en microcréditos a tipo de interés cero para pagar hasta seis mensualidades. En realidad, son también avales del ICO para micropréstamos que darán los bancos y no fue hasta ayer cuando el Gobierno aprobó su letra pequeña . De hecho, los inquilinos llevaban semanas preguntando por ellos a sus entidades, que todavía no tenían esa línea de garantías y por tanto no han podido suscribirlos.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como parte del Plan Estatal de Vivienda, ha adelantado ya a las comunidades autónomas los 346 millones de euros presupuestados para este año y un suplemento extraordinario de 100 millones. Las regiones son las encargadas de tramitar y gestionar esas ayudas, incluidas las subvenciones del alquiler. Pues bien, la Comunidad de Madrid ha denunciado que al menos en su caso es un importe «insuficiente» para atender todas las peticiones y ha exigido además al Gobierno central que concrete cómo se tramitarán esas ayudas y que se pongan en marcha los instrumentos necesarios para aplicarlas.