Magdalena Valerio, la semana pasada en el Congreso
Magdalena Valerio, la semana pasada en el Congreso - ÁNGEL DE ANTONIO

El BOE desmiente a Valerio: los agentes sociales retoman los fondos de formación

«No me consta que haya habido ningún cambio», dijo la ministra cuando fue preguntada en el Congreso en diciembre

Madrid Actualizado: Guardar
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La reincorporación de los agentes sociales a la gestión económica de los fondos para la formación es ya firme después de recibir el visto bueno del Consejo de Ministros y una vez publicada en el BOE el pasado día 24 la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que, a petición de la titular de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, devuelve a empresarios y sindicatos sus puestos en el órgano colegiado encargado de evaluar la asignación de las subvenciones públicas. Un órgano del que fueron apartados por el anterior Gobierno tras las recomendaciones del Tribunal de Cuentas por los casos de fraude.

Cuando el pasado 19 de diciembre la diputada del PP Carolina España preguntó a la titular de Trabajo en el Congreso si los agentes sociales volvían a formar parte del órgano colegiado, Magdalena Valerio lo negó. «No me consta que haya habido ningún cambio. Como no lo tenía claro y no me constaba que hubiese habido ningún cambio, por si acaso me estaba equivocando, le he pedido a mi equipo que mirara esto. Y si tengo que rectificar rectifico, pero me dicen que no consta que haya habido ninguna modificación», dijo la ministra y quedó se reflejado en el diario de sesiones de la jornada.

ABC adelantó que el 12 de diciembre el patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo dio el visto bueno a un borrador de resolución en el que el Ministerio de Trabajo reincorporaba a los agentes sociales al citado órgano colegiado. Un cambio que permite que los vocales de esta comisión pasen de seis a diez. Se incorporan dos vocales a propuesta de las organizaciones empresariales y otros dos a propuesta de los sindicatos. El resto son designados por el SEPE, incluyendo la subdirectora general del políticas activas de empleo, la socialista Carmen Menéndez, que lo preside.

La decisión del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social no es compartida por los todos los miembros del Gobierno. Fuentes consultadas por este diario aseguran que cuando fue propuesto por Valerio en el Consejo de Ministros recibió un informe en contra de la ministra de Economía Nadia Calviño, contraria a modificar la norma para dar entrada a los interlocutores sociales.

En 2015, la entonces titular de Empleo, Fátima Báñez, apartó de la gestión económica de la formación a empresarios y sindicatos después de que el órganos fiscalizador lo reclamara en aras de garantizar la objetividad en la asignación de los fondos, dado que a estas convocatorias concurrían centros controlados por los agentes sociales. El Tribunal de Cuentas detectó numerosas irregularidades en las subvenciones entregadas a los agentes sociales en la convocatoria de 2010. Ayudas injustificadas, falta de control en la evaluación y coste de los cursos, una suerte de desajustes que llevaron a los responsables de Empleo de entonces a diseñar una reforma en profundidad en la formación que contó con un fuerte rechazo de los interlocutores sociales.

El Tribunal de Cuentas llegó a decir que la composición del órgano colegiado conculcaba «los principios de transparencia y objetividad de la ley de Subvenciones, ya que la evaluación final de las solicitudes presentadas es realizada por los propios solicitantes de las mismas quienes, posteriormente, son beneficiarios de las subvenciones públicas objeto de concesión, pudiendo provocar –aseguraba– un conflicto de intereses en el momento de la emisión del informe de evaluación».

Respaldo de la Audiencia Nacional

Sindicatos y empresarios impugnaron la convocatoria de formación de 2016 por excluirles del órgano decisorio y los jueces de primera instancia les dieron la razón en sendas sentencias. El Ministerio de Empleo recurrió a la Audiencia Nacional y la justicia falló a su favor.

La norma que diseñó la exministra Báñez redujo el poder que hasta entonces habían jugado los interlocutores sociales en la formación y, en consecuencia, también los recursos que recibían por su presencia en todas las fases del sistema (diseño, organización, gestión e impartición de cursos). La reforma les expulsó de la impartición directa de esos cursos para concederlos en régimen de concurrencia.

Que los agentes sociales dejaran de impartir directamente cursos –han podido hacerlo si ganan los concursos a través de las fundaciones de formación que tienen: IFES (de UGT) y Forem (de CC.OO.)– supuso un cambio sustancial en el sistema tras más de dos décadas. Pero no salieron del sistema y han seguido desempeñando un papel relevante, pero sin ser «juez y parte», a la hora de diseñar, organizar, decidir, impartir y evaluar la formación. Ahora todo volverá a cambiar.

La norma actual puso punto y final a los escándalos, ya que permite tener información actualizada en cada momento de toda la formación en España, de los cursos que se realizan, de quién los imparte y también quién los certifica. Además, posibilita un seguimiento y evaluación de los mismos.