El contrapeso económico de Calviño a Pablo Iglesias se estrenó con el salario mínimo interprofesional

Guardiana de la ortodoxia económica, Calviño se ha convertido en el muro de contención de las alegrías en el gasto que defiende la formación morada y desde un primer momento se negó en rotundo a llegar a los 1.000 euros que reflejaba el programa del Gobierno de coalición. Como aliados ha tenido a los empresarios, cuya ofensiva en los últimos meses ha pesado como una losa sobre la marcha atrás del Ejecutivo, que ahora vende como un triunfo del diálogo social. El mismo diálogo social que se saltó cuando impuso un alza del 22,3% en el SMI en 2019.

Los efectos de aquel incremento se han dejado notar en la ocupación, según reconocen ya prácticamente todos los organismos, un impacto que ha hecho mella especialmente en los colectivo más vulnerables, como los trabajadores del campo y las empleadas de hogar. La desaceleración del empleo es intensa, lo que se dejará notar en la EPA del cierre de 2019 , que se conocerá el martes, y de la que la que se espera un aumento de la tasa de paro hasta el 14,6% y la destrucción de unos 55.000 empleos en el último trimestre, según estimaciones de Asempleo.

Todas estas circunstancias han hecho que Iglesias y su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, claudicaran y llegaran a la conclusión, junto con el presidente Sánchez, de que siempre sería mejor un acuerdo en el diálogo social, que venderían como el primer gran éxito del Gobierno, que un nuevo pulso con la clase empresarial, que ha hecho de esta negociación «casus belli». El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, llegó a plantear a sus órganos de dirección que rompería todas las mesas de negociación si el incremento se imponía de nuevo por decreto.

El papel de Garamendi ha sido clave para cerrar el pacto. La fluida relación que mantiene Iglesias con los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo. es conocida, pero había que convencer a la tercera pata, a los empresarios, muy revueltos con las consecuencias que ha tenido la subida del SMI en los balances de las empresas, sobre todo de pymes y autónomos. Y aunque el concurso de los empresarios no es necesario para proceder a la subida del indicador, no es lo más deseable tener enfrente a los que contratan y pagan las nóminas en un momento en el que los datos de empleo van a la baja.

Pedro Sánchez encomendó a Iglesias las negociaciones para subir el SMI el pasado diciembre, después de que el vicepresidente segundo cediera a negociar un alza progresiva del indicador y de plantear al presidente que las empresas no verían con malos ojos un incremento del entorno del 5% Así arrancaron las negociaciones, que en las dos últimas semanas han vivido el momento de mayor tensión. Finalmente, el acuerdo con la patronal se alcanzó a primeros de esta semana, cuando el líder de la formación morada mantuvo una conversación con Garamendi y cerraron la subida hasta los 950 euros. El presidente de la patronal condicionó, sin embargo, el sí a recibir el visto bueno de su comité ejecutivo, lo que ocurrió el miércoles por la mañana; por la tarde, se anunció el pacto para subir hasta 950 euros el SMI. Lo que no ha conseguido el Gobierno es arrancar de la CEOE una senda para subir el sueldo mínimo. «Hay que ir partido a partido», asegura a ABC, Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE. Apunta que habrá que esperar a ver la evolución del empleo, para ir cerrando etapas.

El alza del SMI se ha convertido en un símbolo para el Ejecutivo, es el primer triunfo que va a vender porque supone recuperar el diálogo social. «Aunque 950 euros es mejor que mil el impacto en las empresas del nuevo incremento no es desdeñable», según fuentes consultadas por ABC.

Según ATA, desde 2018 el incremento del coste por trabajador para las empresas, teniendo en cuenta los pagos a la Seguridad Social, roza los 4.000 euros anuales y el aumento de los costes totales de la subida supera el 29% en dos años. Un esfuerzo que será menos llevadero para pymes y autónomos . Pero también afectará a las familias que tienen empleadas de hogar, o a pensionistas, que tienen contratado un cuidador. El Ejecutivo ya es consciente del impacto, que también golpea a determinados sectores como empleadas de hogar y trabajadores del campo y ya estudia poner en marcha bonificaciones para los colectivos más afectados.

Superada la primera batalla, la del SMI, el Ejecutivo enfila ahora la segunda, la reforma laboral, y se dispone a ganarla. Tras renunciar a derogarla por decreto esta norma, a sabiendas que la debilidad parlamentaria impediría sacar los cambios adelante, la negociación se dirige ahora a lograr un nuevo respaldo de las empresas a los cambios. El objetivo es minorar daños porque piensan que siempre será mejor un acuerdo. La idea, por tanto, es abrir una negociación y modificar la norma con acuerdo. Yolanda Díaz pretende estructurar en dos fases la negociación. Un primer bloque para negociar las materias «más lesivas». Es decir, recuperar la ultraactividad, primar el convenio de sectorial sobre el de empresa y regular la subcontratas. En un segundo bloque pretenden modificar el Estatuto, abordar cambios en contratación y despido.