Economía prorroga el contrato con PwC para investigar miles de créditos ICO

En marzo de 2020, el Ejecutivo puso en marcha 100.000 millones de euros en avales públicos para garantizar liquidez a empresas y autónomos durante el Covid-19 . El Estado actúa como avalista y la banca concede el crédito. Meses más tarde se sacaron otros 40.000 millones de euros en garantías, pero en este caso el destino del dinero era para inversión. El resultado hasta ahora, según el propio ICO: «A fecha 30 de abril de 2022, conjuntamente las líneas de avales han desplegado avales por importe de 105.452,50 millones de euros que han permitido movilizar 138.501,80 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo en 1.176.752 operaciones, de las que más del 98% han sido suscritas por pymes y autónomos». Estos créditos pueden solicitarse hasta este 1 de junio de 2022, tras las prórrogas decretadas por el Gobierno.

La polémica con los avales estuvo servida desde el principio, por la tardanza en su puesta en funcionamiento y por prácticas que utilizaba la banca a la hora de conceder los préstamos avalados. Pocos meses más tarde, en mayo de 2020, el Ejecutivo publicó un contrato otorgado a dedo a la consultora PwC para investigar cómo habían procedido las entidades financieras en la gestión de los créditos.

«El alcance de los servicios se establece para llevar a cabo la comprobación expresa del cumplimiento de las condiciones de elegibilidad, finalidad y destino de financiación, requisitos, condiciones y límites aplicables», reza el contrato, por el que la compañía se embolsa algo más de 800.000 euros . La duración del mismo es de dos años desde la formalización, con posibilidad de tres prórrogas anuales. Este mes de mayo se ha cumplido el plazo ordinario pero ya que aún se siguen suscribiendo y analizando operaciones, el ministerio se ha visto obligado a activar una prórroga anual, aunque esto no conlleva coste para la Administración.

A finales de 2020, el ICO y PwC ya seleccionaron una ronda aleatoria de 6.000 préstamos de menos de 50 millones de euros para investigar su concesión en el marco del contrato. Pero no se han quedado ahí, sino que han continuado seleccionando créditos para analizar durante todo este tiempo, aunque el trabajo de la consultora no ha concluido. Así las cosas, en el informe global que se realice de los préstamos otorgados se incluirá un detalle de conclusiones por cada entidad financiera.

Al mismo tiempo que el encargo a PwC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió en junio de 2021 un expediente a Caixabank, Bankia, Banco Sabadell y Banco Santander «por posibles prácticas anticompetitivas» en la comercialización de los créditos avalados. «La CNMC investiga la vinculación a distintos productos que los bancos habrían exigido como condición para que los clientes pudieran acceder a las líneas de avales ICO Covid. Además analiza la utilización de los créditos como mecanismo para reestructurar deudas financieras preexistentes», informó.

En este sentido, Competencia dice que han estado «perfectamente coordinados con el ICO» en esta investigación y cada cual en su ámbito de actuación.