La Fiscalía pide dos años y cuatro meses de cárcel para Díaz Ferrán

Los hechos se remontan a noviembre de 2000, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) compró el 99,2 por ciento de las acciones de Interinvest, sociedad que a su vez era propietaria del 92,1 por ciento del capital de Aerolíneas Argentinas, la compañía de bandera del país sudamericano, que en aquel momento arrastraba pérdidas. El escrito de la Fiscalía destaca que el 2 de noviembre de 2001 la SEPI vendió a sus acciones en Interinvest a Air Comet por el precio de un dólar estadounidense. Este contrato fue firmado por Ignacio Ruiz-Jarabo, presidente de la SEPI, y Díaz Ferrán, Mata Ramayo y Pascual en nombre de Air Comet y las sociedades Segetur, Transporte de Cercanías y Autobuses Urbanos del Sur. El contrato estipulaba que la SEPI asumía los pasivos de 300 millones de dólares contraídos por Aerolíneas Argentinas y la compañía de vuelos domésticos Austral. La sociedad estatal aportó dicha cantidad en una cuenta de la sociedad Interinvest para el pago de las deudas. Según el fiscal Carballo, los tres acusados pagaron con este dinero deudas por valor de 272,87 millones de dólares, unos créditos que quedaron cedidos a Air Comet con el compromiso de aportarlos posteriormente al capital social de Aerolíneas Argentinas. Esta operación hizo que el dinero aportado por la SEPI a la compañía española se considerara beneficio, por el que, según el Ministerio Público, Díaz Ferrán y sus socios debían de haber declarado una cuota de 99,04 millones de euros de Impuesto de Sociedades , algo que no hicieron. El representante de la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita, además de la pena de prisión y de la indemnización, que se imponga a los acusados la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cinco años.