El Gobierno defiende que el sistema de pensiones tiene arreglo «para los próximos diez años»

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, presente en el acto, ha abogado por evaluar la eficiencia de las bonificaciones, para evitar que sean generalizadas (en este punto ha puesto de ejemplo las de los autónomos), así como permitir jubilaciones más allá de los 67 años en los casos en los que el trabajador así lo desee. Granado ha puesto de ejemplo el caso de un estibador que se prejubila por dolores lumbares, si bien ha rechazado que el Gobierno vaya a reformar los coeficientes reductores de jubilación.

También se ha mostrado favorable a que el cálculo de las pensiones incorpore los años trabajados en toda la vida laboral, y no los últimos años, ya que así se ayuda a empleados mayores que perdieron su puesto durante la crisis.

" El sistema de pensiones tiene arreglo para los próximos diez años . Después nos tendremos que volver a reunir", ha sentenciado Granado, que ha lamentado que las previsiones se basen en lo que ha ocurrido en los últimos años de crisis y las extrapolen a las próximas décadas. " Pensar que lo que ha pasado en los últimos diez años va a pasar en los setenta siguientes no me parece un análisis serio", ha zanjado.

Granado ha aseverado que si el IPC sube por encima del 1,6% que marca la inflación, habrá una compensación que asegure el poder adquisitivo de los pensionistas. "Si la inflación fuera superior, razonablemente cabe pensar que habría que formular una compensación ", ha afirmado para recordar que habrá que ver cómo acaba la inflación este año, ya que gestionar esta compensación cuesta 15 millones de euros.

Como fuere, Granado ha alertado de los efectos «perversos» de vincular permanentemente la revalorización de las pensiones al IPC: el secretario de Estado de Seguridad Social ha apostado por que el Pacto de Toledo apruebe un indicador «permanente» a partir de 2020 que asegure de forma «dinámica» –es decir, no siempre con el IPC– el poder adquisitivo de los jubilados.

Granado ha llegado a defender que el Estado realice una aportación permanente al Fondo de Reserva, la llamada hucha de las pensiones, aunque ha puntualizado que será el Pacto de Toledo el que decida sobre esta cuestión. En este sentido ha apostado que este año, el déficit de la Seguridad Social será «levemente» menor al del año pasado.

López-Casasnovas ha destacado que sin reformas y si se decide que en lugar de impuestos, se decide que el aumento de las pensiones se financie a través del déficit público, la deuda de las administraciones se disparará del 98% del PIB actual al 150% en 2029, unos 62.000 millones de euros más.

Si no hay reformas " significativas " en el sistema, el experto calcula que para mantener el bienestar, el gasto público destinado al envejecimiento (pensiones, dependencia o sanidad) del 12,6% al 33,1% del PIB en dicho año. La razón es que para 2040, si no hay cambios demográficos significativos, el catedrático señala que el peso de los mayores de 60 años en la población se doblará, en concreto a partir de 2029, cuando entrará de lleno el retiro de la generación del "baby boom".

Asimismo, el gasto social ligado al envejecimiento pasará del28% actual al 68% en 2040. "Las nuevas generaciones sufrirían ese codazo", ha analizado. El catedrático ha criticado duramente al Pacto de Toledo. "Dejarlo al debate en el Pacto de Toledo, me parece muy atrevido. La inoperancia mostrada hasta el presente hace para el resto de la población, desconfiar que sus señorías nos van a resolver este problema ", ha opinado, para recomendar fortalecer la Autoridad Fiscal como agencia de evaluación de políticas públicas que siga este problema.

El experto ha propuesto un sistema para mantener estable la ratio entre cotizaciones y pensiones, de forma que se ajustara automáticamente a través de aumentos o bajadas de impuestos y prestaciones, en la llamada "regla de Musgrave".