Los crecientes retos económicos del envejecimiento de la población

No en vano, el lema de las jornadas era «Una sociedad sostenible para todas las edades: el potencial de vivir más». Palabras clave que, sin embargo, van más allá, pues implican mutaciones en la legislación para adecuarse a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, la reforma del sistema de pensiones se ha extendido de manera generalizada, como también las acciones para reintegrar a las personas mayores al mercado laboral y para evitar que sufran discriminación por cuestiones de edad. Así, ya no resultan extraños los incentivos fiscales a las empresas que contratan a empleados de una cierta edad. Sí, porque el mercado laboral se hace mayor, tal cual evidencian los datos difundidos en este congreso. En 2005, el 41,5% de los hombres que trabajaban tenía entre 60 y 64 años. Hoy representan el 47,8%. En el caso de las mujeres, la diferencia se plasma aún con mayor intensidad: el 26,6% hace 12 años y el 34,2% en la actualidad. El volumen total de ciudadanos con 65 años o más asciende a 195 millones de personas a lo largo de todo el continente europeo (45 países, incluyendo los que fuera de la UE), es decir, el 15,4% de la población en este 2017, cuando el porcentaje se asentaba en el 13,1% allá por 2002. Queda, eso sí, la asignatura pendiente de reconocer la contribución del creciente número de personas mayores a la innovación socioeconómica y el desarrollo. Personas mayores en tanto consumidores, pero también productores.

En cualquier caso, el Congreso sobre el Envejecimiento ha subrayado que los países más avanzados (y solventes) de la región se han preocupado por complementar las pensiones en aquellas situaciones donde no se revelan como suficientes para garantizar una mínima calidad de vida. Hablamos de refuerzos para asegurar un determinado nivel de ingresos y el acceso a bienes y servicios esenciales, como vivienda o transporte. Desde un punto de vista más social y menos económico, se hizo hincapié igualmente en que fórmulas tipo voluntariado ayudan a la integración de las personas mayores, pues los implican en los procesos de toma de decisiones.

Con todo, Europa no se ha zafado de un inquietante fantasma: el riesgo de pobreza, que afecta al 6% de los hombres con más de 65 años y al 7,8% de las mujeres. Para comprobarlo, basta un simple paseo por el centro de las grandes ciudades. De los 45 países del entorno, al menos 36 admitieron en Lisboa que han logrado consolidar sustanciales avances de cara a ensanchar la calidad de vida de la población con más edad. En parte, debido a los progresos observados en el sistema educativo, cada vez más abierto a los alumnos más veteranos. De esta forma, los implicados se pueden beneficiar de una mayor solidaridad intergeneracional, sobre todo teniendo en cuenta que el envejecimiento afecta a todos los sectores de la sociedad. No obstante, el congreso ha puesto el dedo en la llaga para que los gobiernos desistan de caer en la autocomplacencia. Esto es, las reformas deben continuar porque solo así puede garantizarse la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo. Además, los costes han de repartirse en las distintas franjas de edad, de manera que el Ejecutivo los distribuya en cada uno de los países buscando el equilibrio.

El alto nivel de la cita de Lisboa quedó certificado con la presencia de la comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, el director de Empleo y Asuntos Sociales de la OCDE, Stefano Scarpetta, y el director regional para Europa y Asia Central de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), Heinz Köller