Las empleadas de hogar que cotizan están en su nivel más bajo desde 2012

Modificar el contrato y recortar la jornada laboral de la empleada para esquivar el alza y pagar lo mismo y, en el peor de los casos, despedir, son los caminos que muchos empleadores han cogido ante un incremento que algunas familias no pueden o están dispuestas a desembolsar de golpe. En apenas un mes, de diciembre a enero, la nómina de la empleada se encareció en casi 200 euros cada mes, aumento al que hay que sumar también la subida correspondiente en las cotizaciones a la Seguridad Social de la trabajadora contratada.

Según los datos de afiliación a la Seguridad Social este regimen, junto al agrícola, ha sido el único que baja respecto al año anterior (octubre de 2018-octubre 2019), solo superado por los trabajadores del carbón, aunque ambos no son comparables, teniendo en cuenta que este último régimen está en descenso desde hace años y cuenta ya con poca representatividad de afiliación. El impacto del SMI también se está dejando notar en las comunidades en las que el sector agrícola tiene más presencia . En este caso el descenso de trabajadores ha superado el 3%.

Decían los expertos a primeros de año que para estimar los efectos del SMI en el empleo era necesario esperar al menos un año. Pues bien, diez meses después la creación de empleo se ha resentido en general y en particular en el colectivo de empleadas de hogar. Lo que ha ocurrido es la confirmación de lo que expertos y organismos como el Banco de España auguraron cuando Iglesias impuso a Sánchez la subida. Alertaron de que los negocios de menor tamaño, pymes y autónomos, optarían por recortar horario de la plantilla, frenarían las nuevas contrataciones y podrían incluso aplicar despidos. Y eso es lo que está ocurriendo también, y lo refleja la estadística, entre los colectivos de baja cualificación y entre las empleadas de hogar.

El pasado octubre había 396.800 personas cotizando en el régimen de empleadas de hogar , encuadrado dentro del régimen general de la Seguridad Social. Es la cifra más baja de cotizantes en este colectivo desde 2012, año en el que estas trabajadoras pasaron a formar parte del régimen de asalariados del sistema. Antes contaban con un régimen propio, similar al de los autónomos.

Los datos de la Seguridad Social reflejan que el número medio de empleadas del hogar cotizando en octubre fue un 3,4% inferior al del mismo mes de hace un año (14.060 menos). Esto contrasta con un crecimiento del 3,1% del número de afiliados al régimen general.

Algunas fuentes apuntan la posibilidad de que algunas de las empleadas hayan pasado al lado de la economía sumergida. Una teoría que puede cobrar fuerza si se analizan los datos que del colectivo ofrece la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre del año.

Según los datos de Estadística en el sector de servicios del hogar había 570.600 ocupados a final de septiembre. Pero solo cotizan a la Seguridad Social apenas 400.000 personas y otros 40.000 son cuidadores. De lo que se deduce que habría poco más de 130.000 personas trabajando en hogares sin estar afiliadas al sistema y, por tanto, sin cotizar por sus derechos.

Si bien esta cifra ha disminuido drásticamente desde que se ampliaron las prestaciones y derechos de estas trabajadores en 2012. Con anterioridad, a mediados de 2008 el INE detectó el mayor número de ocupadas como empleadas de hogar: más de 700.000, de las que solo 282.471 cotizaban a la Seguridad Social.

Otra de las opciones que barajan los expertos consultados por este periódico es que se haya producido un trasvase de trabajadores del régimen del hogar al de cuidadoras no profesionales de personas dependientes, dado que el Estado ha vuelvo a cotizar por ellas. Desde el pasado abril las cotizaciones sociales de estos convenios corren a cargo de la Administración General del Estado y no generan coste alguno al cuidador no profesional.

La principal ventaja para los cuidadores no profesionales, también mayoritariamente mujeres, es que de esta forma los años dedicados al cuidado de la persona dependiente se integran en su vida laboral y contribuyen a generar derecho a prestaciones como la de jubilación o la de incapacidad permanente.