División en el campo por la Ley de la Cadena Alimentaria

El plátano y las cooperativas piden flexibilidad en la fijación de los precios

Recogida de plátano en Canarias Desireé Martín

07/01/2021
Actualizado a las 02:24h.

Nadie cuestiona el espíritu de la segunda reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria en un año . Una modificación que inicia la próxima semana su tramitación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados ... , con las comparecencias de los principales representantes del sector agroalimentario. Con esta modificación se traspone la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales. Sin embargo, a la hora de descender a los detalles, entre los productores hay diferencias: Sectores como el del plátano o parte de la actividad cooperativa cuestionan que se puedan fijar los costes de producción de forma homogénea, y que los precios que perciben los agricultores y ganaderos tengan que superarlos siempre. En cambio, desde Asaja o UPA, apuestan por profundizar en esta vía y aprovechar esta «oportunidad histórica».

Por su parte, la C omisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un informe publicado el 2 de septiembre, advertía que «la norma no aclara a quién corresponde la responsabilidad (comprador/vendedor) de verificar que se cumple con el coste efectivo de producción» y hablaba de que esto afectaría a la «seguridad jurídica de las transacciones». En concreto, la presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA) Ángela Delgado explica que los productores de plátano - unos 8.000 y que generan 12.000 empleos directos - se muestra a favor de que, «sin perjuicio de otros subsectores», en momentos de sobreproducción pueda haber «excepciones» a la Ley. Lo que justifica en que «la banana nos limita, ya que esta a mitad de precio» y denuncia que las multinacionales «mandan el sobrante que no colocan en Europa a España ».

Según un informe elaborado por ASPROCAN (Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias) en noviembre, si se aplica estrictamente lo referente a la fijación de precios, estiman unas pérdidas de 259 millones de euros en cuatro años y que más del 30% de la producción se quede sin comercializar y que la banana ocupe parte de la cuota del plátano (96% en España).

Desde esta asociación, su presidente Domingo Martín defiende que la reforma debe «atender a las características de cada sector» y, cree que «generalizar no suele ser una buena solución». En este sentido, advierte que «en nuestro caso la normativa aplicada nos resta competitividad» frente a la banana. Martín avisa de que tendrán que asumir más pérdidas y lamenta que la reforma no aborde aspectos como «una mayor competencia real en la distribución alimentaria minorista». También, desde el ámbito cooperativo, dudan sobre la imputación de los costes de producción y la formación de los precios. El director general de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía , Javier Martínez - Conradi, ve «muy difícil entender cómo se van a calcular, si no lo hace una administración, aplicable a toda España» y como ejemplo, cita la diferencia de costes entre una hectárea de olivar tradicional e intensivo.

En su opinión, hay que poner el acento en la entrada de los productos de terceros países y la promoción de los nuestros.

«Cambio cultural»

Una opinión muy distinta tienen las organizaciones agrarias como Asaja, COAG o UPA , que apoyan la norma o que se de más funciones a la AICA (Agencia de Información y Control Alimentación).

Desde Asaja, su presidente Pedro Barato pide «más instrumentos» para profundizar en el «reparto equitativo del beneficio en los diferentes eslabones». Para ello, propone que haya «baremos» (universidades, institutos, ...) que hagan de «referentes» de los costes de producción» y asegurar la confidencialidad de quien denuncie. En cualquier caso, Barato se muestra abierto a debatir la situación de determinados sectores que se demuestre que padecen «dumping» por la competencia de terceros países.

Por su parte, la vicesecretaria general de UPA Montse Cortiñas , cree que la reforma representa «un cambio cultural y reconoce las «resistencias» de algunos sectores a la norma. «Lo que no puede ser, es que la actividad agraria no sea considerada desde el origen una actividad rentable», protesta Cortiñas quien considera «importante» que la Ley de la Cadena se cumpla «con toda la rotundidad». Preguntada sobre si se pueden medir los costes de producción de una forma homogénea, la representante de UPA, apunta que hay una serie de facturas fijas como los salarios, el agua o los fertilizantes .