Las eléctricas acusan a Teresa Ribera de ‘intervenir’ el mercado eléctrico

El impacto que puede tener esta medida en el sector eléctrico alcanzaría los mil millones de euros anuales y, según Transición Ecológica, la factura de los consumidores podría ser un 5% más barata.

De momento, las empresas del sector fueron penalizadas ayer en la Bolsa. Endesa cayó un 5,71% , Iberdrola un 2,74%, Acciona un 2,68% y Naturgy un 0,19%.

Fuentes de las empresas eléctricas afectadas, entre las que se encuentran Endesa, Iberdrola y Naturgy, han denunciado que es una medida que supone en la práctica «una intervención en el mercado eléctrico que pone en riesgo el futuro del Plan Nacional de Energía y Clima. Y recuerdan que «cualquier propuesta de poner un techo a la retribución de las nucleares e hidroeléctricas tendría que ser aprobada en Bruselas, donde no será fácil justificar la penalización de estas tecnologías no emisoras de gases (introduciría una limitación de su competitividad)».

Además, un toque a la retribución de las nucleares con esta posible propuesta «podría arriesgar el protocolo firmado por las empresas con Enresa sobre el cierre ordenado de las plantas nucleares ».

Con esta medida, el Ministerio trata de rebajar los costes de la electricidad en el mercado mayorista, que actualmente están en niveles históricos. El precio medio ha vuelto a subir en mayo, alcanzando los 67,12 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone un incremento del 215,85% respecto al mismo mes de 2020 y un 3,23% más que en abril de este año. Además, el precio medio de los cinco primeros meses de este año es de 53,25 euros el MWh, el más caro desde 2008 (62 euros), según datos de OMIE, el gestor de ese mercado.

Lo que pretende el departamento que dirige Teresa Ribera es que las nucleares e hidroeléctricas, cuya electricidad es la más barata, no se beneficien de los precios que marca el gas natural en dicho mercado mayorista. El gas es la última tecnología que entra y, además de ser la más cara, es la que determina el precio de todas las demás tecnologías (nuclear, eólica, hidroeléctricas, etc...). Es decir, que las nucleares e hidroeléctricas (todas anteriores a 2005, año en el que se creó el mercado de CO2) verán mermados notablemente sus ingresos.

La propuesta no afecta a ninguna planta posterior a 2005, a las que cuenten con retribución regulada, a las que se acogen a las subastas ni a ninguna iniciativa de inversión presente o futura, según fuentes del ministerio.

Desde RBC Capital Markets apuntaron ayer que «es probable que el PNV esté en contra de este anteproyecto de ley. Tenemos dudas de que esta medida alcance el apoyo político suficiente para ser aprobada». Además, «creemos que es probable que las eléctricas españolas luchen contra este reglamento en los tribunales y, por ejemplo, podrían argumentar que esta propuesta va en contra del acuerdo nuclear».