El Gobierno se niega a prorrogar los ERTE más allá del 30 de septiembre y plantea un recorte de las exenciones

Además se mantiene hasta la misma fecha la limitación a los despidos por causas objetivas que se estableció en el pasado acuerdo y que elevaba el coste de despedir a 33 días por año trabajado frenar a los 20. El límite temporal afecta de igual modo a la suspensión de los contratos temporales, entre los que se incluye también los de formación o interinidad. Esto en la práctica se traduce en que el empresario debe prorrogar estos contratos aunque su deseo sea el de rescindirlos.

La reincorporación de los trabajadores, otro de los puntos en los que los empresarios reclamaban más adaptabilidad, también queda regulada en el borrador del Ejecutivo. Según relata, las empresas deberán ir incorporando a su plantilla dando prioridad a los ajustes en reducción de jornada y quedan limitadas las horas extraordinarias y las nuevas contrataciones si la empresa tiene algún trabajador en ERTE.

Los empresarios están analizando la propuesta y actualmente se están celebrando reuniones sectoriales y territoriales para valorarla. Las mismas fuentes confirman que existe una «gran decepción» por la propuesta remitida ya que consideran que no ofrece de ninguna de las maneras el acompañamiento que el Gobierno había prometido. Fuentes cercanas al Gobierno defienden que no se cierran a la posibilidad de que, llegado el nuevo plazo, se volvieran a prorrogar, pero esta declaración de intenciones no parece contentar a la CEOE. En cualquier caso, esta misma tarde se celebra una nueva reunión de la comisión tripartita donde podría haber nuevas modificaciones sobre el documento.

Lo cierto es que llueve sobre mojado en este terreno y la reclamación de un terreno de juego más estable no es nueva en la orilla empresarial. Tras la firma del acuerdo que prorrogó hasta julio los ERTE los empresarios aseguraron que hubiesen deseado «un acuerdo a más largo plazo que hubiera dado seguridad y certidumbre a las empresas y a las personas trabajadoras , para acompañarlas en el proceso de recuperación total de la actividad».

Los sindicatos se muestran más optimistas. Durante una rueda de prensa ofrecida por Unai Sordo, líder de CCOO, se mostrado confiado en que el documento irá mañana al Consejo de Ministros, y ha explicado que «mientras siga habiendo medidas que restrinjan el movimiento, la movilidad, la actividad o los aforos, está perfectamente justificado que persistan los ERTE, recoge Efe.

Otro de los grandes puntos de conflicto, las exoneraciones a la Seguridad Social , también sufren modificaciones. Para los trabajadores que siguen en ERTE, si las empresas tienen menos de 50 trabajadores la exención en julio es del 35%, en agosto del 25% y en septiembre del 15%. Si la empresa supera los 50 trabajadores, las exenciones se reducen al 20%, 10% y 5% para los respectivos meses.

Esto supone una fuerte reducción , pues en la regulación que se dio a mediados de marzo a los ERTEs por fuerza mayor se estableció una exoneración del 75% para las empresas con más de 50 trabajadores y del 100% para las que tuvieran menos de 50 trabajadores. Estas exenciones se mantuvieron en mayo y junio, aunque se fijaron nuevos porcentajes para los ERTEs que fueran incorporando trabajadores.

En concreto, las exenciones se situaron entre el 45% y el 85% para los trabajadores que volvieran a su puesto de trabajo entre mayo y junio. También esos porcentajes se rebajan ahora. Las empresas con menos de 50 trabajadores tendrán una exoneración del 60% en julio, el 50% en agosto y el 40% en septiembre; mientras que las de mayor tamaño se moverán entre el 35%, el 25% y el 15%.

Además de los ERTE, el documento refleja que se prorrogan hasta el 30 de septiembre, las medidas de adaptación y reducción de quienes acrediten deberes de cuidado respecto al cónyuge o pareja de hecho y de familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora. El documento incluye también que Gobierno y agentes sociales seguirán negociando en la comisión para buscar acuerdos que incorporen medidas tendentes a la recuperación , durante el año 2022, del nivel de empleo previo a la crisis derivada del Covid.