Empresas públicas autonómicas: más de 400 sociedades y una ruina que no cesa

El Tribunal de Cuentas (TCu) acaba de alertar otra vez del riesgo colectivo que supone este enorme agujero societario que, además de sumar pérdidas sin freno, es proclive a la opacidad . Refugiado en las normas del derecho privado, es una herramienta aprovechada por los gobiernos autonómicos para gestionar sin tener que someterse a las más estrictas condiciones que le marca el derecho administrativo público. Una sociedad mercantil controlada por el poder político otorga a las autoridades un amplio margen de maniobra en todos los ámbitos, desde la selección de personal a la adjudicación de contratos. Eso sí, con la tranquilidad de que, al final, los gastos se cubren con cargo al presupuesto del gobierno de turno.

Escrutar las cuentas de este enorme entramado empresarial público no resulta sencillo. De hecho, al Tribunal de Cuentas (TCu) le es imposible fiscalizarlo al completo, porque algunas de esas sociedades ni siquiera cumplen con la obligación de rendir cuentas ante el máximo órgano de fiscalización económica del Estado.

El último informe del Tribunal de Cuentas sobre las empresas autonómicas ha visto la luz en las últimas semanas. En él analiza las cuentas que dejaron en 2017. Pese a que han pasado tres años entre las cuentas y el informe, ni aún así ha sido capaz el TCu de que todas las sociedades públicas autonómicas le entregaran la documentación.

En este informe, el Tribunal de Cuentas se queja de que es precisamente esa «administración paralela» la que más le impide escrutar la gestión económica de las autonomías. «La falta de rendición de cuentas por parte de determinadas entidades del sector público autonómico, especialmente entes y empresas públicas, fundaciones y consorcios, supone una limitación» a su labor fiscalizadora, afirma este órgano en su último informe al respecto. Y, a mayor abundamiento, indica que, de todo el sector público de las autonomías, «los principales retrasos e incumplimientos» en la rendición de cuentas los competen los «entes y empresas públicas, fundaciones y consorcios».

Por si la tardanza y la opacidad fueran poco, en ocasiones los números que aportan las autoridades autonómicas no cumplen requisitos legales esenciales: «Las cuentas rendidas presentan en determinados casos importantes deficiencias , entre las que destacan la no inclusión de la documentación legalmente exigible, la falta de aprobación de las cuentas por los órganos competentes» e incluso «la no aportación de los certificados de aprobación de las cuentas».

A estas alturas, el Tribunal de Cuentas no ha visto las cuentas del año 2017 de al menos 32 empresas públicas autonómicas. Y otras 27 le entregaron la documentación fuera de plazo.

En 2017, los gobiernos regionales tenían en sus manos un total de 422 entes empresariales públicos de lo más variopinto , según el censo que alcanzó a anotar el TCu. Esas sociedades son de lo más variopinto, desde las dedicadas a negocios financieros a algunas encargados de prestaciones sanitarias, pasando por las radiotelevisiones, las infraestructuras, la agricultura, el medio ambiente o las actividades inmobiliarias, entre otras.

Para mantener a flote ese deficitario entramado mercantil, los ejecutivos autonómicos lo regaron en 2017 con 5.530 millones de euros de subvenciones -práctica habitual-. Y eso sin contar el dinero que reciben por otras vías, como las encomiendas de gestión o los servicios que les contratan los gobiernos regionales -dueños y clientes al mismo tiempo-.

Pese a todo, este entramado empresarial de las autonomías generó unas pérdidas de más de 2.400 millones de euros en 2017. Entre subvenciones y números rojos, el coste que generaron esas sociedades ascendió a 7.934 millones en 2017. En 2016 había sido de 6.827 millones, de 6.944 millones en 2015, de casi 7.850 millones en 2013, se disparó hasta los 18.000 millones en 2011...

La faceta «empresarial» de los gobiernos autonómicos deja números rojos sistemáticos. Da igual que haya crisis o bonanza económica, las pérdidas están garantizadas, ascienden a miles de millones de euros año tras año. Y eso sin contar la nueva modalidad en la que llevan años explayándose los gobiernos regionales para tapar los números rojos de sus entramados empresariales: concederles créditos o avalar sus operaciones de endeudamiento financiero. Es una forma indirecta de inyectarles fondos, que se suma a la de la subvención directa, pero se camufla mejor. Eso sí, el resultado es el mismo: cae a espaldas del presupuesto colectivo.

En su informe, el TCu alerta del riesgo que supone esta práctica . «En algunas comunidades autónomas -advierte- se aprecia la tendencia a sustituir o complementar la financiación mediante subvenciones por ampliaciones de capital o aportaciones de los socios al fondo social, y por autorizaciones de endeudamiento avaladas por las respectivas administraciones autonómicas que, al vencimiento, deberán ser abonadas por éstas si las empresas no pueden hacer frente a los pagos». Es más, «en varios casos es la propia administración autonómica la que se subroga en los préstamos y créditos de las entidades empresariales».