Echar a los okupas de casa, una odisea que puede durar hasta tres años

La okupación de viviendas ha sido un fenómeno al alza durante los años de la crisis. Según datos de la Fiscalía General del Estado , solo entre 2014 y 2015 (último año disponible) se incrementaron un 92%, hasta las 24.164, una evolución que los propios fiscales atribuyen a la situación de dificultades económicas vivida durante los últimos años.

«El margen de maniobra que tiene el propietario es muy limitado», detalla Manuel Gandarias, director del gabinete de estudios de Pisos.com . Gandarias hace hincapié en que lo más importante es denunciar «inmediatamente». Si los okupas no han cambiado la cerradura, la Policía les echará y devolverá la casa al dueño en poco tiempo, pero si la han cambiado, el propietario debe prepararse para un calvario judicial, porque habrá que iniciar un procedimiento judicial por un delito de usurpación.

«Tener okupas es un problema grave, porque no se puede solicitar un desalojo hasta que no se produzca el juicio», explica Nicolás Lerma , letrado de Legálitas , que asegura que la mejor opción que tiene el propietario una vez iniciado el proceso legal es tratar de agilizarlo contratando los servicios de un experto. «Ir acompañado de un abogado no es obligatorio, pero es la mejor opción para tratar de hacer que vaya más rápido».

Otro motivo para contar con un especialista es que puede asesorar al denunciante en caso de que los okupas hayan cometido más delitos, como hurto, robo o daños en el mobiliario. Dependiendo del importe de los daños variará también el plazo de resolución . «Tras poner la denuncia, en el plazo de una semana la policía lo pone en conocimiento del juzgado de guardia, que lo tiene que admitir. Cuando lo admite se pone en la cola del resto de señalamientos, salvo que el juez decida agilizarlo», detalla Lerma. Si no llega a 400 euros será delito leve y la expulsión de los okupas podrá resolverse antes de un año. Si supera esta cuantía, la resolución podría llegar a tardar hasta tres años, ya que habría una fase de diligencias previas.

La situación de cada propietario también puede influir en el plazo de resolución. En el caso de la vecina de El Molar, al tratarse de un alquiler de vivienda habitual, para más inri de tipo social, su proceso podría resolverse por la vía de urgencia. Por contra, el proceso se demoraría más si la casa okupada fuese una segunda residencia. «La okupación de la vivienda habitual se considera allanamiento de morada y el proceso de desalojo va más rápido», coincide Gandarias.

Detrás del incremento de las okupaciones se esconde también la profesionalización de mafias que consiguen los inmuebles, cambian las cerraduras y se encargan de todos los detalles necesarios para hacer que la estancia sea lo más prolongada posible. También es el caso de la vivienda de El Molar, ya que su actual inquilina aseguró, en declaraciones a Efe, haber «comprado» el inmueble a un hombre a cambio de 600 euros en metálico . Solo en Madrid hay más de mil inmuebles gestionados por este tipo de mafias de los más de 5.000 que permanecen okupados.

Estas bandas, que pueden optar por «alquilar» el inmueble a cambio de mensualidades de hasta 300 euros, también se encargan de reponer los suministros si el legítimo propietario decide cortarlo, a cambio, eso sí, de pagos de entre 50 y 60 euros dependiendo de si el servicio es de agua, luz o gas.

Pese a la frustración que supone la okupación de la vivienda, los expertos aconsejan no enfrentarse directamente a los okupas y, mucho menos, tratar de entrar en la vivienda por nuestros propios medios. « Mucho cuidado con intentar cambiar la cerradura o tratar de sacar a los okupas de casa nosotros mismos, ya que podríamos incurrir en delitos como la retención ilegal», detalla Lerma, que insiste en que la mejor opción es esperar al desenlace legal del conflicto y, una vez expulsados los okupas, coger todos los medios de prueba suficientes para cuantificar los daños registrados.