Los descuelgues salariales se mantienen en las empresas pese a la recuperación económica

A través de un descuelgue, una empresa puede incumplir las condiciones pactadas en convenio alegando causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción. Si estas son económicas, basta con que el empresario demuestre una disminución persistente en los ingresos de la compañía, para poder acogerse a la medida. Y esta fue una situación muy habitual en tiempos de crisis.

La inaplicación de convenios colectivos o descuelgues era residual en las relaciones laborales hasta que en el año 2012 se aprobó la reforma laboral. Con esta norma se dispararon hasta convertirse en un instrumento clave para salvar la situación económica de una e

mpresa y esquivar las extinciones de empleo. Si entre marzo y diciembre de 2012 (la reforma laboral se aprobó en febrero de ese año) fueron 748 sociedades las que no aplicaron el convenio por razones económicas —lo que afectó a 29.352 trabajadores—, en todo 2013 la cifra ascendió a 2.512 con 159.550 afectados. Y en los cuatro primeros meses del 2016 ya se han depositado en los registros de las distintas autoridades laborales 600 inaplicaciones de convenios , que afectan a un total de 11.259 trabajadores.

La práctica se ha generalizado en el mercado laboral, según los datos de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios. Desde 2012, un total de 7.370 empresas se han descolgado del convenio, lo que ha afectado a 309.537 trabajadores. Eso sí, en el 91,7% de los casos, esos descuelgues se han resuelto como acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores durante el periodo de consultas.

La mayoría de los trabajadores afectados por las inaplicaciones depositadas hasta abril en las autoridades laborales, se concentraron en el sector servicios , un 76,8%. Y la mayoría fueron pymes. Los datos que maneja el Ministerio de Empleo apuntan a que el 41,8% de los trabajadores afectados y el 87,9% de las empresas que se acogieron a este modelo de flexibilidad, tienen plantillas entre 1 y 49 trabajadores.

De los datos también se desprende que el 97,5% de las inaplicaciones se refiere a un convenio o varios de ámbito superior a la empresa y que en el 92,7% de los casos se han producido descuelgues de la cuantía salarial pactada. El 63,3% de las empresas solo han dejado de aplicar la cuantía salarial recogida en convenio y el 10,7% todo el sistema de remuneraciones.

Las sucesivas reformas del mercado laboral han propiciado que las compañías puedan ajustarse más al contexto económico, aunque la descentralización de la negociación colectiva ha dejado cada vez más a los sindicatos en un segundo plano. Tanto el descuelgue salarial como la inaplicación del convenio ya estaban definidos en el acuerdo marco interconfederal para la negociación colectiva de 5 de enero de 1980, aunque se incorporaron al ordenamiento jurídico en 1994. Desde entonces todos los convenios colectivos incorporaban cláusulas de descuelgue salarial, aunque con condiciones de aplicación muy estrictas. Fue en 2010 cuando el Gobierno de Zapatero pretendió hacer más viable esta opción aunque sin mucho éxito; apenas tuvo repercusión, pese a que en 2011 el Ejecutivo socialista abrió más el abanico de posibilidades para las empresas.

No fue hasta 2012 cuando en la práctica se facilitó para las empresas. La reforma laboral del Partido Popular dio vía libre a la empresa para regular directamente cuándo y cómo no aplicar el convenio sin acudir a la negociación colectiva. Ahora, basta con que el empresario justifique las causas económicas , técnicas, organizativas o de la producción citadas, lo que se traduce en que en un contexto de recesión económica cualquier compañía cuya viabilidad esté mínimamente afectada tiene capacidad para acogerse al descuelgue o no aplicarlo y evitar medidas más drásticas.

Lo singular en este caso es que este intenso incremento del número de inaplicaciones ha coincidido en el tiempo con crecimientos salariales de poco más de medio punto en los años de crisis , en los que la moderación salarial se convirtió, en muchos casos, en moneda de cambio frente a las extinciones de empleo. Ahora, con la economía española creciendo por encima del 3% y los precios en negativo (-1,1% en el último año) la subida de los sueldos pactada en la negociación colectiva alcanza el 1,11% hasta abril, por debajo del dato de febrero (1,12%) y cuatro décimas superior al contabilizado un año antes (0,71%), según las cifras provisionales del Ministerio de Empleo.

Las subidas salariales pactadas están en línea con el acuerdo alcanzado entre la CEOE y CC.OO. y UGT , que establecía una subida salarial de hasta el 1% este año y hasta un 1,5% en 2016. El pacto también incluyó una cláusula de garantía salarial para los dos años que tendrá en cuenta la inflación. Si los precios suben por encima del 2,5% entre 2015 y 2016, se activaría esta cláusula para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.