El Congreso aplaza el fondo que encarecerá el gas y los carburantes para bajar el recibo de la luz

El anteproyecto de ley ya fue aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2020.

La primera consecuencia de su aplicación a lo largo de los próximos cinco años sería una bajada de la factura de la luz en un 13% de media para los consumidores domésticos (con sus hogares electrificados) y pymes, ya que se detraen de los costes del sistema energético los aproximadamente 4.000 millones de euros anuales de incentivos a las renovables más antiguas. Para la pequeña industria supondría un descenso del 6% y para los grandes consumidores de electricidad se prevé una subida del 4%.

Sin embargo, ese dinero no es asumido por los Presupuestos del Estado sino que se repartirá entre todas las empresas energéticas con negocio en nuestro país según su facturación. Los sectores más afectados son los del petróleo y del gas natural, justo en un momento en el que los precios de los carburantes están en máximos históricos y la cotización del gas se ha disparado en los últimos meses.

Fuentes parlamentarias indicaron a Ep que este aplazamiento, al menos hasta septiembre, ha sido decisión del Gobierno, ya que este sábado en el Consejo de Ministros se prevén aprobar medidas que serían contradictorias con el contenido de estas leyes. Además, el mecanismo ocasionaría una subida de los precios del gas y de los carburantes en un momento en el que se encuentran en máximos históricos.

Así, la s facturas de gas se incrementarán un 8% para los pequeños consumidores y hasta un 17% para el resto de clientes. Tanto las gasolinas como los gasóleos se encarecerán un 5% , según un informe de Afry Management.

Desde la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) subrayan que «cada hogar puede tener que hacer frente a un sobrecoste de hasta 170 euros al año en las facturas de gas natural e hidrocarburos, por un ahorro de unos 20 euros en el recibo de la luz ».

Hay que recordar que la creación de este fondo ha sido duramente criticada por todos los sectores industriales del país , especialmente el petrolero y el gasista, los mayores perjudicados.

Por otro lado, el denominado dividendo de carbono pasa por descontar unos 600 millones de euros anuales a las plantas no emisoras de CO2 (todas menos las centrales de gas y carbón) anteriores al 2005 por cobrar la energía de mercado como si tuviesen que comprar derechos de emisión, que se destinaría a reducir otros costes de la factura eléctrica.