Los contratos de menos de cinco días pagarán un 40% más de cotizaciones

En esta norma, con claro afán recaudatorio , el Ejecutivo aumentará en un 40% las cotizaciones por contingencias comunes para contratos temporales inferiores a cinco días . Una medida que justifica en la «necesidad de luchar contra la precariedad en el empleo y contra el abuso en la celebración de contratos de corta duración». Este incremento de cuota irá ligado a una mejora de la protección social de estos trabajadores, a los que se aplicará un «coeficiente de temporalidad» que les permitirá reunir un mayor número de días en alta. De esta forma equipararán su protección social «con quienes han podido suscribir un contrato con una duración más amplia». Por cada día cotizado se les computará 1,40 días de alta para el cálculo de prestaciones por jubilación, incapacidad temporal, paternidad o maternidad.

No será la primera vez que se penalice la contratación abusiva . En la actualidad los contratos temporales de duración inferior a 7 días deben aplicar un incremento del 36% de la cuota empresarial por contingencias comunes.

Los últimos datos apuntan a que los contratos de menos de siete días se han duplicado en diez años. Sin embargo, la temporalidad es hoy menor que antes de la crisis. Hace diez años, del total de los trabajadores, el 31,8% fue en condiciones eventuales . Tras el derrumbe de la economía, el porcentaje descendió hasta el 21,9%. La recuperación económica ha provocado un nuevo incremento, hasta el 26,8%.

La lucha contra los falsos autónomos también queda reflejada en el decreto del Gobierno , una tarea que comenzó la exministra Fátima Báñez con un plan de refuerzo de la Inspección contra las empresas de comida rápida. Después el plan director por un trabajo digno del Ejecutivo volvió a centrar el foco en una estructura fraudulenta en la que las empresas evitan dar de alta en la Seguridad Social a sus empleados —les obligan a darse de alta como autónomos—, y con ello esquivan el pago, como cualquier otra empresa, de las cotizaciones al régimen general, el de los asalariados. El Ministerio de Trabajo aprovechó el verano par a enviar 50.000 cartas a los empresarios con el objetivo de aflorar unos 40.000 falsos autónomos. Ahora, reforzará esa actuación inspectora con un endurecimiento de las sanciones. Las empresas que contraten falsos autónomos incurrirán en una infracción muy grave, castigada con multas de 10.000 euros por cada trabajador afectado.

ATA, la mayor organización de autónomos estima que existen más de 100.000 falsos autónomos, una figura que se ha propagado como la pólvora en España desde la crisis y que hace perder a la Seguridad Social en torno 500 millones cada año en un momento en el que el sistema de pensiones, con un déficit superior a 19.000 millones este año, necesita de liquidez para asegurar su sostenibilidad.

Recaudar es el objetivo del aumento de cotización para contratos de corta duración, también de la lucha contra los falsos autónomos y de la supresión de los beneficios a la Seguridad Social de las empresas que reducen la siniestralidad laboral , una medida que se aprobará también el viernes. Estos beneficios están vigentes desde 2017 y han permitido una rebaja de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que han contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, un mecanismo conocido como «bonus-malus». Este beneficio desaparecerá en 2019 «una vez comprobadas las distorsiones y la desproporcionada disminución de ingresos que las modificaciones introducidas por dicho real decreto 231/2017 de 10 de marzo generan respecto de la cotizaciones por contingencias profesionales», dice el Gobierno en el decreto.

Otra de las medidas cuya finalidad es recaudatoria se refiere a los programas de formación y a las prácticas no laborales y académicas. En una disposición adicional, el Ejecutivo establece que en el caso de prácticas y programas formativos no remunerados la cotización de los alumnos corresponderá a la empresa, institución o entidad en la que se desarrollen esas prácticas, salvo que en el convenio o acuerdo de cooperación que se suscriba para su realización se disponga que tales obligaciones correspondan al centro educativo en el que los alumnos cursen sus estudios.

El Ejecutivo aprovechará el último decreto que se aprobará en 2018 para recuperar las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de personas dependientes, que corresponderá a la Administración. Una medida de la que se beneficiarán en torno a 180.000 personas . Justifica la urgencia de la medida en el hecho de que «se pondrá en valor la figura del cuidador no profesional de personas en situación de dependencia, quienes en muchos casos se ven abocados a abandonar su puesto de trabajo, y por tanto a interrumpir su carrera de cotización a la Seguridad Social para cuidar de la persona dependiente , afectando esa situación en mayor medida a las mujeres».