Empresas fantasma, la lacra que aflorará en España en 2021

Aparte del impacto de la moratoria concursal, parte del tejido empresarial se encuentra en una situación de dopaje por las ayudas recibidas para hacer frente al Covid-19 «Existen también multitud de compañías que pueden encontrarse en situación de insolvencia, pero, gracias a los ERTE o financiaciones ICO que han obtenido, han podido seguir operando. Cuando finalice el plazo de vigencia de dichos ERTE o acabe el periodo de carencia de los créditos ICO, dichas compañías pueden verse comprometidas si no han afrontado un verdadero plan de viabilidad y el consiguiente proceso de reestructuración», advierte Manuel Gordillo, de Abencys, firma especializada en reestructuración. «Una vez que el efecto de dichas medidas desaparezca, y con la previsión de una brutal caída del PIB, el cese de actividad de dichas compañías aflorará todo su efecto negativo de destrucción de empleo y de tejido productivo», apostilla.

Durante la presentación de la última encuesta del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, presidente de esta organización, también se refirió a la proliferación de empresas «fantasma», a la vez que predijo una próxima oleada de impagos y hasta 300.000 despidos solo durante este último trimestre. «Hay una gran cantidad de concursos en gestación, que estallarán durante el primer trimestre del próximo año y que, desafortunadamente, arrastrarán a numerosas empresas que no podrán cobrar de sus clientes concursados», alertó Santiago. «Con todo ello, estamos generando empresas fantasma, aquellas que aparentan funcionamiento pero están al borde de la desaparición pero que no lo hacen por si en el último minuto el Gobierno adopta alguna medida de apoyo que las salve, y trabajadores fantasma, que son los empleados de éstas y muchos de los que están en ERTE pero que se ve difícil que vayan a reincorporarse a sus empleos».

Dentro de los cambios que supondrán un balón de oxígeno para las empresas se incluye la confirmación la semana pasada por parte de la ministra de Economía, Nadia Calviño, de la ampliación en doce meses más del plazo de carencia de los avales ICO, tal y como adelantó ABC. A este respecto, Manuel Urrutia, director general de la firma Confianz, señala que si no se aprobaba extender este periodo, la debacle de compañías sería aún más alta. «Los préstamos ICO han supuesto una vía de financiación importante para las pymes de marzo a mayo. La ampliación de la carencia permitiría que se siga sin pagar capital y solo se abonen intereses, esto evitaría un montón de concursos», dice Urrutia.

El estallido de insolvencias afectará especialmente a España por contar con un gran número de pymes -mayoría en el tejido empresarial de nuestro país-, y también por ser numerosas aquellas orientadas a actividades vinculadas al ocio como el turismo y la hostelería. No obstante, los expertos consultados advierten de la dificultad de realizar predicciones exactas. El secretario técnico del Refor, Alberto Velasco, señaló durante la presentación del «Atlas Concursal 2020» que se llegará a superar el nivel de 9.000 concursos de la anterior crisis económica. Velasco también mencionó que en España es aún más complicado pronosticar cifras exactas porque muchos pequeños negocios optan por cerrar sin pedir el concurso. «Hay un número mucho mayor del que aflora al final porque hay concursos de economía sumergida. Esto se acaba detectando de los pagos reflejados en los datos del Fogasa», puntualizó.

«En el mes de junio el propio Ministerio de Justicia calculó que se avecinan 50.000 concursos en España durante el 2021. Por hacernos una idea de lo que puede suponer esta cifra, es conveniente recordar que en los años más duros de la anterior crisis económica, no se superó nunca el umbral de 10.000 concursos anuales, aunque sí se se rozó esta cifra en los años 2012 y 2013», alerta Javier Díaz-Gálvez, de Abencys.

Desde el Consejo General de Economistas aconsejan recurrir cuanto antes al concurso de acreedores. «Es mejor no esperar e ir a concurso para que no se acumulen costes y deudas. Esperar tiene un riesgo ya que si una compañía se encuentra en mala situación, opera en un sector delicado y además, no cuenta con la dirección de un equipo sólido, lo tiene muy mal y cuanto más rápido se actúe, mejor», afirma Pich. «No soy partidario de esperar ya que supone dilatar la toma de decisiones y en esta coyuntura, la situación empeora. Si el concurso está bien planificado puede significar una opción de continuidad porque se dejan de pagar a proveedores y acreedores . Es una solución de viabilidad si finalmente no se va a liquidación, es decir, si se ha planificado con suficiente antelación desde el punto de vista de primar la continuidad empresarial», añade Urrutia.

Por su parte, Santiago, presidente de los gestores, animó a las compañías a esperar hasta final de año por si el Ejecutivo aprueba nuevas normas a las que agarrarse como tabla de salvación. «Si tienes el personal en ERTE; te acoges a moratoria de alquileres; no le pagas a Hacienda y a la Seguridad Social, ni a tus proveedores, no pasa nada. Y en este tiempo, pueden tomarse medidas que den aire a los negocios en dificultades», argumentó.