Economía utilizará a joyeros y banqueros para seguir los pasos a las fortunas rusas

El esquema punitivo ideado por Bruselas para atacar el bolsillo de las élites rusas, y que básicamente les impide realizar casi cualquier movimiento de dinero o de activos en dirección a su país de origen, deja a los países miembros la responsabilidad de hacer cumplir las sanciones.

Y el Gobierno español ha decidido enmarcar el asunto en dos de las normas más severas del ordenamiento jurídico doméstico: la ley orgánica de Represión del Contrabando y la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo.

La elección gubernamental le va a permitir, entre otras cosas, activar un potentísimo circuito de información para conocer cualquier movimiento sospechoso, ya que obliga a los colectivos profesionales antes mencionados y a otra docena de perfiles profesionales que la norma califica como especialmente expuestos a operaciones de blanqueo de capitales a informar a la Secretaría General del Tesoro, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, o al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) a comunicar cualquier movimiento o indicio potencialmente sospechoso.

Hasta ahora, ese flujo de información sólo debía producirse cuando se detectara un indicio de blanqueo o financiación de actividad ilegal, pero desde hace unos días estos profesionales también tiene la obligación de informar de cualquier movimiento tras el cual pueda esconderse un intento de enviar recursos a Rusia.

El soporte jurídico dispuesto por el Gobierno obliga, de forma explícita, a este amplio abanico de colectivos a examinar «con especial atención toda operación o pauta de comportamiento compleja, inusual o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios de simulación o fraude» y castiga con sanciones que oscilan entre 60.000 y 150.000 euros la omisión de información, en función de la gravedad de la misma.

El Gobierno pretende asegurar de este modo el cumplimiento estricto de las ‘medidas restrictivas’ impuestas por Europa a Rusia, que en otros países como Francia o Italia ya han dado lugar a algunas actuaciones expeditivas como el embargo de yates de lujo o la paralización de cargueros sobre los que pesaba la sospecha de mover productos prohibidos procedentes o con destino a Rusia en los puertos.

Fuentes del Gobierno aclaran que en España todavía no se ha tenido que realizar ninguna actuación de esa naturaleza , pero también aseguran que los servicios de vigilancia aduanera, las autoridades portuarias, el Banco de España y todos los servicios implicados en la vigilancia del tráfico mercantil y financiero están en alerta para evitar cualquier intento de enviar fondos u activos a Rusia.

El elemento de cierre de ese dispositivo es el marco legal. Las empresas o personas físicas residentes en España que pretendan eludir el bloqueo financiero y comercial impuesto por la Comisión Europea a la Federación Rusa se encontrarán, de ser descubiertas, con uno de los regímenes sancionadores más severos de toda Europa, según subrayan fuentes jurídicas.

Intentar ‘colar’ mercancías prohibidas - las medidas restrictivas impuestas por la Unión Europea afectan a una lista de momento limitada de mercancías, entre el que lógicamente se encuentra el material militar y también los componentes para refino de petróleo - en Rusia en el actual contexto sería considerado como un acto de contrabando que puede sancionarse con penas de prisión de 2 a 5 años y con multas económicas que puedan llegar hasta el 350% del valor de las mercancías movidas ilegalmente. El régimen sancionador de la Ley de Contrabando prevé la suspensión temporal de la actividad y en último caso hasta el cierre de la empresa.

Realizar operaciones financieras con Rusia también está penalizado. Según las fuentes jurídicas consultadas, en este caso las sanciones son únicamente de naturaleza administrativa, no penal, aunque las multas pueden llegar hasta los diez millones de euros y los administradores y directivos de las entidades financieras implicadas corren el riesgo de ser considerados responsables de las irregularidades que se detecten. Todo movimiento debe ser autorizado previamente por la Secretaría General del Tesoro para cumplir con las restricciones impuestas por la Comisión.