Díaz contraataca a las críticas de CEOE con una propuesta de reforma aún más dura

El nuevo documento, al que ha tenido acceso este diario, introduce además una propuesta de regulación de los ERTE permanentes -con los que se quiere dotar de flexibilidad a la economía para sortear las crisis- aunque introduce la exigencia del compromiso por parte de la empresa de mantener el empleo de las personas trabajadoras afectadas. La norma bautiza a este paraguas como el «Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo» y establece que todas las empresas podrán acogerse al mismo «cuando, por razones de carácter imprevisible, ajenas a la voluntad empresarial, cualquiera que sea su causa, vean impedido o limitado el desarrollo normalizado de su actividad en alguno de sus centros de trabajo».

La obligación de mantener a las personas acogidas en ERTE ha sido una de las grandes luchas de la patronal durante las negociaciones para prorrogar este mecanismo de protección, al que aún siguen acogidas más de 4,5 millones de trabajadores .

Además, tras las restricciones a los temporales -que en principio solo podrían ser utilizados para cubrir bajas y picos de demanda imprevistos- se plantea que los contratos fijos discontínuos se firmen para «trabajos de naturaleza estacional o vinculados a campañas , para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero con fechas de llamamiento cierto aunque indeterminado». Estas nuevas condiciones coinciden con la eliminación de contrato fijo de obra , muy usado en la construcción, y que está vinculado a la duración del trabajo asignado.

Otras de las propuestas que menos ha gustado en la orilla empresarial ha sido el coto impuesto a la modificación sustancial de condiciones de trabajo , uno de los sellos de identidad de la reforma del 2012 y que permite a las empresas modificar condiciones de los contratos siempre que estas hayan soportado una caída continuada de la actividad durante varios trimestres. La propuesta de Trabajo endurece sustancialmente esta baza empresarial: pide incorporar a los sindicatos al proceso , exige una mayor justificación de los hechos que motivan los ajustes y limita su duración , pues establece que «no podrán prolongarse más allá del periodo que resulte justificado en virtud de la causa alegada».

Las negociaciones entran ahora en un momento clave pues el Gobierno quiere tener lista la nueva norma antes de final de año. Esto supone el trámite parlamentario debería comenzar en torno al mes de septiembre para que pudieran cumplirse los plazos, lo que a su vez obliga a acercar posturas a lo largo del verano. Un escenario que, de momento, está muy alejado de la realidad, donde las posturas siguen muy enfrentadas.

El documento presentado por la CEOE criticaba por «intervencionista», «marxista« y «regresiva» la propuesta de Trabajo y señalaba que los problemas de temporalidad y precariedad que sufre la economía española no son fenómenos equiparables. Según CEOE, todos los países cuentan con márgenes de temporalidad «imprescindibles para afrontar la actividad normal de las empresas, con elementos de flexibilidad suficientes para garantizar la competitividad a nivel global. De ahí -prosigue- que el promedio de temporalidad en la UE se sitúe en torno al 14% sin merma de derechos».

Remarcaban los empresarios, sin embargo, que en España la temporalidad proviene en su mayoría del sector público , cuya tasa, del 30,4%, supera ampliamente la del ámbito privado, del 22%, y denunciaba que su incidencia entre las mujeres es doce puntos superior a la de los hombres, 35,8% frente al 23%. Puntualizaban además que «a diferencia del sector público, la temporalidad en el privado responde a causas muy concretas» y que «las características productivas de nuestra economía, muy dependiente de actividades estacionales o cíclicas, explican por sí solas buena parte de ella».