La entrada de la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid
La entrada de la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid - EFE

Empresas públicas, el ruinoso pozo donde las autonomías fulminan más de 10.000 millones al año

Arrojan pérdidas sistemáticas pese a que son subvencionadas cada año con miles de millones de euros

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Las empresas públicas de las autonomías siguen siendo un pozo sin fondo de números rojos. A tenor de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas (TCu), esas empresas costaron una media de más de 10.000 millones de euros al año, entre las subvenciones que recibieron y las pérdidas arrojadas año tras año. Cuando menos esa es la cifra que muestran los cinco últimos ejercicios fiscalizados hasta la fecha, los del período 2011-2015.

Las empresas públicas autonómicas conforman un entramado espeso y poco transparente. Esas sociedades escapan al estricto control del Derecho Administrativo, poniendo al servicio de la política la más «flexible» fórmula que ofrece la legislación privada. Que eso favorece la opacidad es algo que el propio Tribunal de Cuentas lleva años denunciando, pero con muy poco éxito porque las prácticas no cesan. El asunto es de tal calibre que, a ciencia cierta, no se sabe realmente cuánto dinero consumen las empresas públicas de las autonomías. No se sabe porque no hay forma de llegar a todas sus cuentas. Esto también es un mal perenne del que se queja el Tribunal de Cuentas, pero no se le pone remedio.

Fiscalizar ese entramado empresarial público es una interminable carrera de obstáculos que nunca alcanza la meta. Para empezar, la fiscalización llega sistemáticamente tarde -el último informe emitido al respecto por el Tribunal de Cuentas analiza las cifras de 2015-. Y, encima, esos auditores reconocen que la fiscalización deja fuera a decenas de empresas públicas que no les dan sus cuentas, se las entregan demasiado tarde o no facilitan documentación imprescindible para escrutar cuestiones tan esenciales como los manejos financieros, los contratos o la selección de personal.

De 2000 a 2015 perdieron más de 50.000 millones, pese a recibir al menos 65.000 en subvenciones

Según se desprende del último informe, en 2015 las empresas públicas autonómicas costaron 9.944 millones de euros, como mínimo. Ese «como mínimo» es coletilla obligada, porque las cifras del TCu abarcan a 371 sociedades, pero faltan las cuentas de otras 83 que no ha conseguido auditar. Además, ese coste de 9.944 millones computa las pérdidas acumuladas por esas empresas y las subvenciones públicas con las que fueron alimentadas. Pero el TCu advierte que, en realidad, hay más inyecciones de dinero público. En concreto, las ampliaciones de capital, la concesión de préstamos con cargo a los presupuestos autonómicos y la contratación de servicios, fórmula esta última con la que el gobierno regional de turno se convierte en dueño y cliente a la vez: paga a su empresa para que le haga diversos trabajos.

En cuanto a la concesión de préstamos y a las ampliaciones de capital, el TCu advierte de las consecuencias que pueden tener. «En algunas comunidades autónomas», indica el Tribunal de Cuentas, «se aprecia la tendencia a sustituir o complementar» las subvenciones a empresas públicas con «ampliaciones de capital o aportaciones de los socios al fondo social, y por autorizaciones de endeudamiento avaladas por las respectivas administraciones autonómicas, que al vencimiento deberán ser abonadas por éstas si las empresas no pueden hacer frente a los pagos». De hecho, subraya que «en varios casos es la propia administración autonómica la que se subroga en los préstamos y créditos de las entidades empresariales».

Opacidad persistente

El TCu denuncia abiertamente la opacidad a la que se enfrenta al auditar a las autonomías. «Los principales retrasos e incumplimientos se presentan en entes y empresas públicas, fundaciones y consorcios», dice en su último informe de fiscalización del sector público regional. En él destaca que, «además, las cuentas rendidas presentan en determinados casos importantes deficiencias, entre las que destacan la no inclusión de la documentación legalmente exigible, la falta de aprobación de las cuentas por los órganos competentes, la falta de firma de todos los miembros del patronato en el caso de fundaciones, o la no aportación de los certificados de aprobación de las cuentas».

