El expresidente de Banco Popular, Emilio Saracho
El expresidente de Banco Popular, Emilio Saracho - ABC

Doce meses sin despejar las incógnitas del caso Popular

El informe final de Deloitte sobre el valor del banco aún no ha visto la luz y la UE sigue sin reforzar el sistema de liquidez para procesos de resolución

MadridActualizado:

La próxima madrugada del 6 al 7 de junio hará un año que se intervino el Popular y se vendió de forma exprés y por un euro al Santander. Los doce meses que han transcurrido desde entonces no han servido en todo caso para arrojar demasiada luz sobre cuán solvente era el banco antes de su caída, para que los organismos de resolución publiquen documentos clave sobre esa operación, para que la Justicia esclarezca las primeras responsabilidades y tampoco para tomar medidas que mejoren el mecanismo por el que se resolvió la entidad y que durante su aplicación ha evidenciado debilidades.

La dirección del que fuera sexto banco del país se dio cuenta ese día de que, ante la fuga masiva de depósitos que sufría el grupo por las dudas sobre su solvencia, a la mañana siguiente no podría abrir sus oficinas para atender a los ahorradores y pidió al BCE la intervención. Y se lamentaba de que este, a través del Banco de España, solo le había concedido 3.500 de los 9.500 millones de euros de liquidez de emergencia que había solicitado, línea de ayuda que está pensada para bancos en apuros.

Un año después de la intervención aún no se ha aclarado el volumen de garantías con que contaban para solicitar esa liquidez de urgencia. ¿Contaba realmente con los 40.000 millones de colateral que decía el equipo gestor del expresidente Ángel Ron? Más allá de esta incógnita, la imposibilidad de acceder a ese recurso implica otra preocupante realidad: la nueva estructura de la unión bancaria carece aún de un prestamista de última instancia para estos casos. Y lo que es más grave: siendo consciente de ello, y teniendo en cuenta la rapidez con que una crisis de confianza se puede llevar por delante un banco, como demostró el caso Popular, este fallo de diseño en el mecanismo de resolución aún no ha sido resuelto.

¿Y si cae otro banco?

Es algo que se admite en el seno de la propia autoridad que gestionó la intervención del Popular. Uno de los directores de la Junta Única de Resolución (JUR), el español Antonio Carrascosa, advirtió la semana pasada en un acto en Luxemburgo que puede darse el caso de entidades sin problemas de solvencia, pero que debido a un problema de confianza se desencadene una crisis y tenga que ir a resolución por la ausencia de ese sistema que garantice la liquidez en plena resolución.

Doce meses después de aplicar por primera vez las herramientas de resolución y detectado ese problema, las autoridades comunitarias solo han comenzado a reflexionar sobre cómo atajarlo –hablan de una suerte de corralitos temporales–, pero no han aprobado ninguna medida al respecto.

«Si Europa quiere una unión bancaria creíble y fuerte, tendrá que fortalecer y recuperar la confianza en el régimen de resolución, que es uno de sus principales pilares», señala Richard East, socio director de Quinn Emanuel y representante legal de grandes fondos de inversión bonistas del Popular como Pimco y Anchorage Capital y que denuncia que «aún no se tiene pleno acceso a la información que la JUR y la Comisión Europea emplearon para poner en marcha la resolución, y continúan los esfuerzos de ambos organismos para entorpecer y restringir el acceso a la misma».

Esa forma de resolver la entidad; la filtración de la presidenta del organismo, Elke König, sobre una intervención temprana del banco, y la negativa de esta autoridad a publicar todos los datos en que se basó la decisión ha provocado una oleada de recursos de ci entos de accionistas y bonistas del Popular contra la decisión.

El FROB, que ejecutó la orden de la JUR, acumula 259 recursos ante la Audiencia Nacional, pero esta no se pronunciará hasta que lo haga el Tribunal General de la Unión Europea sobre los 99 recursos que suma en su caso contra la JUR. Aunque la Justicia europea ha elegido de esos 99 los 6 más significativos a partir de los cuales sentará jurisprudencia para acelerar el proceso, fuentes jurídicas conocedoras de esos recursos estiman que el tribunal podría tardar en torno a un año y medio en pronunciarse.

Inversores afectados

Lo que los inversores afectados están reclamando aún de las autoridades es más información sobre cómo se determinó el valor del Popular de cara a su resolución, entre otros datos. Solo tras la presión de los afectados, del Gobierno español y de hasta el Congreso de los Diputados, la JUR hizo públicos documentos sobre la valoración que hizo la firma de auditoría Deloitte del Popular, que lo tasó entre -8.200 y 1.300 millones, pero con partes censuradas alegando motivos de confidencialidad.

«Prácticamente no ha respondido usted a ninguna pregunta. Ha perdido una oportunidad única para tranquilizar a los 300.000 accionistas del Popular y al conjunto de los ciudadanos españoles respecto a que las cosas se hicieron bien», abroncó la diputada Ana Oramas, presidenta de la comisión de investigación de la crisis financiera el Congreso de los Diputados, a König, que compareció en el Parlamento.

Esa falta de transparencia es la queja principal de los inversores y ahorradores afectados. «Es llamativo que un año después de la resolución, la JUR, el Gobierno español y el Santander sigan dedicando esfuerzos para evitar la transparencia respecto a la resolución y la base sobre la cual se ordenó», dice Javier Rubinstein, abogado del bufete Kirkland & Ellis, que representa a los inversores mexicanos encabezados por el ex consejero del Popular Antonio del Valle que llegaron a tener más del 4,5% del capital social.

En este sentido, Europa aún no ha publicado el informe final encargado a Deloitte para que valorase si la liquidación hubiese sido más o menos cara que la resolución, lo que podría determinar si los afectados deberán ser compensados, aunque lo lógico es que su conclusión es que la resolución fue la mejor opción. Aunque König dijo que Deloitte debía entregar esa valoración lo antes posible y apuntó al pasado abril como posible fecha, once meses después aún no está listo. «Si no hay plena transparencia y un enfoque independiente en la elaboración del informe, la legitimidad de la resolución será altamente cuestionada», dice East.

Despachos de abogados implicados en el caso Popular explican que si vuelven a recibir información parcial, podrían recurrir de nuevo ante el Tribunal de Luxemburgo solicitando más datos. Otros bufetes que representan a grandes inversores, como Quinn Emanuel, ya han recurrido a la Justicia de EE.UU., donde el Santander tiene negocio, para tratar de obtener más información por esa vía.

Primeras sentencias

A la espera de que los altos tribunales sienten jurisprudencia, los juzgados de primera instancia ya han comenzado a dictar las primeras sentencias respecto a los cientos de reclamaciones de pequeños inversores del Popular por la ampliación de capital de 2016, dando en la mayoría de las ocasiones la razón a los ahorradores y condenando a l banco a indemnizarles.

El argumento de los jueces es que la entidad acudió a los particulares y al mercado para captar recursos publicitando una situación financiera que al final se demostró que distaba mucho de la real, y establecen un paralelismo con el caso Bankia, que seis años después aún está pendiente del juicio oral, lo que anticipa lo que también se puede demorar la causa del Popular.