La equiparación fiscal del diésel con la gasolina podría encarecer en 0,15 euros el precio del gasóleo

La subida de la fiscalidad del diésel ya venía recogida en los presupuestos alternativos presentados por el PSOE y también figuraba en una enmienda de los socialistas presentada a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 del Gobierno de Mariano Rajoy, que finalmente el nuevo Ejecutivo socialista ha decidido mantener.

La propuesta consiste en la equiparación entre los tipos de gravamen que soporta el gasóleo de automoción y la gasolina sin afectar al gasóleo bonificado para transportistas y agricultores, como primera medida hacia una reforma medioambiental.

De momento, la propuesta del PSOE pretende revertir una medida que se adoptó hace años en la creencia de que el diésel era menos contaminante que la gasolina, ya que emitía menos CO2, ya que posteriormente se ha descubierto que los actuales motores diésel son más contaminantes que los de gasolina, al emitir más óxido nitroso.

Esta medida proporcionaría una recaudación adicional de 2.140 millones de euros si se pasase de una vez los 30,70 céntimos por litro actual de impuesto del gasóleo de automoción a los 40,25 céntimos por litro con los que se grava la gasolina, pero aplicada de forma escalonada permite obtener al año una cifra aproximada de 600 millones de euros.

La propuesta presupuestaria alternativa del PSOE contemplaba un aumento de los ingresos de 6.420 millones de euros, provenientes de cambios impositivos para que las grandes corporaciones paguen un tipo efectivo mínimo en el Impuesto de Sociedades del 15% y elevar el IRPF hasta el 52% para las rentas superiores a los 150.000 euros.

Los casi 6.500 millones se lograrían, en el IRPF, con 1.900 millones recaudados a través de una progresiva equiparación de los tipos impositivos en las rentas del trabajo y rentas de capital; cerca de 4.000 millones con el tipo mínimo del 15% en Sociedades y otros 600 millones en tributación medioambiental con la equiparación del diésel y la gasolina.

A estos 6.500 millones se sumarían otros 1.500 millones de recaudación por la lucha contra el fraude, lo que totalizaría los 8.000 millones de ingresos complementarios fiscales previstos.

Precisamente este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado en el Congreso que su departamento estudia una «fiscalidad medioambiental» que, en línea de las propuestas que se realizan desde la Comisión Europea, buscaría evitar «comportamientos agresivos con el medio ambiente».

«Estamos trabajando en una fiscalidad medioambiental, básicamente a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica. En ese tipo de fiscalidad, en el conjunto de Europa no se busca tanto una capacidad recaudatoria, sino que las empresas fundamentalmente eviten comportamientos que fueran agresivos con el medio ambiente", ha dicho.

La ministra ha confirmado que el Gobierno aplicará impuestos sobre actividades y servicios no incluidos actualmente bajo el sistema fiscal, aunque aún no se ha adoptado ninguna decisión al respecto.

Según Montero, el Gobierno estará «en sintonía con la nueva fiscalidad que se plantea desde Europa y dando respuesta a una fiscalidad propia del siglo XXI, en materia tecnológica, medioambiental o de aquellas cuestiones que, hoy por hoy, la fiscalidad no recoge esa actividad o la gravación de esos servicios».