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Empresarios y sindicatos volverán a controlar los fondos de formación

El Ministerio de Trabajo reincorpora a los agentes sociales al órgano que asigna cada año las subvenciones

MadridActualizado:

El Gobierno aprobará antes de que concluya el año una orden ministerial de convocatoria de subvenciones para la formación de ocupados con un presupuesto de 350 millones. La partida fue anunciada el miércoles por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en el Congreso de los Diputados, donde criticó duramente al Gobierno del PP por su «inactividad de la etapa anterior», debido a que no se convocan estas subvenciones desde 2016. Lo que no dijo Valerio en esa comparecencia es que aprovechando esa orden el Ejecutivo tiene intención de devolver el control de los fondos de formación a empresarios y sindicatos perdido con la ley de 2015.

El pasado 12 de diciembre el patronato de la Fundación Estatal para la Formación dio el visto bueno a un borrador de resolución en el que el departamento que dirige Magdalena Valerio vuelve a incorporar a los agentes sociales en el órgano colegiado encargado de evaluar la asignación de las subvenciones para formación, según refleja el texto al que ha tenido acceso ABC.

Esta modificación está pendientes de que sea aprobada por el Consejo de Ministros y permitirá que los vocales que forman parte de esta comisión pasen de seis a diez. Se incorporarán dos vocales a propuesta de las organizaciones empresariales y otros dos a propuesta de los sindicatos. El resto son designados por el Servicio Público de Empleo Estatal, incluyendo la subdirectora general del políticas activas de empleo, la socialista Carmen Menéndez, que lo preside.

En 2015 la entonces titular de Empleo, Fátima Báñez, apartó de la gestión económica de la formación a empresarios y sindicatos tras las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, decisión con la que buscó garantizar la objetividad en la asignación de los fondos, dado que a estas convocatorias concurrían centros controlados por los agentes sociales. El órgano de control detectó numerosas irregularidades en las subvenciones entregadas a los agentes sociales en la convocatoria de 2010. Ayudas injustificadas, falta de control en la evaluación y coste de los cursos, una suerte de desajustes que llevaron a los responsables de Empleo de entonces a diseñar una reforma en profundidad en la formación que contó con fuerte rechazo de los interlocutores sociales.

El Tribunal de Cuentas llegó a decir que la composición del órgano colegiado conculcaba «los principios de transparencia y objetividad de la Ley de Subvenciones, ya que la evaluación final de las solicitudes presentadas es realizada por los propios solicitantes de las mismas quienes, posteriormente, son beneficiarios de las subvenciones públicas objeto de concesión, pudiendo provocar -aseguraba- un conflicto de intereses en el momento de la emisión del informe de evaluación».

Sindicatos y empresarios impugnaron la convocatoria de formación de 2016 por excluirles del órgano decisorio, y los jueces de primera instancia les dieron la razón en sentencias. El Ministerio de Empleo recurrió a la Audiencia Nacional y la Justicia falló a su favor.

Concurrencia competitiva

La norma que diseño la exministra Fátima Báñez redujo el poder que hasta entonces habían jugado los interlocutores sociales en la formación y, en consecuencia, también los recursos que recibían por su presencia en todas las fases del sistema (diseño, organización, gestión e impartición de cursos). La reforma les expulsó de la impartición directa de esos cursos, para concederlos en régimen de concurrencia.

Que los agentes sociales dejaran de impartir directamente cursos -pueden seguir haciéndolo si ganan los concursos a través de las fundaciones de formación que tienen: IFES (UGT) y Forem (CC.OO.)- supuso un cambio sustancial en el sistema tras más de dos décadas. Pero no salieron del sistema. Hoy siguen desempeñando un papel relevante en el diseño y organización, pero dejan de ser «juez y parte» y de diseñar, organizar, decidir, impartir y evaluar la formación.

La norma actual puso punto y final a los escándalos ya que permite tener información actualizada en cada momento de toda la formación en España, de los cursos que se realizan, de quién los imparte y también quién los certifica. Además, posibilita un seguimiento y evaluación de los mismos.

El sistema de formación en España está asentado en una más que compleja estructura en la que están integrados el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Fundación para la Formación, de la que forman parte el SEPE, UGT y CC.OO, el sindicato gallego CIG, y CEOE y Cepyme, y las comunidades autónomas. El presupuesto de este sistema ascendió en 2017 a 2.276 millones de euros, procedentes en su mayor parte de la cuota de formación que pagan las empresas con sus cotizaciones a la Seguridad Social. Del total del presupuesto, 1.092 millones se destinan a cursos y ayudas a parados y 1.066 millones a formación de ocupados.