Cambio legal para salvar el mayor número de empresas posible

Ocho años después de esta reforma, los concursos de acreedores se han disparado con motivo de la crisis, hasta el punto de que, según PwC, desde 2004 hasta 2010 se han producido 17.228 concursos, la gran mayoría de ellos de empresas, aunque 3.000 personas físicas (familias o individuos) se han acogido a esta fórmula también.

Ahora hay reforma legal a la vista. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley en diciembre y empezará a discutirse en el Congreso el mes que viene. Los expertos consultados esperan que, en seis meses, la reforma pueda estar lista.

Se busca agilidad

¿En qué va a consistir esta reforma? Pedro Martín, administrador concursal y presidente de Fundieco (Fundación del Instituto de Derecho Concursal), explica a Empresa que «la pretensión es que haya una posibilidad de cuatro meses para realizar una renegociación financiera y presentar un convenio anticipado sin necesidad de declarar la insolvencia». Se intentaría de esta manera que las empresas pudieran hacer sus negociaciones financieras con algo más de aire antes de solicitar el concurso.

El objetivo es agilizar y evitar en la medida de lo posible la liquidación de la compañía, algo que en la actualidad se produce en el 90% de los casos. Debido a esta búsqueda de agilidad, «si hay tres cuartas partes de los acreedores que están de acuerdo con la refinanciación el juez tendrá la facultad de aprobarlo e imponérselo a los demás».

Otra de las medidas de relevancia en este futuro cambio legal afectaría a los administradores concursales, que podrían «vender activos de la empresa sin necesidad de autorización judicial» como hasta ahora, con el objetivo de conseguir la liquidez necesaria para pagar a los acreedores de forma más ágil.

Martín considera que estos cambios «van en la dirección correcta, aunque llegan tarde». Tres años de crisis profunda y destrucción del tejido empresarial han hecho que la actual normativa quede «desfasada» y que no haya servido para dar la respuesta más eficaz posible, es decir, para evitar el mayor número de desapariciones de empresas. En más de una ocasión, asegura, «un concurso viable lo ha hecho inviable el tiempo de espera».

A la hora de la verdad, la regulación se ha mostrado demasiado rígida y no ha dado tiempo a la gran parte de las empresas a obtener los recursos que les permitieran salir adelante sin necesidad de echar el cierre definitivo.

Los bancos, imprescindibles

En cualquier caso, cabe recordar que a la hora de evitar las liquidaciones de compañías es imprescindible la voluntad por parte de las entidades financieras, algo que en ocasiones no se está produciendo pues según Martín «llevamos muchos concursos en que la ayuda del banco es nula». De la misma opinión es Enrique Bujidos, de PwC, que expresa su deseo de que «las compañías con cierto valor sean apoyadas desde las financieras».

Según Martín, ahora mismo hay «180.000 millones de euros que refinanciar con las entidades financieras», por lo que el sector bancario (incluidas las cajas de ahorro, en el ojo del huracán) deberá contrastar sus necesidades de liquidez inmediata con la posibilidad de alargar los pagos para permitir a ciertas empresas reflotar. Ahí está, por ejemplo, el caso de Martinsa Fadesa, que tras declarar el concurso de acreedores más grande de la historia económica española, ha conseguido recientemente salir de la situación concursal con la aprobación de más del 70% de sus acreedores.

En la opinión del experto de Fundieco, los bancos se enfrentan a dos tipos de situaciones concursales, la primera de ellas cuando hay una deuda ligada a bienes inmuebles, algo que en cierta medida (mucho menos en una crisis de liquidez) garantiza el cobro. Pero también existe «la deuda de la póliza de crédito que no está garantizada con nada», y con la que las entidades financieras no tienen ninguna garantía de que vayan a cobrar. En la actualidad, en los bancos abunda el primer tipo de deuda, motivo por el cual están haciendo gran acopio de activos relacionados con el ladrillo.

Personas físicas

El cambio legislativo de 2003 introdujo por primera vez la posibilidad de que las personas físicas (y no sólo las jurídicas) se pudieran acoger al concurso de acreedores, algo que desde 2004 y hasta el 31 de diciembre de 2010 habían realizado unas 3.000 personas físicas. Los expertos, sin embargo, consideran que acogerse a este procedimiento hasta ahora ha sido «caro y complejo para que lo utilicen las personas físicas, por lo que muchos de los que se acogen a él son dueños de compañáis concursadas», como por ejemplo Fernando Martín, el dueño de la gran inmobiliaria antes mencionada, Martinsa.

Con el cambio legal a la vista se introduce la modificación de que «cuando el juez aprecie de manera evidente activo insuficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa —los que primero se pagan—, podrá acordar en el mismo auto de declaración de concurso la conclusión y archivo del procedimiento», cuenta Pedro Martín.

Pero para que se produzca este cambio legal, que podría ser uno de los últimos de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, aún queda un recorrido de meses. Por ello, para tratar todos estos temas y debatir sobre el cambio legislativo que se avecina, Fundieco ha organizado los próximos 9 y 11 de febrero en Madrid el primer Foro de Derecho Concursal.