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La crisis económica agudiza el ingenio de los países para luchar contra el fraude

El dinero procedente de paraísos fiscales tendrá impunidad en España si es invertido en deuda pública. El Gobierno eliminará la obligación de informar sobre los intereses pagados a los no residentes, según ha denunciado la Organización de Inspectores de Hacienda. «Con la nueva norma -dicen- se da un paso más para incentivar la captación de los capitales en paraísos fiscales, la ausencia de información a la Administración Tributaria». Una medida, denuncian los inspectores, que contrasta con la actitud del Ejecutivo, abanderado de la Unión Europea en la lucha contra los paraísos fiscales. «Es de esperar que a corto plazo habrá no sólo un marco fiscal más favorable para la inversión procedente de paraísos fiscales, sino también una preocupante reducción de la información sobre los pagos efectuados desde España a estas jurisdicciones opacas».

Son casi medio centenar, están exentos o prácticamente exentos de impuestos, al servicio de las grandes fortunas y «custodian» en torno al 13% del PIB mundial. La crisis económica ha vuelto a poner el dedo en la llaga, a emprender una nueva cruzada contra las triquiñuelas de aquellos que manejan dinero a espuertas y no están dispuestos a declarar ni un solo euro al Estado en el que viven.

Los paraísos fiscales vuelven a estar en el ojo del huracán. Ahora, en tiempos de crisis, cuando el PIB cae en picado en medio mundo, cuando flaquean los ingresos recibidos por el Estado y el gasto público se dispara, las suculentas cantidades que se escapan a la fina lupa del Fisco son más atractivas que nunca para los países. La OCDE estima que las fortunas invertidas en paraísos fiscales podrían sumar entre 5 y 7 billones de dólares, cifra que representaría en torno al 13% del PIB global y superaría en cinco veces el capital acumulado en ellos hace sólo dos décadas. La evasión fiscal sobrepasaría ya los 255.000 millones de dólares anuales, según las mismas estimaciones.

No son sólo playas paradisíacas con palmeras, son verdaderos entramados, que se caracterizan por la opacidad en la información, la no colaboración con las autoridades fiscales, financieras y judiciales y la existencia de un férreo secreto bancario, lo que ha hecho de estos territorios un buen escondrijo para actividades ilícitas, terrorismo, tráfico de armas y narcotráfico. La banda terrorista ETA ha utilizado estos paraísos para blanquear el dinero procedente de la extorsión, como también lo han hecho otros como Al Qaeda o los cárteles del narcotráfico.

No es una norma única

Es un negocio muy rentable al que medio mundo parece volver a decir basta, como lo ha venido haciendo, y sin éxito, desde hace cuarenta años. Pero lo ha hecho cada país con sus armas particulares, porque la lucha contra el blanqueo de capitales y las normas antiparaíso no han tenido como referencia una única normativa internacional. Y sólo se podrán eliminar las trabas a la persecución del fraude fiscal si se logra una completa armonización fiscal, no ya a nivel europeo, sino a nivel global, a la vez que claridad en las normas para evitar que países con baja tributación continúen atrayendo fortunas, según coinciden todos los expertos consultados por EMPRESA.

En el caso de España, por ejemplo, la norma que regula estas actividades (real decreto 116/2003, de 31 de enero) ofrece la posibilidad de excluir de la lista de paraísos fiscales a los territorios que se comprometan a intercambiar información con la Administración española. Dicho compromiso ha de quedar plasmado en un acuerdo específico de intercambio de información o en un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información.

Ahora, el miedo a la fuga de capitales ha vuelto a llevar a Europa a emprender una lucha contra el secreto bancario y los beneficios fiscales a la inversión extranjera. Hace unos días también lo anunciaba el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dispuesto a acabar de una vez por todas con los ventajosos resquicios impositivos utilizados por las multinacionales y grandes fortunas del país para esquivar al Fisco.

En plena crisis económica, la Administración Obama quiere dejar muy atados una serie de flecos impositivos que pueden devolver a las arcas federales un total de 210.000 millones de dólares en ingresos adicionales durante los próximos diez años. A esta conclusión ha llegado después de comprobar que los beneficios acumulados por las compañías estadounidenses en cuentas extranjeras se estiman en 700.000 millones de dólares y de comprobar que el 83% de la cien mayores empresas de Estados Unidos dispone en la actualidad de subsidiarias en paraísos fiscales.

El presidente norteamericano ha declarado ahora la guerra a los también llamados «offshore» y quiere hacerlo con ayuda de las entidades financieras. «Si no cooperan -ha advertido-asumiremos que están ayudando a la evasión de capitales y actuaremos de forma acorde».

Obama ha sido el segundo en dar un paso al frente, primero lo hizo el G-20. El miedo a ser incluido en la lista negra que elaboró la OCDE a instancias de la cumbre el pasado abril logró lo que la comunidad internacional había perseguido durante años: socavar el secreto bancario tras el que países como Suiza, Luxemburgo y Austria han escondido fraude fiscal durante décadas. Los tres países en una decisión histórica decidieron modificar sus legislaciones para dar información a las autoridades de otros países sobre clientes extranjeros con cuentas en sus bancos.

Tras esta cumbre, y previo compromiso de colaboración, la OCDE retiró de su «lista negra» de paraísos fiscales a Costa Rica, Malasia y Filipinas y Uruguay. Estos países pasaron a una «lista gris» en la que figuran 38 jurisdicciones que se comprometieron a respetar las reglas fiscales internacionales, entre ellos Chile, Guatemala, Panamá, Belice, Dominica, Gibraltar, Mónaco, Andorra, Liechtenstein, Suiza, Luxemburgo, Austria y Bélgica.

