La defensa del «Madoff español» alega la no competencia de España en el caso de supuesta estafa

Durante la primera sesión del juicio por la supuesta estafa piramidal de 350 millones de euros, la letrada ha explicado que las conductas achacadas a su cliente, que se enfrenta a 21 años de cárcel , sólo incurrirían en una demanda civil por incumplimiento de contrato, y ha garantizado que el dinero de los 180.000 afectados está "perfectamente localizable".

La defensa ha relatado cómo en 2008 la Unidad de Análisis Financiero de Panamá inició una investigación a raíz de una transferencia internacional "sospechosa" a la entidad West Fargo, donde se depositaban las inversiones de los clientes.

Sin embargo, las autoridades del país cerraron el proceso al considerar que no había nada imputable ni a su representado ni a nivel de empresa , ya que los inversores conocían los detalles del contrato, ha dicho.

También ha aludido a la causa iniciada en Estados Unidos , donde la investigación por supuesta estafa piramidal determinó que el dinero tenía que ser devuelto a los clientes, si bien continúan bloqueados los 294 lingotes de oro valorados en 128 millones de euros intervenidos en su momento.

En este sentido, ha afirmado que el dinero de los 180.000 afectados está "perfectamente localizable" y que los inversores "conocían que la mayor parte de los fondos estaban bloqueados en Estados Unidos y que Cardona estaba haciendo lo posible para solventar el problema".

La abogada también ha señalado a las acusaciones por interponer acciones legales sólo a partir de 2011, cuando se produjo la "mediática" detención de su cliente, y ha impugnado el volcado de los datos procedentes de los ordenadores al estimar que vulneró los derechos del acusado, que no estaba presente.

El fiscal del caso, Daniel Campos, se ha opuesto a tales cuestiones al considerar que la interpretación de la defensa "manipula" lo dictado por el Código Penal y ha aclarado que los hechos imputados a Cardona en España no han sido juzgados en ningún otro país.

Además, ha negado que los investigadores violasen cualquier tipo de derecho fundamental con la incautación del material informático y ha instado a la sala que preside el juez Nicolás Poveda a que no admita la documentación aportada por dos de las defensas al estar redactada únicamente en inglés..

También están implicados el "principal captador" de ahorros, Santiago Fuentes, para quien el Ministerio Público pide ocho años de cárcel, y María Marta Vallejo y Lina María Matilla, que se enfrentan a siete años de prisión por "reinvertir ganancias ocultando su procedencia ilícita y la titularidad real de los activos".