«Vamos a promover el consenso de las regiones para hacer los trasvases»

— Aún no hay cifras de impacto en la agricultura porque estamos en pleno invierno, pero en la siembra de cereales ya se ha notado, sin duda. También estamos mirando cuáles son las posibilidades de riego en esta campaña a la vista de las reservas hídricas. Ahora hay que ver también los riesgos que están asegurados y los que no, porque el seguro este año posiblemente tendrá un peso muy importante en la solución de los problemas de la sequía. En cereales el seguro cubre bastante la producción, mientras que en pastos es muy bajo. En función de los resultados de todo este análisis plantearemos una propuesta que discutiremos con las organizaciones agrarias. Estoy en contacto con mi homóloga portuguesa para hacer planteamientos conjuntos con la Unión Europea.

—En materia de costas parece que el Gobierno está buscando el equilibrio entre la seguridad jurídica de los propietarios y la conservación del medio ambiente. ¿No parecen puntos de vista difíciles de conciliar a priori?

—Pues yo creo que no, porque cuando se utiliza el sentido común se puede conciliar perfectamente la protección del medio ambiente con legítimos derechos de propietarios que se vieron en su momento sorprendidos por una normativa que, de repente, les privaba de unos derechos de propiedad que habían adquirido con absoluta transparencia en el Registro de la Propiedad con sus escrituras públicas sin que nadie les advirtiera que se cambiaría la delimitación del dominio público. Nosotros lo que vamos a hacer es una revisión de todos los problemas jurídicos de la aplicación de la ley de costas, y vamos a aplicar una aplicación homogénea de la defensa del dominio público marítimo terrestre en todo el país. Y no como ha ocurrido hasta ahora, que ha habido aplicaciones diferentes y a veces caprichosas en distintas zonas del litoral, hasta el punto de que se han llegado a permitir aberraciones como la de El Algarrobico, con una ley de costas que algunos consideran intocable. Yo creo que se puede combinar la utilización del litoral de forma que se preserve el medio ambiente, pero también con usos económicos sostenibles. Pero lo que está claro es que no vamos a hacer una ley de costas para hacer promociones urbanísticas de alta densidad en las costas españolas. No es lo que perseguimos, pero sí vamos a ver qué pasa con unas concesiones administrativas que empiezan a vencer cuyos titulares no saben qué va a pasar, porque, de acuerdo con lo establecido ahora, una vez acabada la concesión habría que demoler las instalaciones o estudiar una prórroga en determinadas condiciones.

—Dentro de tal uso económico sostenible de las costas, ¿entra el chiringuito en esa definición?

—Pues evidentemente. Nosotros estamos ahora mismo estudiando la posibilidad de aumentar el plazo de las concesiones para ocupación del dominio público marítimo terrestre, y además exigiendo respeto al entorno natural en que estén situadas las instalaciones. Creemos que es posible mejorar la norma dando seguridad jurídica a los empresarios que trabajan en este sector, pero, además, asegurando la conservación del litoral. El sector de los chiringuitos, además, está muy arraigado en muchas zonas del litoral español, genera miles de empleo, y lo que vamos a hacer son reglas claras del uso de las instalaciones en la playa dentro de un marco normativo estable, frente al caos existente en el que cada demarcación de costas establece una norma diferente.

—Volviendo al ejemplo de El Algarrobico... ¿Podemos ver la piqueta entrar en este edificio del que ha hecho bandera Green Peace?

—Hay que aplicar la legislación de manera consecuente, y si una instalación se ha construido fuera de la ley, y así lo declaran los tribunales, lo que hay que hacer es ejecutar las sentencias y cumplirlas, aunque compensando a los que se les aprobó la licencia sin habérsela debido aprobar. De estas experiencias hay que aprender, para no volver a incurrir en los mismos errores.

—¿Cuál es el plan del Gobierno de Mariano Rajoy en materia de trasvases?

—Vamos a trabajar en los planes de cuenca para saber exactamente cuál es el nivel de los caudales disponibles en España, y en ese momento, lo que dicen el PP y el Gobierno es que queremos conseguir un Pacto Nacional del Agua con el máximo consenso para evitar los conflictos entre territorios y agentes económicos. Vamos a buscar el consenso, pero intentaremos convencer a todas las partes de la necesidad de que haya solidaridad entre territorios. En todo caso, no hay que olvidar que en España tenemos trasvases que funcionan, algunos entre cuencas y otros dentro de la propia cuenca, como en el caso de Cádiz. Estoy convencido de que, si hacemos las cosas bien, llegaremos a un acuerdo.

—¿En agricutura, cuál es el futuro de la Política Agrícola Común (PAC) más allá de 2013?

—España persigue dos objetivos muy claros en esta negociación. El primero es mantener el actual nivel de ayudas que tienen ahora los agricultores, alrededor de 5.000 millones de euros en ayudas directas, a los que se suman los fondos de desarrollo rural y otras partidas. España estará entre los 6.500 y 7.500 millones de euros. Lo que queremos es mantener nuestra actual participación en el presupuesto comunitario en los niveles actuales, lo que tiene que venir de la mano —y este es el segundo— de que el presupuesto agrario de la UE en su conjunto no se vea reducido en la negociación del marco financiero plurianual.

—¿Con qué aliados cuenta España en el resto de Europa para librar esta batalla?

—España es uno de los principales perceptores de ayudas agrarias, junto con Francia, pero en nuestro caso, más allá de la cifra global el Gobierno lo que persigue es que la PAC resultante no nos lleve a que ningún cultivo en ninguna comunidad autónoma vea mermados sustancialmente los recursos que actualmente viene recibiendo. La cuestión es que el modelo que ha diseñado la Comisión Europea es muy rígido, y España tiene que pedir mucha flexibilidad en la aplicación de la futura Política Agraria Común para que no haya flujos de una comunidad autónoma a otra y de unos cultivos a otros, porque entendemos que en este momento la dependencia que tienen los agricultores de las ayudas comunitarias es muy alta, alrededor del 27% de la renta agraria, y en determinados cultivos, como puede ser el olivar, casi el 40% de los ingresos de los agricultores dependen de las ayudas comunitarias.

—¿ Y en las hectáreas elegibles?

—Es uno de los temas más complicados, y lo estamos negociando. A España se le plantea con la propuesta de la Comisión un problema muy grave, ya que de los 21 millones de hectáreas actuales con derecho a ayudas, según la propuesta de la CE, podríamos llegar a 38 millones, con lo que las ayudas se diluirían casi en un 50%

—¿Y hay margen para suavizar esta propuesta?

—Yo nunca he dado por perdida una negociación. Las únicas batallas que se pierden son las que no se dan, y yo las voy a dar todas.

—Siguiendo en el terreno agrario, el reciente acuerdo Unión Europea-Marruecos por el que entrará más producción agrícola de este país a territorio europeo plantea, según el sector, una amenaza para la producción española de frutas y hortalizas. ¿Se plantea el Gobierno algún tipo de compensación?

—El sector lo ha rechazado. El Gobierno español socialista apoyaba plenamente este acuerdo y al Gobierno actual le toca esta mala herencia, otra más de las recibidas por el Partido Socialista, y la tenemos que gestionar. Nunca, en todas las veces que se pudo intervenir, se alzó una voz en contra de este acuerdo. Ha sido muy curiosa la trayectoria del Gobierno socialista. Hemos pedido al Gobierno marroquí que extreme la vigilancia en el máximo respeto a los contingentes y en buen funcionamiento del mecanismo de precios de entrada.