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La economía sumergida mueve más de cuatro millones de empleos

Un informe de Asempleo cifra en 80.000 millones del euro el impacto sobre el PIB en España de esta actividad oculta

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«Casi cinco millones de parados y la sociedad no ha estallado, es evidente que hay economía sumergida», dicen los expertos consultados por ABC. Aunque es difícil de cuantificar por su propio carácter oculto, según el informe que anualmente realiza el profesor austriaco Friedrich Schneider sobre la economía sumergida en Europa, se calcula que en España esta economía, también llamada «negra» o «B», equivale a un 18,2% del PIB (unos 200.000 millones). Un porcentaje, sin embargo, que es inferior al 19,5% registrado en 2009, el pico más alto de la crisis. El dato actual está también por debajo de la media europea (18,8%) pero queda muy lejos, por ejemplo, de Alemania (12,2%), Francia (12,3%) o Reino Unido (9,4%).

Lo que más llama la atención es el elevado peso del fraude laboral, que alcanzaría a cuatro millones de empleos, lo que equivale al 9% de toda la población, más de un 13% de la población comprendida entre los 16 y los 65 años y un 18% de toda la población activa, según un informe elaborado por Asempleo, la patronal de las agencias de colocación.

Detalla en su informe que si solo extrajéramos a la cohorte de empleos sumergidos que se han producido directamente por fraude laboral -aquel en el que empleador y el empleado no pagan Seguridad Social e impuestos- estaríamos hablando de 1,3 millones de empleos efectivos, lo que supone alrededor de 80.000 millones de euros de impacto sobre el PIB. Es decir, serían personas que oficialmente se han declarado como desempleadas, y el resto serían trabajadores con alguna actividad laboral reconocida pero que realizan una parte de la misma sin declarar.

¿Con qué armas combatir el empleo oculto? La fórmula de traspasar esa economía informal a la formal es complicada, dice José Ramón Pin Arboledas, profesor de IESE. Explica que «para hacerlo es útil reducir las barreras que dificultan su desaparición, en particular, los costes que gravan el trabajo como las cotizaciones de la Seguridad Social, pero también el IVA o el IRPF; también la reducción de los costes de despido, un coste oculto que se tiene en cuenta al contratar legal o ilegalmente».

Pin precisa que tampoco hay que olvidarse de la inspección de Hacienda y de Trabajo y de los procesos de penalización y multas como un elemento a no despreciar en la reducción del trabajo ilegal. Añade que es necesario concienciar a la ciudadanía sobre «el coste que tiene la falta de ingresos públicos y dar vías para la denuncia de situaciones laborales ilegales con poco riesgo para el denunciante».

Por último puntualiza que hay un sector más complicado que es el del trabajo delictivo para lo que las fuerzas policiales deben estar preparadas para combatirlo.

Los estudios sobre los motivos que inducen a una parte de la sociedad a buscar distintas vías para obtener ingresos, muchas veces, fuera de los límites de la legalidad, son diversos. Asempleo destaca que la crisis dejó a una parte de la población en una situación precaria (1.766.300 de hogares con todos sus miembros en paro, 3.352.900 paro de larga duración), «lo que ha conducido a numerosas personas a priorizar la urgencia en la consecución de recursos».

Empleos «precarios»

Precisa, sin embargo, que una de las causas que más peso tiene en nuestro país a la hora de optar por un puesto de trabajo no declarado es el rechazo a realizar un empleo «precario». «La utilización correcta de las fórmulas legales existentes en España para facilitar la flexibilidad -dice- podría canalizar y facilitar la regularización y el afloramiento de grandes bolsas de empleo irregular o no declarado».

Los expertos internacionales, entre ellos la UE y la OCDE, coinciden en afirmar que la tasa española de temporalidad es excesiva, incluso teniendo en cuenta la especificidad de nuestro tejido productivo, con altas dosis de estacionalidad. Asempleo reclama mayor control y una gestión profesional de esa temporalidad, que garantice que es causal, real y justificada. Según sus cálculos, un aumento en la tasa de participación de las empresas de trabajo temporal de un 1,75% (actualmente en el 0,5%), produciría un impacto sobre la economía sumergida de un punto porcentual de reducción de PIB que, en recaudación, supondría más de 3.300 millones.

Cotizaciones elevadas

Más control de la temporalidad y menos cotizaciones. En su último informe la OCDE alertó a España de que las altas cotizaciones a la Seguridad Social, así como los elevados impuestos sobre la renta, pueden estar contribuyendo al empleo sumergido. Sin embargo, reconoció que afrontar este reto es complicado por las «considerables» necesidades recaudatorias de España y puesto que la Seguridad Social debe mantenerse en una dirección fiscalmente sostenible para afrontar el envejecimiento de la población. La OCDE reclamó medidas adicionales para incrementar la contratación y fomentar la participación en la economía formal.