Los decretazos de Sánchez comprometerán un gasto de al menos 2.300 millones

En la parrilla de salida está un decreto de Igualdad que aprobará el viernes el Consejo de Ministros a propuesta de la ministra y vicepresidenta Carmen Calvo. La medida estrella en este caso es igualar los permisos de maternidad y paternidad en dos años. Junto a esta norma exprés, el Ministerio de Trabajo perfila un segundo decreto urgente con mejoras sociales en las que figura que el Estado vuelva a cotizar por las cuidadoras no profesionales de personas en situación de dependencia. También recuperará el subsidio por desempleo para parados de 52 años y habrá mejoras en las prestaciones familiares. En total, casi 2.300 millones de euros .

Una cifra en la que no se incluye el aumento de las cuantías mínimas de las pensiones de incapacidad permanente total para menores de 60 años. La financiación de esta partida se realizará mediante una mayor transferencia a la Seguridad Social en el concepto de aportación del Estado para complementos a mínimos. El montante aún se desconoce.

El contenido de estas normas sigue siendo objeto de negociación entre el Gobierno con los grupos parlamentarios, por un lado, y con los agentes sociales, por otro. Encajar las piezas está provocando que los últimos días de la legislatura estén siendo frenéticos porque Pedro Sánchez pretende lograr el mayor respaldo a las medidas sociales que incluyó en los Presupuestos, pero se quedaron en el limbo cuando fueron rechazados por el Congreso. Las negociaciones entre los distintos ministerios también están a toda mecha. Trabajo, Economía, Igualdad, Hacienda y Fomento negocian para unificar posturas, para ceder, como en el caso del control de los alquileres, o para intentar derogar los aspectos de la reforma laboral que el Ejecutivo considera más lesivos.

Sánchez está preso de las negociaciones. Debe optar entre ir a una contrarreforma laboral dura que respaldaría Podemos y los sindicatos, o lograr el respaldo de la CEOE a unos cambios más moderados. La organización empresarial que dirige Antonio Garamendi está tratando de influir en el contenido del decreto, pero también en la forma. Es decir, en los apoyos necesarios para que se apruebe o se rechace la norma en la Diputación Permanente.

Las empresas se ven atacadas por varios frentes. A la contrarreforma laboral se une el contenido del decreto de Igualdad, una norma que buscan suavizar, que pretende reforzar los controles de la Inspección, realizar auditorías y las multas con el objetivo último de acabar con las diferencias salariales entre sexos en las empresas. En el caso de España, el salario medio bruto por hora que perciben las mujeres es de media un 14,9% más bajo.

Para recortar distancias el Ejecutivo pretende imponer medidas como obligar a las empresas a crear un registro con la media de los salarios y los complementos de la plantilla divididos por sexo, por grupos y por categorías profesionales. Además, obligará a las empresas a elaborar un plan de igualdad cuando tengan más de 50 trabajadores, y estarán obligadas a inscribirlo en un registro público. Y en el caso de empresas de menos de 25 empleados se considerará discriminación salarial cuando la media de las retribuciones de un sexo sea superior en un 25% o más a las del otro.