Estampida de ejecutivos de Repsol a Madrid

La situación para los españoles que continúan trabajando en YPF es insostenible. Todos han recibido instrucciones de Repsol para que regresen lo antes posible. El departamento de análisis de riesgos de la compañía, -y el sentido común-, no descartan una caza de brujas. Hay temores de que el Gobierno argentino intente exponer a los ejecutivos españoles como delincuentes comunes frente a la opinión pública. "Ya están hablando de doble contabilidad y es falso. Se viene un proceso de demonización brutal", advierte una fuente de la empresa.

En lista de espera para su repatriación, sin prisa pero sin pausa, se encuentran otras 44 familias con diferentes destinos dentro de Argentina. Buena parte desperdigados entre Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y otras provincias de las diez que tienen yacimientos de YPF.

Mudanzas, matrículas escolares para los hijos y las dificultades propias de un traslado de más de doce mil kilómetros, se atraviesan en la operación salida de los españoles que, hasta hace una semana, desempeñaban sus trabajos para la petrolera.

La intervención de la compañía mediante Decreto de Necesidad y Urgencia así como el asalto al edificio de la sede de YPF Repsol vino acompañada de un proyecto de ley de expropiación pero también de otra sorpresa de última hora. El piso de Antonio Brufau en la capital argentina, recibió la visita de un funcionario, vestido de paisano, que dijo ser portador de la notificación oficial de expropiación del Gobierno. El individuo, una vez en el interior del piso, comenzó por su cuenta a recorrer los salones (a la derecha de la entrada), el comedor (a la izquierda) así como el resto de las dependencias donde hasta hacía muy pocos días Antonio Brufau había estado acompañado de su mujer. De cada una hacía tantas fotos como se le antojaban. La empresa recuerda que "se cometió un delito, únicamente un juez puede ordenar el registro de un domicilio".

El edificio, clásico, se encuentra en el corazón del señorial barrio de la Recoleta. La compañía, que considera el hecho un allanamiento de morada, recuerda que estaba alquilado a nombre del propio Brufau aunque la garantía la ofrecía, como es habitual en estos casos, la petrolera