Entra en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, con la reducción y agilización de trámites

Hacienda ha destacado que la ley que entra este viernes en vigor, supone un "antes y un después" en la contratación y ha añadido que, a partir de ahora, también contribuirá a las políticas sociales, medioambientales y de fomento de la innovación.

En un comunicado remitido hoy, Hacienda subraya que esta normativa, aprobada en octubre con gran consenso parlamentario, va "más allá" de la trasposición de directivas comunitarias y busca la calidad y la competencia en las contrataciones, facilitando la entrada de pymes.

Por otra parte, se ha apostado por la utilización de medios electrónicos , la reducción de plazos de adjudicación y se ha aumentado la competencia para una mayor participación de las pymes y se ha incentivado que los contratos se dividan en lotes para permitir el acceso de compañías de menor tamaño a la contratación pública.

Además, se ha recogido la posibilidad de que se exija a la empresa que el periodo de pago a sus proveedores no supere determinados límites y no podrán ser contratistas los condenados por corrupción entre particulares. En este sentidio,

De igual modo, la nueva Ley obliga a las Administraciones Públicas a garantizar que los contratistas cumplen con las normas aplicables en materia medioambiental, social o laboral . Además de obligar a reservar ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a entidades del denominado tercer sector.

Por ejemplo, la norma prevé también que las administraciones reserven entre el 7% y el 10% de determinados tipos de contratos públicos para centros especiales de empleo, así como a empresas de inserción o programas en los que al menos el 30% de sus empleados sean personas con discapacidad. Además, se ha establecido la prohibición de contratar con la Administración a empresas con más de 50 empleados que incumplan la obligación de tener en plantilla, al menos, al 2% de trabajadores con discapacidad.

En este sentido, la ley también prevé nuevos mecanismos de control, ya que va a permitir a las organizaciones sindicales i nterponer recurso especial cuando pueda deducirse de una forma fundada que en la ejecución de un contrato se incumplen las obligaciones sociales o laborales.