La eléctrica pública de Colau, casi sin clientes tres años después

Según las últimas cifras difundidas por el Ayuntamiento en mayo de este año, la compañía eléctrica pública de Barcelona da servicio en estos momentos a 3.651 clientes particulares de la ciudad y su área metropolitana. Muy lejos de los hasta 20.000 clientes a que aspiraba llegar Colau con una de sus propuestas estrella tras alcanzar la alcaldía. La iniciativa ha intentado compensar este escaso éxito enchufando a su sistema miles de equipamientos públicos (4.680 edificios) y ampliando su servicio a otras ciudades cercanas a la capital.

A pesar de todos los esfuerzos, los números que ofrece en estos momentos la energética pública barcelonesa son muy justos si se tiene en cuenta que solo en la capital catalana viven 1,6 millones de personas. Cuantitativamente, la alcaldesa ni siquiera ha conseguido llegar con su iniciativa a una pequeña parte de sus propios votantes (156.000), en principio, partidarios de una propuesta que también han copiado en Cataluña otros partidos como la CUP . Tampoco en términos de ahorro la diferencia es destacable. La propia compañía promete un ahorro anual de unos 80 euros de media en el caso de clientes particulares.

Conscientes de su margen de mejora, desde Barcelona Energía se ha intentado aprovechar el enfado causado en buena parte de la población por los recientes incrementos del precio de la luz para acercarse a nuevos usuarios. De hecho, este mes de enero la empresa destacaba que el incremento en la factura eléctrica había multiplicado hasta por ocho el número de contrataciones diarias que habían hecho en plena ola de frío. «Nuestra vocación es estar al servicio de la ciudadanía con un producto tan esencial como es el de la energía, y lo hacemos desde la calidad y la transparencia. Nuestro objetivo no es el beneficio económico, sino el bienestar de la ciudadanía y gestionar la energía como servicio público», destacó entonces el director de la empresa, Iu Gallart . Siete meses después, y con Barcelona azotada en estos momentos por una inclemente ola de calor, la oposición critica que lejos de facilitar unos precios más competitivos y compensar el reciente incremento del precio de la energía -que esta semana ha marcado nuevos récords- la eléctrica municipal no rebaja sus tarifas.

«El ejemplo de Barcelona es un fracaso absoluto . La eléctrica municipal de Ada Colau no es ni más barata ni más ecológica que el resto de empresas eléctricas, de hecho, la tarifa que ofrece de base es más cara que la de las compañías privadas», lamentó ayer la líder de Ciudadanos en el Consistorio, Luz Guilarte . Sobre la cuestión de los precios, fuentes municipales consultadas por ABC no confirmaron ni desmintieron que la compañía eléctrica pública haya repercutido en sus clientes los últimos incrementos tarifarios provocados por el aumento incesante del precio del kilovatio hora (kWh) y destacaron que Barcelona Energía está redoblando en los últimos tiempos los esfuerzos que hace para acompañar a particulares y empresas para que reduzcan su factura con medidas de ahorro y eficiencia energética.

Paralelamente a lo ocurrido en Barcelona -donde la iniciativa tiró adelante con el respaldo de todos los partidos y la única abstención del PP- el debate sobre la eventual creación de una empresa estatal de energía siguió causando polémica ayer tanto en el Gobierno como con Unidas Podemos , máximos defensores de la intervención en el mercado eléctrico y la creación de una nueva compañía estatal.

Por un lado se pronunció la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, quien afirmó que no es cierto que se debata en el seno del Gobierno la posibilidad de hacer una eléctrica pública y encuadró la propuesta lanzada esta semana por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la necesidad de crear una nueva empresa pública dedicada a gestionar las concesiones hidroeléctricas que vayan liberándose con el fin de poder reducir la tarifa de la luz. En la misma línea se expresó también el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien añadió que se trata de un proyecto «a medio plazo» en el que debe primar la seguridad jurídica. En paralelo, Unidas Podemos siguió presionando y su portavoz Enrique Santiago exigió pasar «de las palabras a los hechos».