Una larga lucha

La lucha contra los paraísos fiscales no es nueva. Desde hace 40 años se viene clamando por su desaparición. Para algunos analistas este empeño e, incluso, los más recientes planteamientos que se hacen desde la OCDE son pura demagogia y un simple declaración de buenas intenciones. «Basta con pensar quiénes están detrás de todo ello. Las multinacionales, las grandes fortunas y los políticos; un lobby perfecto muy acomodado y difícil de atajar -apunta Manuel Romera, director del sector financiero del Instituto de Empresa-. Es más, hay muchos países que viven casi exclusivamente de actuar como paraísos fiscales, y cambiar sus reglas y estructuras con el objetivo de acabar con estas prácticas sería su ruina. ¿Alguien se imagina entrar en las entrañas de Luxemburgo? Demasiado complicado».

Pero si los Estados hacen una llamada reiterada para paliar el servicio que ofrecen los paraísos fiscales, e incluso Obama ha declarado su propia guerra contra ellos, la cuestión es preguntarse: ¿por qué se han permitido? «Se trata de una cuestión intrínseca al ser humano -apunta el director del servicio financiero del IE-. Del mismo modo que las empresas compiten entre sí, desde un punto de vista fiscal ocurre lo mismo y los diferentes estados ofrecen tipos impositivos muy competitivos, muy reducidos y casi nulos con el fin de atraer capital».

En el debate

Aunque son medio centenar, no hay dos paraísos fiscales iguales. Cada uno tiene sus propias reglas y normas para mantener su competitividad. Sin embargo, según la OCDE es necesario que, al menos, cumplan dos requisitos para tener tal condición. En primer lugar deben ser países con baja o nula tributación directa -que no incluyan, entre otros, ni declaración de la renta a personas físicas, ni sociedades- y, además, deben gozar de secreto bancario.

En nuestro país el interés por evadir impuestos es muy notorio, hasta el punto de que el 60% de las empresas que cotizan en el Ibex tienen inversiones en paraísos fiscales, por lo que el interés por mantenerlos es enorme.

Aún así, a ningún país le interesa aparecer en la «lista negra» y los diferentes Estados están poniendo algunas trabas -muy suaves, todo hay que decirlo- para evitar la evasión fiscal. En España, por ejemplo, la ley establece que si un empresario se va a Andorra con estos fines, en ese año y en los cuatro siguientes continuará tributando en nuestro país.

Según Diana Ferrer, profesora de Derecho Tributario de la facultad de Derecho de Esade, el cuerpo de Inspectores de Hacienda ha realizado al menos cinco propuestas en la lucha contra el fraude fiscal. En primer lugar, apuestan por que los bancos no tengan filiales o sucursales en dichos territorios. También pretenden establecer impuestos especiales sobre los movimientos de fondos a estos paraísos con el fin de dificultarlos al máximo.

Otra de las medidas que pretenden activar es la de agravar las penas en el Código Penal para aquellos casos en el que esté demostrado un desvío con fines fraudulentos. «Además -explica Diana Ferrer-, el cuerpo de inspectores quiere llevar a cabo un plan de seguimiento y comprobación más exhaustivo fundamentalmente a artistas y deportistas, sobre todo en tenistas y futbolistas, ya que ha habido varios casos de deportistas muy conocidos que han viajado a Andorra para beneficiarse de este paraíso fiscal». Por último, proponen no reconocer en la legislación mercantil y fiscal española personalidad jurídica para intervenir en el tráfico mercantil a las sociedades constituidas en paraísos.

Según apunta la profesora de Derecho Tributario de Esade, «la OCDE no está en contra de la competencia fiscal, pero este organismo defiende que no se puede basar en la falta de transparencia y secreto bancario. Permitir a las autoridades pertinentes acceder a la información y datos bancarios de la persona o entidad que se requiera, es la verdadera clave. Así se evitarían casos tan llamativos como un edificio que está localizado en Georgetown, la capital de las Islas Caimán, que tiene cinco plantas donde se contabilizan 18.000 empresas y 218 empleados. Sospechoso, ¿no?».

Amnistía internacional

En momentos de crisis, es lógico que los Gobiernos se acuerden de la vieja lucha de recuperar capital dentro de nuestras fronteras y «aunque algunos economistas puedan pensar que es una idea disparatada -asegura Ferrer-, yo soy partidaria de la amnistía fiscal, porque si el dinero vuelve a nuestro país sin consecuencias fiscales generaría mucha riqueza, ya que en el caso de España la renta acumulada sería de 200.000 millones de euros.

Son «offshore», algo así como caja de caudales en inglés. Popularmente se les atribuye la condición de ilegales, pero es una afirmación algo simple, porque no es cierta en muchos casos. Recurrir a los paraísos fiscales no tiene por qué implicar el cometer un delito, aunque actúen «al filo» de la legislación internacional. A pesar de que se les acusa de falta de transparencia a todos ellos, realizar algunas operaciones financieras es legal siempre que lo conozca el fisco del país «esquivado». Este matiz marca la diferencia entre la «elusión fiscal» y el delito por evasión.

Medidas contra el fraude

El asunto es que cuando uno piensa en la imagen de un «paraíso», aunque tenga el apellido «fiscal», a la mente viene de inmediato playas paradisíacas con cocoteros. ¿O no? Pero, ni mucho menos es siempre así. Haberlos, haylos, pero están por doquier, también en Estados Unidos y en Europa.

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero se sentó en la última cumbre del G-20 en Londres convencido de ser el líder de los países que presentan, y presentarán, más batalla contra los paraísos fiscales, territorios donde se esconde -según estimaciones de la OCDE, y ¡ojo! a la horquilla- una suma de entre 1,3 y 8,6 billones de euros. ¡Ahí es nada!

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