«Los criminales engañan a sus víctimas y en segundos tienen el dinero en el extranjero»

La tecnología ha abierto nuevas puertas a los delincuentes de guante blanco. Amenazas sofisticadas y hasta ahora desconocidas que suponen un desafío para las autoridades y el mundo jurídico. Juan Gonzalo Ospina es el director de Ospina Abogados, un despacho penalista que se ha especializado en este tipo delitos económicos, con amplia experiencia en estafas con criptomonedas. Una voz autorizada para analizar esta nueva realidad, para la que la legislación no parece tener aún las respuestas adecuadas. «Tenemos una Ley Criminal anclada en el siglo XIX con unos delincuentes que campan a sus anchas con tecnología del siglo XXI, los criminales engañan a sus víctimas y en segundos tienen el dinero en el extranjero haciendo prácticamente imposible recuperarlo», explica. Ospina considera que es necesaria una nueva ley que agilice las medidas cautelares. «Es fundamental para avanzar en seguridad en una sociedad adaptada a las amenazas del siglo XXI», subraya.

El amplio conocimiento del equipo de Ospina Abogados sobre estafas online y negocios que implican el uso criptomonedas permite al despacho identificar cuando una acusación, a veces, no está bien fundamentada. Juango Ospina (como es conocido en el sector jurídico) asegura que «seguimos teniendo acusaciones erróneas ya que muchas investigaciones se ciñen a pruebas básicas y rudimentarias olvidando que los cibercriminales engañan fácilmente a varias personas para conseguir su objetivo: defraudar, engañar y hacerse con el dinero».

Luchar contra el ciberfraude económico es complejo, pero posible. Este mismo año, la firma jurídica ha conseguido el archivo y sobreseimiento de una estafa que se produjo cuando un inversor solicitó por internet a una supuesta entidad financiera situada en Londres, un préstamo de cinco millones de euros por el que pagó más de 750.000 euros sin obtener nada a cambio. Y la firma también ha destacado por conseguir la absolución de quienes han sido acusados de una estafa con bitcoins y posteriormente han sido declarados inocentes tras demostrarse que fueron utilizados por un tercero en una estafa triangular. 

Y es que dos figuras geométricas dan nombre a los dos métodos más comunes que usan los delincuentes para estafar a sus víctimas. Por una parte existe la llamada Pirámide de Ponzi , la operativa de esta es sencilla: en primer lugar se ofrece un producto con una rentabilidad muy alta para que el estafado haga una gran inversión, entones se da a un usuario fraudulento las contraseñas de unas cuentas online que operan en un programa informático diseñado específicamente para la red de defraudación. Cuando el inversor estafado desea retirar el dinero, no se le permite haciéndole creer que si no se produce el retiro se reinvertirá su dinero en cantidades superiores.

El otro método de estafa es el triángulo cuyo nombre hace referencia a la unión del delincuente con sus dos víctimas. En este método el estafador oferta en páginas web un producto o servicio que sí existe (el arrendamiento de una vivienda vacacional por ejemplo)  entrando en contacto con otra persona que desea vender bitcoins. Una vez conseguidos los datos del arrendatario de la vivienda en este caso y las del vendedor de esos bitcoins; les hace creer al uno y al otro que están hablando entre ellos, ocultándose él en el anonimato de internet. De esta forma el delincuente consigue que el comprador que desea comprar el producto o alquilar la vivienda pague en una cuenta real al vendedor de bitcoins; y que el vendedor de bitcoins pague con criptomonedas al delincuente el importe de la transferencia que supuestamente creyó que era real.

Cuando se descubre la estafa, la persona que nunca recibe el producto denuncia al titular de la cuenta bancaria donde ha depositado el dinero, de esta forma el último se encuentra siendo denunciado por un supuesto delito de estafa o de blanqueo de capitales que no ha cometido desconociendo por completo que ha sido parte de un fraude estratégico. En este punto el denunciado se ve obligado a contratar a un abogado penalista especializado para demostrar su inocencia al no haber participado en ningún tipo de estafa sino todo lo contrario, haber caído en la trampa.