La Defensora del Pueblo propone un proceso de conciliación previo al desahucio

Soledad Becerril ha pedido al Gobierno que establezca un acto previo de conciliación, así como un procedimiento de insolvencia de las personas físicas, en el que se fijen plazos y prórrogas, que hagan el pago de las hipotecas más flexible. Para ello, solicita la reforma del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, para que tenga un ámbito de aplicación «más amplio», y, «posiblemente» la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La Defensora del Pueblo defiende también que se limiten los intereses de demora y los gastos de ejecución, y propone la dación en pago en determinadas circunstancias. La propia Becerril ha manifestado hoy en el Senado que la «preocupación» sobre ese asunto ha sido trasladada al Ministerio de Economía y Hacienda y al Banco de España, de los que espera que «revisen» la situación de los desahucios.

.Justo después, la número dos del Ejecutivo se ha reunido con el grupo de trabajo interministerial compuesto por Economía, Hacienda y Presidencia para avanzar en la posible reforma que hoy mismo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado en la cadena Cope que espera que esté lista lo antes posible y que su aplicación sea inmediata . Mañana, Sáenz de Santamaría seguirá avanzando en esta reforma y se reunirá con la número dos del PSOE, Elena Valenciano, para presentarle las líneas de actuación del Gobierno para atajar este problema con disposición "total", según fuentes de La Moncloa a aceptar propuestas del principal partido de la oposición y lograr que los cambios sean pactados.

El Gobierno se ha decicido a tomar medidas más severas para proteger a la población en riesgo de desahucio por imposibilidad de hacer frente a los pagos de su hipoteca como consecuencia del desempleo, después de que su primera iniciativa, el Código de Buenas Prácticas de aplicación voluntaria por los bancos, no haya servido para atajar este drama social.

Según las cifras preliminares que manejaba el Gobierno en los primeros meses tras la aprobación de este Código, eran centenares las reclamaciones interpuestas por clientes que no habían sido tratados bajo el Código de Buenas Prácticas por su entidad bancaria y se había iniciado el proceso de desahucio. Los cifras definitivas hasta este momento aún no se han conocido aunque el Gobierno reconoce que los desahucios que se han evitado bajo aquella iniciativa han sido una minoría.