Las contradicciones económicas del Gobierno Sánchez llegan a Europa
Calviño garantiza en Luxemburgo que España cumplirá las metas de déficit mientras Valerio dice que las pensiones subirán incluso a costa del Presupuesto
En busca de la cuadratura del círculo. Las dos ministras del Gobierno de Pedro Sánchez que participaron ayer en sendas reuniones en Luxemburgo, la de Economía, Nadia Calviño , y la de Trabajo, Magdalena Valerio , trasladaron a las instancias comunitarias la dualidad del compromiso económico del gabinete socialista. La primera dio garantías de que se mantienen los mismos objetivos de reducción del déficit y la senda de control presupuestario, mientras que la segunda defendió la necesidad de aumentar las pensiones, y los gastos sociales, que es el aspecto más polémico desde el punto de vista de la Comisión Europea, porque a su juicio pone en peligro el objetivo anterior.
Calviño, que conoce al dedillo la sensibilidad del Ejecutivo comunitario, ha sido la encargada de intentar tranquilizar a los socios europeos con un mensaje que mezcla el objetivo de «articular la estabilidad presupuestaria con una política social », algo a lo que nadie se puede negar sobre el papel, hasta que no se defina con qué milagro se pretende llevarlo a cabo.
Su colega de Trabajo había dicho, sin embargo, que su objetivo es, al contrario, «intentar convencer a la Comisión de que es absolutamente fundamental respetar la Constitución española , que habla de pensiones adecuadas, suficientes y periódicamente actualizadas y en este sentido consideramos que la reforma de 2013 no va en esa línea en absoluto y no ha velado por la sostenibilidad social de las pensiones» por lo que está poco menos que obligada a subirlas.
La ministra Valerio participaba en un consejo de ministros de Trabajo, mientras que Calviño, además de asistir a la reunión del Eurogrupo, ya se había entrevistado la víspera con el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, y los vicepresidentes de la Comisión Valdis Dombrovskis y Jyrki Katainen. De momento este despliegue le presupone un valor extra en términos de influencia en las instituciones europeas, algo que probablemente va a ayudar a tranquilizar a sus interlocutores. Entre otras cosas porque Calviño ha insistido formalmente en que no ve ninguna necesidad de modificar el objetivo de déficit del 2,2% del PIB para este año, tal como figura en los presupuestos elaborados por el Ejecutivo popular, y que «en todo caso, está claro que el Gobierno de España tiene una senda de reducción del déficit público», tal como se ha comprometido. La ministra aclaró incluso que «la perspectiva que tenemos es salir del brazo correctivo este año porque tengamos un déficit publico claramente por debajo del 3%». España es ya el único país que aún está en esta «fase correctiva» del pacto de estabilidad por exceso de déficit público y en su última evaluación de los Presupuestos de este año, la Comisión dijo que se temía que España no cumpliría ese objetivo del 2,2% precisamente debido a la subida de las pensiones que el PP tuvo que conceder a cambio del voto del PNV.
El nuevo Gobierno no solo va a mantener este aumento en las prestaciones, sino que tiene planes de mantener la vinculación con el IPC, aunque sea a través de cargar el déficit del sistema de pensiones al Presupuesto del Estado. Según dijo ayer Valerio al margen del Consejo de ayer, «la ley general de la Seguridad Social dice que las prestaciones contributivas se han de mantener con cotizaciones pero no dice exclusivamente con cotizaciones. Está previsto que para situaciones excepcionales se pueda completar la financiación vía Presupuestos Generales del Estado y ahí es donde tendremos que ir. A ver dónde encontramos fondos adicionales de financiación».
Calviño, por su parte, dijo que, al contrario, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trabaja «para ver cómo evoluciona la ejecución presupuestaria en realidad» vigilando las desviaciones posibles para que en cualquier caso el déficit público se mantenga por debajo del 3%, que es el límite fijado por el Pacto de Estabilidad . Valerio, por su parte, insistió en que quiere que se anulen aspectos presupuestarios que afectan a los pensionistas, como el copago farmacéutico o los recortes en el programa de dependencia, elementos que suponen cifras importantes para alcanzar los objetivos de déficit. Para la responsable de Trabajo, sin embargo, «tenemos no un problema de exceso de gasto sino de déficit de ingresos que se ha ido agravando del 2012 para acá. Hemos agotado en buena medida la hucha de las pensiones, hemos entrado en una senda de endeudamiento y tenemos que sentarnos todos a buscar soluciones».
Dentro de ese intento de llegar a la cuadratura del círculo, el Gobierno no tiene más remedio que pensar en un aumento de los ingresos que solo puede venir a corto plazo del aumento de impuestos. Como sabe perfectamente que eso es lo que le dirán en Bruselas, puede que la responsable de Economía haya encontrado una de estas soluciones, puesto que también ayer participó en una reunión de los ministros de los países que participan del proyecto de establecer un impuesto a las transacciones financieras ( TTF o «tasa Tobbin» ). Es todavía una idea tan poco madura que había funcionarios europeos que apostaron a que la reunión se suspendería. Pero al menos tuvo lugar, lo que en este caso es un buen síntoma. Hubo cierto buen ambiente en la reunión, según un alto funcionario que estuvo presente. Pero poco más.
En pocas palabras, la realidad está poco a poco abarcando las bases ideológicas del nuevo Gobierno. Es verdad que la situación actual está lejos de la crisis aguda de hace cuatro o cinco años y que en todo caso, el Gobierno puede permitirse incumplir las previsiones de déficit porque aún puede mantenerse debajo del 3%. Pero el entorno internacional tampoco es el que era y incluso eso es un riesgo importante para el futuro.
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