Los consumidores con bono social eléctrico tendrán limitada la subida de la luz

El bono social es un descuento en la factura de la luz que creó el Gobierno en 2009 con el objetivo de proteger a los consumidores más vulnerables y que se traduce en un descuento del precio de la electricidad de entre un 25 y un 40%.

Para acogerse a estos beneficios, el cliente debe tener la tarifa regulada o pvpc, tener una potencia contratada en su vivienda habitual igual o inferior a 10 kW y ser considerado consumidor vulnerable.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) considera que el régimen de financiación del bono social de las eléctricas, denunciado a finales de 2014 por la entonces E.ON España, es discriminatorio. Según los jueces europeos, la normativa comunitaria se opone a que el coste de la financiación de este bono, que constituye una obligación de servicio público, la soporten solo las empresas que simultáneamente producen, distribuyen y comercializan energía eléctrica ya que este requisito «conduce a una diferencia de trato entre las distintas sociedades que operan en ese mercado y no está justificada de manera objetiva».

Entre 2014 y 2016, el bono social era financiado únicamente por Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo, que se repartían proporcionalmente a sus cuotas de mercado unos costes anuales de unos 200 millones de euros. Una sentencia del Tribunal Supremo en 2016, a instancias de una denuncia de E.ON, obligó al Gobierno a que esos costes fueran asumidos por todas las compañías e hizo devolver determinadas cantidades a aquellas empresas.

Ahora, el TJUE confirma aquella sentencia del Tribunal Supremo.