CSIF emplaza a Hacienda a negociar la subida salarial tras la orden para preparar los Presupuestos de 2023

En esta línea, CSIF exige al Gobierno que aproveche la tramitación de los PGE para demostrar el mismo nivel de compromiso y de entrega que los empleados públicos han tenido en los últimos años.

En un escenario de precios desbocados y de crisis energética, CSIF y Jusapol (plataforma que agrupa a los sindicatos mayoritarios de Policía y Guardia Civil) volverán a salir a las calles de toda España mañana miércoles 22 de junio, en defensa de la calidad de los servicios y de las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos, exigiendo al Gobierno que cumpla su palabra e inicie de una vez las negociaciones para su subida salarial.

Estas movilizaciones se producen la víspera a la celebración del Día de Naciones Unidas para la Administración Pública, que CSIF aprovecha para llamar la atención sobre la incertidumbre económica y sus efectos sobre los servicios que reciben los ciudadanos.

La movilización principal se llevará a cabo frente al Ministerio de Hacienda y Función Pública en Madrid, mientras que en el resto de España se realizarán concentraciones similares en las puertas de las delegaciones de Gobierno. Es la segunda vez que CSIF sale a la calle en menos de un mes para exigir al Ejecutivo inicie una negociación para compensar los efectos de la inflación. Los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo superior al 15% desde 2010, cuando se les rebajó el sueldo, según denuncian desde el sindicato.

CSIF también reivindica la supresión de la tasa de reposición, la efectiva estabilización de plazas, mejoras en las condiciones de jubilación, la corrección de desigualdades retributivas entre administraciones, la actualización de las indemnizaciones por razón del servicio o la mejora en la atención sanitaria de las mutuas de funcionarios.

Si no hay respuestas a sus movilizaciones, CSIF advierte de que volverá a salir a la calle a protestar. Así, el sindicato auguró «un otoño caliente» si el conjunto de empleados públicos no recuperan su poder adquisitivo y si el Gobierno no atiende otras peticiones «para garantizar que puedan seguir prestando con calidad el servicio al ciudadano, estabilizando las plantillas de funcionarios o suprimiendo la tasa de reposición».