Pese a todas esas limitaciones y a que las conclusiones del TCu no abarcan la totalidad de las empresas públicas regionales, las cifras que arroja el examen son de órdago: del año 2000 al 2015, las empresas públicas de las autonomías acumularon unas pérdidas de más de 50.000 millones de euros, pese a haber sido subvencionadas con unos 65.000 millones de euros, como mínimo. Es decir, entre pérdidas y subvenciones recibidas, entre los años 2000 y 2015 las empresas públicas autonómicas se tragaron 116.000 millones de euros, de los que al menos 53.700 fueron fulminados en el quinquenio 2011-2015. Y a ese enorme agujero hay que sumar el que no ha aflorado, el de las decenas de sociedades que no han rendido cuentas ante el TCu.

Empresas de lo más dispar

Esos cientos de sociedades públicas acostumbran a tener un denominador común: están instaladas en los números rojos permanentes, pese a ser alimentadas de forma multimillonaria desde la Administración. Pero, al mismo tiempo, es un entramado muy heterogéneo, en el que abundan entes con objetos societarios de lo más dispar: desde empresas para la promoción exterior a las dedicadas al periodismo y el entretenimiento -las radiotelevisiones autonómicas-, pasando por las que tienen encomendadas tareas forestales, de servicios agropecuarios, inmobiliarias, de gestión urbanística, cultural, transportes e infraestructuras, las financieras, sanitarias...

El Tribunal de Cuentas habla abiertamente de «discrecionalidad» en los manejos de esas entidades

¿Por qué ese afán político por las empresas públicas y por otros entes «satélites» como los consorcios y las fundaciones? El TCu lo tiene claro: para esquivar controles y poder actuar con discrecionalidad. «La Administración pública española, con el argumento justificativo de lograr una mayor eficacia en la gestión pública, se ha incrementado mediante una notable cantidad de entes instrumentales para la consecución de los más variados fines de interés general», dice el TCu en su último informe sobre el sector público autonómico. Y añade: «Dentro del generalizado proceso de huida del Derecho Administrativo, especialmente en los procesos de contratación, discrecionalidad en las políticas de personal y relajación en los controles económicos, que pueden ser las causas últimas de la proliferación de estas entidades, se han utilizado diversas fórmulas jurídico-privadas de gestión».

Sanidad pública, S.A.

Murcia, por ejemplo, gestiona su sanidad pública a través de una gigantesca empresa pública que ha ido arrojando números rojos desorbitados, pese a ser financiada directamente por el Gobierno regional. En 2015, por ejemplo, la empresa Servicio Murciano de Salud acumuló unas pérdidas de 1.994,74 millones de euros. Y el resto de sociedades del Gobierno de Murcia sumaron ese año otros 40 millones de pérdidas. Así que, en su conjunto, el entramado empresarial de esa Administración autonómica dejó en 2015 unos números rojos de 2.034 millones de euros, fruto de una insuficiente planificación presupuestaria y de un sistemático incumplimiento de las previsiones de gastos. Éstas se desviaron con unos sobrecostes del 21%: gastaron más de 400 millones por encima de lo que se había previsto. En cualquier caso, Murcia no es una excepción: los incumplimientos de las previsiones contables son frecuentes y generalizados en los entramados autonómicos.

Cataluña también es un ejemplo de sanidad pública repartida en un ovillo de entes con los que el Gobierno autonómico de turno puede hacer y deshacer con soltura. Para administrar los servicios sanitarios de la región, la Generalitat dispone de un entramado de cinco empresas públicas, quince consorcios, nueve entidades de derecho público, quince fundaciones y una gran entidad autónoma administrativa, el Servicio Catalán de Salud. Solo entre las cinco empresas públicas sanitarias manejan un presupuesto anual de unos 340 millones de euros, de los que casi 60 se destinan a personal. Y eso es solo una pequeña porción de lo que mueve toda esa red de 45 entes con los que la Generalitat administra la sanidad pública catalana.