Las cotizaciones para sueldos de más de 49.000 euros subirán desde 2022 y durante tres décadas

El Gobierno reconoce que ligar las pensiones al IPC conllevará un gasto que cifra en 2,5 puntos del PIB en 2050 para luego caer «de forma intensa». Cree que el montante es «asumible» en el conjunto de las reformas planteadas, ya que se pondrán en marcha otras medidas de recorte y contención del gasto, como ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión, una de las medidas de recorte del gasto que más ahorros puede proporcionar al sistema de pensiones, hoy acorralado por unos números rojos de infarto (30.000 millones a finales de 2020) y una deuda asfixiante de más de 100.000 millones de euros.

La idea es adaptar el periodo de cálculo de la pensión a las nuevas carreras laborales, un cambio que se pretende aplicar de manera progresiva a partir de 2023 y que supondría ampliar los años que se tienen en cuenta para el cálculo de la nómina por encima de los 25 años fijados actualmente para 2022. No hay ni rastro de los 35 años que en un primer momento estuvieron sobre la mesa y, posteriormente, fueron rechazados por el ministro Escrivá. La medida hubiera supuesto recortar las pensiones en cerca del 9%, según diversos estudios.

Las empresas españolas están entre las que pagan más impuestos al empleo en Europa. Las cotizaciones sociales representan en España el 24% del total de impuestos a las empresas , frente al 16,7% que supone en Alemania y el 11,3% en Irlanda. Y a casi seis puntos porcentuales de media que se paga en la Europa de los Veintiocho. Y con su reforma, el Ejecutivo mete más presión a las empresas con el destope de las bases máximas. Actualmente, empresarios y trabajadores aportan a la Seguridad Social el 28,3% del salario de cada trabajador -el 23,6% lo abona el empresario y el 4,7% el empleado-; es lo que se denomina cotización por contingencias comunes. Y lo que se recauda con dicha cotización conforma la principal fuente de financiación del sistema de pensiones. No obstante, este tipo de cotización del 28,3% no se aplica a la totalidad de los salarios de los trabajadores, sino que tiene un suelo mínimo y un techo máximo que cada año fija la ley. La base máxima se sitúa en 4.070,10 euros mensuales, por lo que destopar las cotizaciones en su límite más alto afectaría a aquellos salarios que superan los 48.840 euros anuales.

Una de las medidas estrella de la reforma comprometida con Bruselas es retrasar la edad real de jubilación, ahora 64,6 años, para acercarla a la legal, que en 2021 se sitúa en 66 años, según el tiempo cotizado, y situarla en una horquilla entre 65 y 67 años en 2027. Y para ello variará el sistema de penalizaciones que se utiliza en la jubilación anticipada voluntaria, la que permite retirarse dos años antes de lo que corresponde legalmente a un trabajador. Ahora ese mecanismo aplica una reducción creciente con cada trimestre que se anticipa el retiro; la propuesta es hacerlo mensual, aplicando los mayores castigos en los 24 y 23 meses previos. Y, de forma paralela, se premiará a los que se mantengan en su empleo más allá de la edad legal de retiro. El pago máximo puede llegar hasta los 12.060,12 euros por cada año que demore su jubilación.

Desaparecen las ventajas fiscales de las aportaciones a planes de pensiones privados para otorgárselas a los planes de empresa. El Gobierno ya lo limitó de 8.500 a 2.000 euros anuales en 2021, pero a partir del 2023 y «de forma gradual» se «irá haciendo el trasvase de ahorradores» hacia los planes de empleo, a los que aportarán trabajadores y empresarios. El objetivo es extender su uso desde los tres millones de trabajadores actuales a 13 millones en el 2030 (el 80% de la población activa). El volumen de dinero gestionado con este nuevo vehículo alcanzaría el equivalente al 9% del PIB en esta década y hasta el 31% en el 2050. No será un plan exclusivo para asalariados, está previsto ampliarlo también a autónomos y, de forma «progresiva», también a los empleados públicos.

La reforma sentencia el factor de sostenibilidad aprobado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy y se compromete a poner en marcha un mecanismo de equidad intergeneracional. De este solo se especifica que busca que no se «sobrecargue» a las generaciones más jóvenes con el ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de los ‘baby-boomers’, un ejército que empezará a retirarse a partir de 2023 y hasta alrededor de 2040. No se detalla nada más, aunque en el diálogo social José Luis Escrivá informó a los agentes sociales de su intención de posponer a 2027 la puesta en marcha de esta nueva herramienta de ajuste del gasto.

El Gobierno argumenta que la Seguridad Social está asumiendo ‘gastos impropios’ que no le corresponden y que si fueran asumidos por el Estado el sistema estaría en situación de equilibrio. Asegura que el primer objetivo es eliminar los números rojos y por ello apuesta por seguir la senda de transferir a los impuestos gastos que hoy se afrontan con las cotizaciones sociales. Y para la primera mitad del año 2022 se proyecta impulsar un nuevo sistema de cotización de autónomos en función de ingresos reales con un periodo transitorio de diez años. Un objetivo que hace unas semanas se posponía hasta 2023 y que será negociado en el diálogo social. Desde ATA llevaban meses insistiendo en que el cambio planteado por la Seguridad Social excluiría a la mitad de los trabajadores por cuenta propia y supondría una subida de cuota para otros 700.000 autónomos . «Esto no se puede llevar a cabo sin los informes técnicos necesarios: tiene que ser un sistema garantista», dijo Lorenzo Amor a ABC.