El Constitucional alemán rechaza parcialmente las sanciones a los parados

La normativa Hartz IV , legislada por el gobierno socialdemócrata de Gerhard Schröder y que sentó las bases del primer paso de desmantelamiento del estado de bienestar alemán, fusionó los subsidios de paro de larga duración con las ayudas sociales de subsistencia y estableció sanciones para los beneficiarios de éstas que rechazan ofertas laborales o procesos de formación continua a los que sean derivados por el Jobcenter. Demostró una gran efectividad durante la crisis porque sirvió para vehicular empleo excedente en algunos sectores hacia otros que lo necesitaban, en parte debido a esas sanciones. Cualquier desempleado que rechace una oferta del Jobcenter puede ver reducido su subsidio un 30% y si es el tercer rechazo la reducción puede alcanzar el 60%.

A cierre del pasado mes de octubre, había casi 3,8 millones de beneficiarios de Hartz IV en Alemania , pero las sanciones son muy minoritarias. Durante todo el año 2018 solamente el 3,2% de los beneficiarios fueron castigados con alguna reducción.

La sentencia del Constitucional cobra sin embargo gran importancia de cara a la posible legislación de una renta mínima universal porque define si el Estado alemán puede o no, y en qué medida, reducir sus prestaciones de subsistencia a los más pobres. La sentencia menciona la estigmatización que crecientemente se ha ido asociando a la percepción de ayudas Hartz IV y toca además el núcleo ideológico de las reformas Hartz, que se basaban en el principio «exigir y promover» y que introducían en el sistema la posibilidad oficial de que los desempleados tengan al menos parte de la culpa si no tienen trabajo.

La situación prácticamente de pleno empleo en buena parte del territorio alemán durante las últimas dos décadas no ha permitido comprobar en la práctica el efecto social que esta legislación tendría en un contexto de crisis de empleo, como la que podría desatarse debido a la recesión en la que Alemania está entrando este trimestre o como consecuencia de los cambios tecnológicos. Si bien entre los parados más jóvenes esta legislación ha demostrado ser un revulsivo de creación de empleo, si se toma en cambio como indicio el efecto de la legislación Hartz sobre los parados de larga duración la imagen no es muy alentadora: el 69% de ellos llevan sin encontrar empleo durante cuatro o más años.

La sentencia del Constitucional viene a poner orden en el debate social alemán sobre los mínimos de subsistencia , que para unos constituyen una «hamaca social» y para otros resultan «absolutamente insuficientes». Las personas solteras reciben 424 euros al mes. Para cada niños de entre 6 y 13 años hay 302 euros adicionales, además de beneficios que legislan cada uno de los Bundesländer. En Berlín, por ejemplo, los niños de familias dependientes de Hartz IV disponen de la «Berlin Card» , una tarjeta a la que pueden cargar, el coste de las excursiones escolares, así como entradas al cine y el teatro y un presupuesto mensual para otras actividades de ocio. Pero muchas ONGs se quejan de que con estas cantidades no es posible sobrevivir dignamente . La Asociación Federal de Bienestar viene pidiendo que las tasas Hartz aumenten al menos un 37%.

Con su decisión, el Constitucional está dando pistas al gobierno sobre lo que puede considerarse o no un mínimo de subsistencia y durante cuánto tiempo, de manera que en cierta forma sienta jurisprudencia sobre la cantidad que podría estar justificada si se legisla una renta básica universal, con la que el gobierno de Berlín intenta preparar a tiempo el país para la pérdida de hasta el 50% de los actuales empleos en los próximos 20 años , debido a la transición tecnológica, y hasta que el nuevo modelo económico haya tomado definitivamente forma. La clave de la cantidad y los plazos es crucial para evitar que las personas prefieran seguir cobrando estas ayudas antes que aceptar un puesto de trabajo que no saben si van a poder desempeñar mucho tiempo pero que implica perder el subsidio.