La economía española, el reto de crecer en un entorno menos favorable

Además, la fiebre proteccionista que parece azotar a medio planeta al calor del avance de los populismos introduce nuevos elementos de incertidumbre. Las citas electorales en países como Francia o Alemania serán determinantes en el año que está a punto de comenzar. Especialmente para una Eurozona cuyo crecimiento sigue al ralentí y que aún registra periódicos momentos de tensión, como el reciente episodio del sistema financiero italiano. Y que aún tiene pendiente la negociación política del Brexit.

Pero al margen de un contexto repleto de incógnitas, los expertos consultados para este reportaje parecen coincidir en que la clave para apuntalar la recuperación se debe interpretar en clave interna. La aritmética electoral ha dibujado un mapa parlamentario que empuja a buscar grandes acuerdos sobre las grandes reformas pendientes (pensiones, financiación autonómica, educación...), pero que también podría acabar provocando justo el efecto contrario. La posibilidad de que se acabe dando marcha atrás en las reformas ya implantadas, como la laboral, no es un escenario improbable.

En este sentido, el FMI en su último informe sobre nuestra economía, reconoce los logros alcanzados en estos últimos años, aunque al mismo tiempo adverte que «es fundamental preservar lo que se ha logrado con las reformas. España debe avanzar más para mantener su dinamismo , reducir las vulnerabilidades y las debilidades que aún existen, por lo que es fundamental centrarse en reiniciar una consolidación fiscal gradual con el fin de situar el alto volumen de deuda en una firme trayectoria descendente, reducir el elevado desempleo estructural y de larga duración y elevar el lento crecimiento de la productividad de las numerosas pymes».

Una prueba de que la coyuntura va a cambiar es que el propio Gobierno ha cifrado la previsión de crecimiento económico en el 2,5% para 2017, y las perspectivas es que en los años siguientes la tónica sea la misma, fruto de que no se esperan cambios sustanciales en la productividad del empleo y en el mencionado desempleo estructural.

La tesis del FMI es que «las reformas aplicadas por parte del Gobierno han atenuado la tendencia a la desaceleración económica estos años y son prueba de que, con medidas estructurales adicionales, se pueden mejorar las perspectivas de crecimiento a medio plazo».

Según la entidad presidida por Christine Lagarde, el Gobierno «puede permitirse un aumento de los ingresos con una reducción gradual de las excenciones del impuesto sobre el valor añadido, de modo que su recaudación se asemejaría más a la de otros países de la UE». En esta receta fiscal, que el Ejecutivo parece haber atendido solo en parte, el organismo de Washington también ve margen para aumentar «los impuestos especiales y las tasas medioambientales, y abordar las ineficiencias y tratamientos diferenciados del sistema tributario. Junto con la reducción ya adoptada de los tipos de los impuestos de sociedades y sobre la renta de las personas físicas, estas medidas recaudatorias permitirían trasladar la carga tributaria de forma favorable al crecimiento, de la fiscalidad directa a la indirecta».

Por el lado del gasto, el FMI plantea «revisiones en profundidad de las partidas de sanidad y educación, al tiempo que se deberían poner en marcha sistemas de protección para los grupos vulnerables y mejorar la eficacia de los programas de gasto directamente dirigidos al empleo y al crecimiento, como las políticas activas de empleo y los destinados a la investigación y desarrollo públicos».

En cuanto a la reforma de la financiación autonómica, una de las eternas asignaturas pendientes de España, el Fondo cree que «sin reforma habrá un serio riesgo para la consecución de los objetivos fiscales, de modo que habría que dar a las Comunidades mayor capacidad de movilización de sus propios ingresos, al tiempo que deberían ligarse las transferencias a los resultados, a fin de incentivar avances en áreas como la aplicación de la Ley de la Unidad de Mercado y las políticas activas de empleo».

Otra de las instituciones que nos vigila de cerca es la Comisión Europea, con el titular de Asuntos Económicos, el francés Pierre Moscovici, a la cabeza. El último informe de Bruselas sobre nuestra economía, publicado en noviembre, advertía ya que el año 2017 será peor y rebajó el crecimietno hasta el 2,3%. En materia de déficit tampoco se mostró más condescendiente ya que cree que el desfase de las cuentas públicas de nuestro país en 2017 alcanzará el 3,8% del PIB y como el objetivo que tenemos fijado es del 3,2% habrá que hacer un ajuste de un 0,6% del PIB, equivalente a 5.500 millones de euros. El Gobierno español se ha mostrado confiado estos últimos meses en que cumplirá las metas impuestas por Bruselas.

Sin embargo, el comisario Moscovici, aseguraba en una reciente entrevista con ABC, que «la Comisión Europea siempre tiene razón en sus previsiones de déficit, como se ha demostrado a lo largo de estos años. En todo caso aún no tenemos los Presupuestos con lo que aún puede haber cambios pero, a primera vista, nuestra diferente previsión tiene su origen en el diferente cálculo que hacemos de la previsión de crecimiento económico y de los ingresos fiscales que se derivan de él».  Al margen de los fríos datos, la Comisión Europea considera que la demanda interna continuará siendo el principal motor del crecimiento económico, junto a la actividad del sector exterior. En cuanto al paro, uno de los problemas casi endémicos de España, la previsión de Bruselas es que continúe rebajándose en los próximos años pero, pese a ello, se situará en el 16,5% de la población activa en 2018, una cifra altísima para este indicador.

Y en todo este marasmo de cifras, los analistas muestran cierto consenso en que hay que seguir adelante con las reformas estructurales ya que, aunque con desigual impacto, han sido positivas por ejemplo en creación de empleo, aunque en este caso no han sido suficientes para reducir la temporalidad y el desempleo de larga duración. En materia de salarios sorprende que la mayoría de los expertos aboga por alzas, siempre y cuando vengan aparejadas de un aumento de la productividad. Los analistas también coinciden en pedir también mayor control en el gasto para que el esfuerzo tributario no ahogue a empresas y consumidores.

Otro de las previsiones en que coinciden es la de los tipos de interés: el actual escenario puede empezar a tocar fin en 2018, de modo que a partir de la segunda mitad de 2017 el Euribor, índice al que se referencian la mayoría de las hipotecas, podría empezar a subir de manera moderada. Al margen de este impacto más bien doméstico, las partidas de financiación de la deuda, tanto pública como de las empresas, también acabarían aumentado significativamente su coste. En otras palabras, uno de los principales factores del viento de cola que empujaba a la economía española se agota. La pregunta del millón es si se podrá seguir creciendo en este escenario más adverso de forma sólida y a un ritmo sostenido que permita seguir creando empleo.