La economía social echa raíces

Han nacido por todo el planeta y forman parte de los que unos llaman economía circular, otros emprendimiento social, economía colaborativa, solidaria, comercio justo... Ahora un reciente estudio de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) y el IE University les acuña un nuevo término: «Cuarto sector». El informe («Las empresas con propósito y el auge del cuarto sector en Iberoamérica») analiza la situación de estas corporaciones en siete países que representan el 87% del PIB total iberoamericano (España, Portugal, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México). En ellos existen cerca de 170.000 empresas que buscan un impacto social y medioambiental, que generan un 6% del PIB de la región y dan empleo a casi 10 millones de personas.

«Es lo que en España se conoce como Economía social, regulada en la ley 5/2011, de 29 de marzo», detalla Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes). Como recoge esta normativa, se trata de diferentes formas de negocio: cooperativas, mutualidades, fundaciones y asociaciones que llevan a cabo actividad económica, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores y sociedades agrarias de transformación. Para ser sociales, reúnen una serie de requisitos que les hacen únicos. «Priman las personas, lo social frente capital; tienen una gobernanza inclusiva y democrática; un crecimiento sostenible y con altas dosis de solidaridad; la mayoría de los beneficios se invierten en la empresa o en interés social», detalla Pedreño. «Nuestras empresas —indica— lo que buscan es generar una economía al servicio de las personas y comunidades donde están ubicadas».

Y es que ya no queda otra: o cambia la manera de operar del sector privado, o las generaciones venideras vivirán peor, como ya cree el 91% de la población de nueve países iberoamericanos que han participado en una encuesta de opinión realizada por la Secretaria General Iberoamericana (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, España y Portugal). Es una nueva filosofía que se va extendiendo, como ya acreditan diversos estudios. En países como Argentina, Brasil y España, la mayoría de la población opina que es muy importante que las empresas empiecen a guiarse por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y entre el 76% y el 90% está dispuesta a consumir bienes y contratar servicios de corporaciones que generen impacto. Los millennials sobre todo, que incluso tienen en cuenta el compromiso con la sostenibilidad de una compañía a la hora de aceptar un puesto de trabajo.

Se trata de nueva cultura que está calando profundo. De hecho, ya se están produciendo los primeros efectos. «Hay una fuga masiva de cerebros hacia empresas comprometidas», sostiene Diego Rubio, coordinador del estudio iberoamericano. También el IE asegura que tiene «lista de espera en los cursos y asignaturas que forman y ayudan a crear una startup social». Ante esta realidad, no es de extrañar que muchos ya piensen que «el futuro de las empresas va a estar ligado a este cambio que se está dando entre los consumidores», como advierte Rebeca Grynsspan, secretaria general Iberoamericana.

Sin embargo, este tipo de empresas no lo tienen nada fácil, advierte el informe iberoamericano. «La mitad de estas empresas dejan de estar activas a los doce meses y las que sobreviven no logran crecer como una empresa tradicional y por tanto no tienen el impacto deseado. Prácticamente ninguna logra superar el umbral de los diez empleados a tiempo completo o alcanzar una proyección internacional», exponía Rubio durante la presentación del estudio. En su opinión, «no tienen el marco económico y regulatorio que creemos que es necesario para crecer como sí lo tienen las empresas que priorizan los beneficios frente al impacto». En otra parte de ese informe se cita la necesidad de crear nuevos instrumentos y sistemas de financiación que tengan en cuenta las particularidades de la economía social, ya que «los mecanismos de financiación de las empresas tradicionales no se adecuan a las necesidades de las empresas» con impacto.

En España la economía social ha crecido mucho en los últimos años, refleja la investigación. «Las entidades son muy heterogéneas —reza en el documento— pero cuentan con modelos de negocio sostenibles y de éxito y no han encontrado problemas para financiar su crecimiento orgánico». Según datos de Cepes, bajo ese paraguas operan 42.140 entidades que generan 2.1 millones de empleos directos e indirectos y representan el 10% del PIB. Las cooperativas tienen un gran peso, son cerca de 20.000 y dan empleo a más de 300.000 personas y hay otro 1,1 millón de agricultores y ganaderos asociados en cooperativas.

Cada uno de esos modelos de negocio, que se recoge en la ley de economía social, están regulados. «Hay 17 leyes autonómicas que regulan las cooperativas y lo mismo ocurre con sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción...», detalla Pedreño. Y existe la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020.

También en Europa se están sentando las bases para impulsar este tipo de negocios. Varios países los han regulado, o están en ello. «Francia tiene ley economía social como Bélgica y Portugal. Rumanía, Polonia y Eslovenia están trabajando en ello», apunta Pedreño. En el Parlamento europeo existe un grupo de trabajo de la economía social formado por 80 diputados. Su misión: «Desarrollar acciones de economía social y proponer que se legisle en favor de la economía social». Para muchos el único camino de esperanza que tendrán las generaciones venideras.