Efectos contraproducentes del IPC, también para el Estado

El primer impacto de una inflación tan elevada es que se reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos que, lógicamente, recortan su consumo. Y este recorte se traduce, directamente, en menos crecimiento económico. Esta misma semana el Banco de España y la Airef han rebajado sus previsiones. Según el supervisor bancario, España crecerá un 4,5%este ejercicio, y menos optimista es la autoridad fiscal que cree que el avance será del 4,3%. Estas cifras, muy por debajo de la previsión con la que se elaboraron los Presupuestos y que todavía mantiene el Ejecutivo, el 7%, suponen que al cierre de este año 2022 España todavía no habrá recuperado todo lo perdido durante la pandemia. Y si hay menos actividad, también se recaudará menos, porque las ganacias de la inflación son a actividad constante.

Este año, el impacto de la inflación en el déficit público será prácticamente neutro, apenas se traducirá en una décima más. Los mayores ingresos en impuestos compensarán el aumento de los gastos en pensiones, salarios y contratos públicos. Si la inflación persiste, en años venideros el impacto será mayor

Otra de las consecuencias de la inflación, en este caso negativa para la administración, es que puede disparar el gasto público y, sobre todo, tras volver a ligar la subida de las pensiones al IPC. Según los cálculos de la Airef, cada punto que suba la inflación costará 1.500 millones de euros en pensiones, lo que significa que en 2023 el Estado tendrá que destinar unos 7.000 millones a este menester. Y veremos a ver qué ocurre con los empleados públicos. El hecho de que el Gobierno, con un amplio apoyo parlamentario, haya aprobado garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas da pie a que los trabajadores, bien del sector público, bien del privado, exijan lo mismo. Es fácil de argumentar. No tiene sentido que se les suba la prestación a los pensionistas mientras que los que tienen que sufragarlas, los trabajadores, se ven abocados a tener mínimas subidas salariales y, en cualquier caso, a perder poder adquisitivo.

Probablemente cuando se tomó esa decisión y todos los grupos parlamentarios apoyaron en el Pacto de Toledo por esta medida no pensaron en que les iba a traer problemas tan pronto. En ese momento la inflación estaba en tasas negativas o era casi mínima y a nadie se le ocurrió pensar que podría dispararse como lo está haciendo. Pero sinceramente, en la situación actual hacer que la crisis la paguen solo los trabajadores dejando al margen a los más de nueve millones de pensionistas no parece ni equitativo ni siquiera posible. La ley está ahí y está para cumplirla, dirán algunos, pero también estaba ahí en 2010 y Rodríguez Zapatero tuvo que congelar las prestaciones por primera vez en la historia para poder afrontar la crisis.

Además de salarios y pensiones públicas, la inflación también eleva el gasto en bienes y servicios de la administración, ya que a medida que se van cumpliendo los contratos, habrá que pagar más para renovarlos. Así que el IPC, aunque al principio parezca muy positivo para el Estado, acabará dándole quebraderos de cabeza.